Así muere la democracia en el siglo XXI en Filipinas

En una sala de audiencias silenciosa, con solo los acusados, sus abogados y otros tres periodistas presentes, un juez condenó a la periodista filipina Maria Ressa por un artículo que no escribió, ni editó ni supervisó con base en un delito que ni siquiera existía cuando se publicó la historia.

Al condenar a Maria y al autor de la historia, Reynaldo Santos Jr., a una pena de prisión de seis meses a seis años, la jueza Rainelda Estacio-Montesa citó a Nelson Mandela, diciendo: “Ser libre no es simplemente deshacerse de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y mejore la libertad de los demás”.

Así muere la democracia en el siglo XXI: en un tribunal mohoso, con un juez que invoca a Mandela. No hay tomas de poder en la oscuridad de la noche, no hay tanques rodando por las calles, no hay oficiales uniformados que se apoderen de las estaciones de televisión. Solo el constante goteo, goteo, goteo de la erosión de las normas democráticas, la corrupción de las instituciones y los cobardes compromisos que hacen los tomadores de decisiones en tribunales y congresos.

Tengo la edad suficiente para recordar la última vez que terminó la democracia en Filipinas. El 23 de septiembre de 1972, Ferdinando Marcos declaró la ley marcial, encarceló a cientos de periodistas, políticos y activistas y cerró todos los periódicos y emisoras. De repente, todo el país quedó en silencio. Recuerdo los toques de queda, las barricadas de alambre de púas, las calles silenciadas.

Conocí a Maria cuando la democracia volvió a la vida, después de que el “poder del pueblo” derrocara a Marcos en 1986. Ella se acababa de graduar de Princeton y había regresado a Filipinas para comenzar su vida como periodista en el país donde nació y que estaba atravesando una renacimiento democrático.

Recuerdo a la joven María como una reportera aguda que hacía preguntas inquisitivas y se entregaba a su trabajo. Ambos estábamos en las primeras etapas de nuestra carrera: yo estaba informando para un periódico que había reabierto después de su cierre por parte de Marcos, y ella era corresponsal de uno de los primeros programas independientes sobre asuntos públicos que se emitían en las estaciones de televisión recién liberadas. Fue una época embriagadora.

Se había desencadenado a la prensa para que pudiera vagar por el país e informar libremente sobre las luchas que se estaban librando por el alma de nuestra nueva democracia. Como otros periodistas filipinos de esa generación, cubrimos intentos de golpe de Estado, atentados con bombas, asesinatos y protestas callejeras: la difícil transición de una dictadura represiva a una democracia defectuosa.

Tenía fe en que, en lo que respecta a la libertad de prensa, prevalecería la tradición liberal de los tribunales filipinos. Además, nuestra Declaración de Derechos tiene una disposición similar a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta es una de las razones por las que Filipinas era conocida, hasta hace poco, por tener la prensa más libre de Asia. Sin embargo, incluso para ese estándar, Maria era, y sigue siendo, en palabras de una amiga nuestra, “Little Miss Sunshine”, una optimista infalible y creyente en la democracia y el poder de una prensa libre. A menudo era difícil convencerla de que algunas cosas no eran posibles.

Hace unos 10 años, me dijo que estaba creando un sitio de noticias en línea después de dirigir la división de noticias y asuntos públicos de la red más grande del país. Antes de eso, fue jefa de la oficina de Yakarta para CNN. Yo estaba escéptica. Las empresas emergentes de noticias digitales tuvieron un éxito irregular, le dije, y el mercado de medios de Filipinas estaba abarrotado. Ella demostró que estaba equivocada.

La última vez que vi a Maria fue en el desayuno en Midtown Manhattan en enero, cuando dijo que regresaba a Manila a pesar de las advertencias de una condena inminente en este caso y la posibilidad de una pena de cárcel, ignorando el consejo de que se mantuviera alejada.

El proceso judicial y su condena solo pueden describirse como kafkianos. Para empezar, la demanda de Maria surgió de una historia publicada por Rappler, el sitio de noticias independiente que cofundó, cuatro meses antes de que el Congreso aprobara en 2012 una ley que penalizaba la difamación en línea. El empresario que presentó la demanda lo hizo recién en 2017, un año después de la elección de Rodrigo Duterte a la presidencia. Los abogados del demandante argumentaron que debido a que Rappler había corregido en 2014 un error ortográfico en el texto de la historia (la palabra evasión (evation en inglés) se modificó por evasión (evasion en inglés) había vuelto a publicar el informe de manera efectiva y, por lo tanto, podría ser juzgado bajo la nueva ley. Fue una demanda construida alrededor de un error tipográfico.

