Polonia y el problema de Europa

La sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia sobre la primacía de su Constitución frente al Derecho de la Unión Europea ha levantado una fuerte polémica y ha provocado una seria preocupación en Bruselas. Polonia es el centro de atención de las instituciones europeas por unas leyes tachadas como autoritarias, que condicionan la independencia de los jueces y contradicen los valores europeos del Estado de derecho. Además, el sesgo nacionalista que el Gobierno polaco imprime a sus principales decisiones políticas agrava el enfrentamiento entre ambas partes. La cuestión de la primacía del Derecho de la UE sobre las legislaciones nacionales forma parte del corazón del proyecto europeo mismo. No tiene sentido la existencia de una institución que aspira a la convergencia de los países europeos si su legislación no es vinculante en las materias que conforman su ley fundacional. Nadie ha obligado a Polonia, ni al resto de Estados miembros, a formar parte de la Unión Europea. Su integración se basa en el consentimiento a las reglas de pertenencia y, entre ellas, están la primacía de la legislación europea y el respeto al Estado de derecho. Dicho esto, la nueva crisis entre el Gobierno polaco y Bruselas debe resolverse de forma urgente, porque la Unión Europea no puede permitirse una nueva escisión, esta vez por su flanco oriental, y porque Polonia necesita el marco europeo para su desarrollo económico y político.

La solución al problema no consistirá solo en poner a Polonia en la picota. La resistencia a la superioridad de la legislación europea fue formulada por el Tribunal Constitucional de Alemania, con su famosa sentencia de mayo de 2020 sobre el programa de deuda pública. El tribunal alemán enmendó la plana al Tribunal de Justicia de la UE y declaró que dicho programa no se ajustaba al Tratado Europeo. Puestos a pesar las gravedades de las sentencias alemana y polaca, no es esta la más grave de las dos.

Además, Bruselas tiene que reflexionar sobre las condiciones en las que se encuentra el proyecto comunitario. El Reino Unido se ha ido de la UE. La cooperación judicial flaquea con los sabotajes de algunos tribunales a la orden europea de detención y entrega. No hay política migratoria unificada y su papel en el concierto internacional está en declive, más aún desde que Joe Biden accedió a la Casa Blanca. Polonia, en efecto, es un problema para Bruselas, pero también es un síntoma del problema que tiene Bruselas con su proyecto. Y hay que ser coherentes. La firmeza mostrada con Polonia para asegurar la superioridad de la legislación europea deben mostrarla también los tribunales de la Unión con quienes atacan sus principios fundacionales, como el separatismo catalán y su corte de prófugos, representantes del nacionalismo que los padres fundadores del proyecto europeo querían neutralizar para siempre, a la vista de las ruinas provocadas por el nazismo. En todo caso, esta polémica es oportuna en relación con el debate que está planteado en España sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la renovación de sus 21 miembros. No hay en la Unión Europea nada más parecido al intervencionismo polaco en la Justicia que los planes del Gobierno de socialistas y comunistas de Pedro Sánchez. La UE es un gran proyecto por el que España debe seguir apostando, al igual que el resto de los países miembros. La convergencia de las legislaciones estatales en los parámetros básicos de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundacionales es un objetivo irrenunciable, pero la ausencia de autocrítica en Bruselas es un semillero de euroescépticos.