Raúl Ochoa Cuenca: La CPI, el Fiscal Khan y la DGCIM

La Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) aplica tácticas de tortura nazis para forzar confesiones de detenidos, la mayoría de ellos considerados como presos de conciencia por la oposición de Venezuela. (1)

Me imagino que esta constatación de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas  en Venezuela, la cual confirma la existencia de impunidad sistémica, habrá entre muchas otras razones -incluyendo las procesuales obviamente- motivado  al Fiscal Khan a continuar con las investigaciones sobre el terrible delito como  es la práctica de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y decidir de pasar a la fase 3 del proceso que se le sigue ante esa Corte Penal Internacional, no a la nación venezolana, sino a varios funcionarios de esa administración.

Retrocedamos un momento y veamos qué nos dijo la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas  en Venezuela  el 16 de septiembre último. En esa ocasión este organismo auxiliar de la ONU, asevera que el poder judicial venezolano es «carente de independencia”.

Según los investigadores, la justicia venezolana ha violado los derechos humanos en un plan político para sofocar a la oposición del gobierno de Nicolás Maduro y ha jugado un «papel esencial» en la represión estatal. En otras palabras, si no hay una administración de justicia independiente no hay estado de derecho, si no hay estado de derecho hay un sistema opuesto a la democracia, lo cual significa la no existencia del derecho básico humano, como es el de la libertad en cualquiera de sus expresiones.

Entre las denuncias recogidas por esa alta corte, se encuentran delitos como la desaparición forzada, la tortura, física y psicológica -también llamada blanca-, incluida la violencia sexual y los asesinatos arbitrarios. Además, los instructores del expediente de la CPI no encontraron evidencias de que funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados después de ser acusados de casos atroces y violentos.

“La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela confirma que los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país quedarán impunes si no se buscan alternativas a la justicia que no pasen por las instituciones estatales, tal como viene denunciando Amnistía Internacional y gran parte de la sociedad civil venezolana e internacional. El gobierno de Nicolás Maduro ha instrumentalizado el sistema judicial por años para reprimir a las personas que opinen diferente a su gobierno, por lo que resulta inverosímil que puedan proveer de justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familiares”. Tomado de las conclusiones de la Misión de las Naciones Unidas sobre Venezuela.

Ahora los invito apreciados lectores, a que demos un vistazo sobre la creación de la Corte Penal Internacional. Todo se remonta  cuando a mediados de los años 1990 hubo dos hechos internacionales los cuales actuaron  como válvulas de presión para que el mundo se dotara de una instancia supranacional y la cual pudiera juzgar los crímenes como aquellos de lesa humanidad. Me refiero a las barbaridades de las guerras fratricidas por razones étnicas en la ex Yugoslavia del año 91 al año 95 y en Rwanda, en África Central, durante el año 1994.

Como consecuencia de estos lamentables y trágicos hechos, aunado al desarrollo alcanzado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se convocó en la ciudad de Roma una Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, con el objeto de establecer una Corte Penal Internacional en cuya acta final, suscrita el día 17 de julio de 1998, se creó la Corte Penal Internacional. Se trata así del primer organismo judicial penal internacional y supranacional de carácter permanente, encargado de perseguir y condenar los más graves delitos, como los llamados crímenes de lesa humanidad, cometidos en la mayoría de las veces por individuos en funciones de gobierno.

En ambos casos,  los acusados tanto yugoslavos como ruandeses fueron juzgados y encontrados culpables de los crímenes por los cuales fueron detenidos y decretada su prisión, algunos casos a perpetuidad, en los fríos calabozos de la Corte Penal Internacional de La Haya.

En esos dos países los gobiernos dictatoriales tuvieron las mismas conductas que han tenido Maduro y los civiles y militares que lo acompañan, como fue asesinar impunemente. En las masacres de la ex Yugoslavia murieron alrededor de 25 mil personas. Tomemos en cuenta que en Venezuela el número de muertes violentas duplica esa cantidad anualmente. Evidentemente sin incluir en esa cifra las otras víctimas de muerte violenta como son los que fallecen de hambre o de mengua. Entonces debemos preguntarnos como seguramente se lo preguntó el fiscal Khan ¿ Más violencia que esa? ¿Cómo no llamarla crímenes de lesa humanidad ?

Para concluir esta nota veamos que le dijo el mundo civilizado a través del fiscal Karim Khan a los dos componentes de la sociedad venezolana, de una parte a las víctimas de este holocausto, el 90 % de la población: que había que tener fe, que la sociedad mundial no está cerrando los ojos ante las atrocidades diarias de esos bárbaros, ya que ese mundo civilizado, a través de esa Corte está actuando y lo seguirá haciendo con el fin de hacer justicia. Y a la otra parte de la sociedad venezolana, la compuesta por Maduro y su banda de criminales, quienes continúan con el saqueo de la patria sin mirar para atrás, que el momento se acerca donde no será solo Alex Saab y  Hugo Carvajal los que vestirán el smoking color naranja.

Porque ya no pueden quedar dudas, la Corte Penal Internacional está haciendo su trabajo.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 4 de noviembre de 2021.

(1) Misión independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informe del 16 de septiembre de 2021.