Rappler ha sido una piedra en el zapato de Duterte desde su elección. Tiene un personal reducido, unas dos docenas de periodistas e investigadores jóvenes, pero siempre ha superado su peso. Ha informado sobre la sangrienta guerra de Duterte contra las drogas -que ha cobrado la vida de miles de traficantes de drogas de poca monta- y sobre los estragos causados ​​en los espacios en línea por un ejército de desinformación financiado por el Gobierno.

Duterte ha criticado a menudo a los periodistas, una de las varias razones por las que a menudo se lo compara con Donald Trump, pero ha reservado una ira especial para Rappler. Ha prohibido la entrada de esta organización de noticias al palacio presidencial y se han desatado ejércitos de trolls para acosar en Facebook al personal de Rappler.

Maria ha sido amenazada de violación y muerte; ha tenido que contratar seguridad privada y ocasionalmente ponerse un chaleco antibalas. Un guardia armado está parado afuera de la oficina de Rappler, cerca de un centro comercial de Manila, y su joven equipo no puede usar camisetas que lleven el logo de Rappler por temor a un ataque. El poder del Estado también se ha desatado contra ellos: desde 2018, Maria y Rappler han sido acusados 11 veces de delitos que incluyen evasión de impuestos y violación de una ley que prohíbe la propiedad extranjera de los medios, lo que podría resultar en el cierre del sitio.

Rappler no es el único medio que se ha enfrentado a tal presión. El mes pasado, ABS-CBN, la red de transmisión más grande del país, fue expulsada del aire porque el Congreso no había renovado su franquicia y la comisión de telecomunicaciones ordenó su cierre. Duterte llevaba mucho tiempo enfurecido por la red porque sus dueños habían apoyado a su rival en las elecciones presidenciales de 2016 y, entre otras cosas, había publicado una “Lista de muertes” de víctimas en la campaña antidrogas del presidente. Hace tres años, acusó a los propietarios del Philippine Daily Inquirer de evasión de impuestos, lo que los llevó a invitar a un donante de la campaña de Duterte a adquirir el periódico. En las salas de redacción de todo el país, los periodistas ahora se abstienen de contar historias o suavizan sutilmente sus críticas, temerosos de la ira del presidente.

En todo caso, las restricciones a la libertad de expresión y de prensa están empeorando. La semana pasada, el Congreso aprobó una ley antiterrorista que restringiría aún más los derechos civiles y de los medios de comunicación. En Manila y otras grandes ciudades filipinas, las nuevas reglas destinadas a frenar la propagación del nuevo coronavirus están limitando la capacidad de los ciudadanos para protestar pacíficamente. Más de 130 000 fueron arrestados por violaciones de la cuarentena en solo las primeras seis semanas del cierre, y las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la respuesta “altamente militarizada” del país a la pandemia.

Maria es afortunada: puede pagar las fianzas y abogados de gran poder como Amal Clooney han apoyado su causa. Pero también dice que ella y Rappler han pagado más fianzas a los tribunales filipinos que la ex primera dama Imelda Marcos, que está acusada de acumular hasta 10 mil millones de dólares en riquezas mal habidas durante los 20 años que ella y su esposo estuvieron en el poder.

El año pasado, un tribunal local declaró a la ex primera dama culpable de siete cargos de corrupción. Con una fianza de 6000 dólares, Imelda sigue siendo la reina de la fiesta de Manila. En julio pasado, celebró su 90 cumpleaños en un estadio lleno de 2000 juerguistas.

Maria lo llama “muerte por mil tribunales”, la forma en que las libertades por las que hemos luchado y ganado están siendo destruidas. El edificio de leyes y la constitución que pensamos garantizaba nuestros derechos se están derrumbando.

¿Dónde muere la democracia? Ya no en tribunales militares o en elecciones organizadas que permiten al presidente gobernar por decreto, sino en tribunales de trabajo cotidiano donde se dejan de lado precedentes judiciales establecidos desde hace mucho tiempo, en salas de redacción donde los periodistas se autocensuran, y en Facebook, donde la verdad y los hechos están bajo asedio.

Publicado en The Atlantic el 16 de junio 2020. Sheila Coronel es directora del Centro Stabile de Periodismo de Investigación de la Universidad de Columbia.