Decía el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en una entrevista concedida a este periódico la semana pasada que los inversores «se marchan de España por la inseguridad jurídica». Lo cierto es que la reforma energética acometida por el Gobierno ha sido la gota que colma el vaso para un buen número de fondos de inversión; algunos de ellos, incluso, planeaniniciar una guerra legal contra el Estado.Pero la historia de desconfianza hacia España viene de más lejos: desde que se fueron desvelando las intenciones del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.
La semana pasada, un grupo de compañías eléctricas remitió una carta a la Comisión Europea en la que denunciaba que las medidas acometidas por el Ejecutivo generaban «masivas distorsiones, incertidumbres y daños». «Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que inicie de inmediato un análisis en profundidad tanto del real decreto ley como del proyecto de ley del dividendo del CO2», rezaba la misiva.
La intención del sector es que Bruselas suavice la reforma del Gobierno, que en la práctica supone un rejonazo de 2.600 millones para el sector por poner coto a los denominados‘beneficios caídos del cielo’. Mientras, los fondos de inversión, en un ámbito mucho más privado, ya maniobran para llevar a la Justicia el nuevo decreto del Ejecutivo.
«Hay empresas que no entrarán en el mercado por esta regulación. A los inversores no nos gusta que se cambien las reglas del juego», explican desde un gran fondo de inversión extranjero con presencia en varias compañías del Ibex. «Cuando un mercado está tan caliente como ahora el energético es conveniente no tomar medidas drásticas. Los efectos de este decreto se verán a largo plazo», añaden desde este fondo de inversión.
En el caso del sector eléctrico, además, llueve sobre mojado. Porque el recorte a las renovables producido en 2014 desató una batalla legal entre el Estado y el sector que todavía hoy se mantiene abierta. España ha sido condenada en varias ocasiones por esta medida, y los fondos de inversión todavía reclaman unos 10.000 millones de euros en tribunales de arbitraje internacional. «España cuenta con cierta historia en este ámbito y debería ser consciente del coste que tienen este tipo de medidas», aseguran desde este fondo de inversión.
Fernández-Lasquetty, consejero madrileño de Economía y Hacienda, destaca que los inversores y empresas destacan de la capital su política fiscal
Pero no solo la reforma energética genera dudas. La decisión del Congreso de los Diputados de regular los alquileres que Aena cobra en los locales comerciales de los aeropuertos ha supuesto un mazazo para los inversores del gestor aeroportuario, que está participada al 49% por inversores privados. Fondos como Blackrock y TCI han presionado en el pasado a la empresa semipública para que siga cobrando las rentas a sus inquilinos, y fuentes del mercado aseguran que ahora defenderán estos intereses en los tribunales. La propia Aena ha amagado con llevar al Tribunal Constitucional la medida aprobada por la Cámara Baja.
La ley de vivienda también mantiene en vilo a un buen número de compañías que han apostado en los últimos años por el mercado residencial español. Preocupa, sobre todo, la intención de Unidas Podemos de limitar los precios del alquiler. Una propuesta que cuenta con el apoyo de varios grupos parlamentarios y a la que todavía se niega el Partido Socialista. De hecho, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ya tumbó en el pasado esta medida tras la presión de determinados fondos de inversión.
Intervencionismo estatal
Más allá de sectores de actividad concretos, en términos generales de la economía española la sensación no es precisamente buena. Y eso que el presidente Pedro Sánchez ha tratado de empeñarse en convencer al capital americano, el más preocupado por la deriva española.
Fuentes cercanas a un gran fondo estadounidense destacan que lo que más reticencias despierta entre los inversores es que el Gobierno pueda cambiarles tan rápidamente y sin consultar las reglas del juego. El dinero es miedoso, que se dice, y buscan una seguridad jurídica que de momento no están encontrando en España. Tampoco hay confianza en que la recuperación económica sea tan sólida como vende el Ejecutivo de Sánchez.
El intervencionismo excesivo que demuestra por momentos el Gobierno español es una fuente de dudas para implantarse aquí o ampliar su apuesta. Y, tal como señalan desde un importante bufete de abogados, tanto los fondos como las grandes fortunas tienen muy presente que recientemente se ha endurecido el régimen fiscal de las Socimi y las Sicav, al tiempo que se ha implantado la llamada ‘tasa Tobin’ que lastra la inversión financiera.
La gran nota positiva dentro de nuestro país está en la capital. Los fondos consideran que en la Comunidad de Madrid hay una suerte de oasis con expectativas favorables a la actividad empresarial; y también supone un polo de atracción del capital extranjero «porque la otra comunidad que debería tirar del carro, Cataluña, está aún patas arriba por los independentistas», tal como señalan fuentes financieras.
«La Comunidad de Madrid lidera la atracción de inversión extranjera y el crecimiento de empresas porque aporta certidumbre institucional, seguridad jurídica y un marco tributario de impuestos bajos que genera confianza y actividad empresarial», explica a ABC Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Asimismo, este recuerda quela región eliminará todos sus impuestos propiospara mandar un mensaje de que en la capital las intenciones no pasan ni por subir la carga impositiva ni por imponer más trabas.
De hecho, Fernández-Lasquetty comenta que los fondos, en el reciente viaje de la presidenta Díaz Ayuso a Estados Unidos, por lo que más se han interesado es por su política fiscal. Y las fuentes consultadas, asimismo, destacan que las sensaciones de los inversores con la dirigente madrileña han sido mucho más positivas que las que tuvieron con el presidente del Gobierno central.
