Hernández Mora: ¿Y si Uribe fuera víctima?

Es como si no quisieran conocer la verdad de un atentado contra Álvaro Uribe cuando era presidente. O como si pretendieran evitarle a Timochenko y demás senadores la pena de reconocer que fallaron al intentar asesinar a su mayor enemigo y, en lugar de derribar el avión, mataron a 15 personas e hirieron a 66 más. A la lista de pérdidas humanas habría que sumar los ocho guerrilleros que fusilaron por la fuga de información que frustró el atentado. Era evidente que al secretariado no le preocupaban las muertes, sino el sapo.

Difícil entender la incoherencia de la JEP al acoger a parapolíticos, aunque sigue vivo Justicia y Paz, y desdeñar las voces de los subversivos que aportan verdades que implican a excomandantes de las Farc. ¿Será que los inquieta que el testimonio pudiera convertir al exmandatario en víctima y a los jefes guerrilleros en sus victimarios?

Y eso que en la masacre de la casa bomba de Neiva lo relativo a Uribe es lo de menos. Lo importante, lo doloroso son los colombianos que perdieron la vida por la barbarie terrorista.

Aunque la planeación corrió por cuenta del que fuera jefe de la Teófilo Forero, Óscar Montero, alias el Paisa, la luz verde llegó del secretariado, imprescindible cuando pretendían matar al jefe de Estado.

Lo insólito es que haya un recluso que conoce detalles esenciales para llegar a la verdad, pero la JEP nunca quiso escucharle y ahora corre el peligro de que silencien su voz para siempre porque lo van a extraditar en las próximas semanas o meses a Estados Unidos.

Aldemar Soto, exmiliciano de las Farc, está preso en La Picota, y la JEP no quiso aceptarlo tras su desmovilización para recibir su versión sobre la casa bomba. Por ese atentado pagó diez años de cárcel hasta que salió por la Paz Santos.

Y hace como un año lo detuvieron bajo la acusación de ser cómplice del narcosobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, el mismo que hizo negocios con Santrich.

Pero la JEP es tan sesgada que, cuando la Fiscalía capturó a Santrich, corrieron a exigir a la Justicia norteamericana “evidencias que soportan la solicitud de extradición”. Como los gringos no contestaban, ordenaron a la Fiscalía General que “haciendo uso de los canales diplomáticos o enlaces que tenga a su disposición, realice las gestiones pertinentes” para lo mismo. Para reforzar su solicitud, la JEP resaltó la relevancia del caso Santrich, “máxime cuando la decisión (extraditarlo) tendrá implicaciones en la salvaguarda del proceso de paz, al verse comprometida su aportación a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición”.

Todo valía cuando se trataba de Santrich y de darle la razón a Iván Cepeda, su mejor defensor. Ahí sí pusieron en primer plano a la verdad y las víctimas, muy diferente a los familiares de la fiscal especializada Cecilia Giraldo Saavedra, de los nueve policías y cinco civiles que perdieron la vida en la casa bomba, así como los 66 heridos, algunos muy graves. Para la JEP, no tienen derecho a conocer la trastienda de lo sucedido.

Según declaró en su día alias Bladimir, las mismas Farc fusilaron a ocho farianos que sabían de los pormenores de la masacre. Aldemar Soto, por tanto, sería de los pocos que quedan vivos con conocimiento de lo sucedido. En su momento conocimos que el Paisa delegó en un guerrillero llamado Albeiro, alias el Ingeniero, para ejecutar el magnicidio. Compró una casa en el barrio Villa Magdalena, cercana al aeropuerto de Neiva, y rellenó una alberca con 200 kilos de explosivos. El plan era estallarlos cuando aterrizara el avión presidencial. Pero un policía supo de sus intenciones, avisó a las autoridades, y el 14 de febrero de 2003, a las 5:30 de la mañana, la Fiscalía y la Policía allanaron la casa, horas antes del arribo de Uribe. Al sentirse descubierto, Albeiro accionó la carga.

Si la JEP sigue sin admitir a Soto, y el Estado lo manda a Estados Unidos para que responda por una acusación chimba de narcotráfico, el país perderá la declaración de quien guarda piezas para armar el rompecabezas. Y escribo chimba, porque el verdadero cómplice de Marlon Marín (el que prendió el ventilador y está en USA como testigo protegido) es el Mono Marín, otro sobrino de Márquez, que trafica fresco desde el Putumayo. Allá no es ningún secreto.

Aldemar Soto, que permaneció varios lustros en el Caquetá, también podría hablar de Arnubio Ramos, el pirata aéreo que obligó a aterrizar el avión de Aires en plena vía de Hobo para secuestrar al entonces senador Jorge Eduardo Gechem. Cuando lo conocí en la zona del Caguán, se había vuelto una celebridad. Pero no me quiso dar detalles del secuestro y luego el Paisa lo mandó matar. Su temeraria acción, en febrero de 2002, rompió el proceso de paz del Caguán, ¿no merece el político huilense y el país conocer cómo todo se fraguó?