Mínima participación en el referendo populista en México para juzgar a los expresidentes
Aunque ganó el «sí», los resultados de participación fueron del 8% muy lejos del 40 que se necesitaba para continuar con el enjuiciamiento de los cinco expresidentes
La primera consulta popular de carácter nacional en México sólo logra un 8%, lejos del 40% necesario para que hubiera sido vinculante lo que hubiera supuesto que 37,5 millones de mexicanos hubieran acudido a las urnas. La expectativa nunca confirió una alta participación que se constató con los colegios vacíos durante toda la jornada electoral. La publicidad de la consulta brilló por su ausencia, más allá de los comentarios de López Obrador, lanzados desde su Mañanera. El 90% voto con un ‘sí’ por lo que se mostraba de acuerdo a juzgar delitos del pasado. Morena, el partido presidencial, anunció como un triunfo el mero hecho de la única controvertida pregunta que integraba la votación.
La extensa cuestión a la que se ha enfrentado el pueblo mexicano el domingo 1 de agosto es extensa, pero en su mensaje subyace un juicio paralelo a los expresidentes Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña (2012-2018): «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?». Ya antes de la celebración de la consulta se auguraba que la abstención sería muy alta pese a que para la respuesta con un sí o un no a la pregunta, formulada por el Gobierno, se imprimieron 93,5 millones de papeletas por el Instituto Nacional Electoral.
La primera vez que se usa el recurso de la consulta popular, registrada en la Constitución mexicana, otorgó a la ciudadanía la posibilidad de manifestar su opinión sobre la apertura de procesos penales contra actores políticos del pasado. En caso de que hubiera salido adelante afectaría directamente a los expresidentes mencionados en el poder antes de 2018, justo el año cuando arribó al poder López Obrador. AMLO tomó el relevo con una aplastante mayoría que abarcó el 53% de los votos, 30 puntos más que sus adversarios Ricardo Anaya y José Antonio Meade.
Quizá el presidente quería imitar los procesos suizos, en donde la iniciativa popular es un derecho civil, pero en el caso del país alpino es promovida por los ciudadanos no como la votación que nos ocupa en México que ha sido auspiciada por el propio López Obrador. Los pormenores o defectos de la pregunta son evidentes ya que deja al pueblo la opción de juzgar una trayectoria política que debería recaer sobre la justicia. Además, la Fiscalía y el Gobierno deberían ser los que promuevan la justicia que con esta elección se deja en manos del electorado.
El planteamiento torna a curioso teniendo en cuenta los dos principales problemas de México: la impunidad e inseguridad, tal y como constató Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas, en una visita al país azteca en 2017. La corrupción política es más complicada de contabilizar por lo que se suele medir con encuestas a ciudadanos y la opinión de expertos. Según un estudio de Deloitte, el 88.8% del pueblo mexicano siente que se produce de manera frecuente. Tal y como planteó en Expansión, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, AMLO recurre diariamente al tema en sus comparecencias tildando la corrupción de «un factor principal que inhibió el desarrollo social y cultural de México, pero los primeros 31 meses de la Administración Obrador no se ha traducido en acciones y hechos contundentes» para disminuirla.
