Los 7 pecados capitales del proceso constituyente

El trabajo de la Convención Constitucional concluyó formalmente este 4 de julio, con la entrega oficial de la propuesta de texto constitucional que los chilenos deberemos dirimir en el plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo.

A todas luces, lo que se puede concluir de este trascendental hito es que el proceso constituyente fracasó, ya que el texto final no cumple con los estándares mínimos de una carta fundamental democrática ni con las expectativas que se habían hecho el 78% de quienes aprobaron el proceso en octubre de 2020.

Son siete los pecados capitales que a mi juicio tiene el documento presentado por los convencionales y que lo convierten en una amenaza para la estabilidad y el futuro de Chile, y que por lo mismo no debiese ser aprobado:

1. Plurinacionalidad: el texto divide al país, fragmentando peligrosamente al territorio, lo que provocará que se exaltan las diferencias y se aumenta la conflictividad agudizando la violencia política. Se pretende utilizar la causa mapuche e instrumentalizar a los pueblos indígenas con fines ideológicos (se fracciona al país en 11 naciones preexistentes más los chilenos; se establecen escaños reservados, lo que se traduce en la pérdida del principio “1 ciudadano 1 voto”; y habrá representación en todos los órganos del Estado. Lo que plantea una sobrerrepresentación y distorsión del servicio público; y se crean las autonomías territoriales indígenas, entre otros).

2. Seguridad, delincuencia y Orden Público: Se debilitan los instrumentos del Estado de Derecho y se protege al delincuente. Por ejemplo, se eliminó la participación de las FFAA en los casos de emergencia y catástrofe, quedando sólo para amenazas externas (soberanía, independencia e integridad del territorio nacional). Es decir, el empleo de las FFAA para emergencias nacionales, protección civil y el desarrollo nacional en general, queda eliminado de la Constitución. También elimina el Estado de Emergencia. Solo queda el Estado de Asamblea, de Sitio y de Catástrofe. Con esto, el Estado queda sin esta herramienta constitucional para enfrentar una grave alteración del orden público.

A su vez, se rechazó la legítima defensa, mientras que el Director General de Carabineros y Director General de la PDI podrán ser acusados constitucionalmente. Además, Carabineros y PDI pierden rango constitucional y los Imputados serán compensado en dinero por cada día de prisión privación de libertad (prisión preventiva o detenciones) cuando no exista condena definitiva.

3. Sistema Político y Gobernabilidad: El modelo diseñado deteriora la democracia (sus contrapesos) y será fuente de permanente inestabilidad, considerando que se establece un presidencialismo atenuado/bicameralismo asimétrico, lo que se traducirá en que una sola cámara concentrará el poder. De hecho, el nuevo congreso de diputados y diputadas será muy parecido a la Convención, con amplias iniciativas legislativas, lo que implicará que el poder político se concentrará en el Congreso de diputados. Lo que no lograron con 103 votos en la Convención, se podrá aprobar en el nuevo Congreso por mayoría simple o absoluta.

En tanto, se le pone fin a la iniciativa presidencial, lo que en la práctica significa que un Presidente sin mayoría no podrá gobernar y que un Presidente con mayoría gobernará sin contrapeso, mientras que ninguna persona podrá ser regresado por la fuerza a la frontera.

El cerrojo más importante sin duda está en los ya famosos escaños reservados, forma de dictadura de la que ya conocimos profundamente durante los últimos 12 meses de funcionamiento de la Convención.

4. Sistema de Justicia: Incerteza para el ciudadano común y politización del sistema, ya que se crea el sistema nacional de justicia, coexistiendo en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Se acaba la igualdad ante la ley, considerando que una misma conducta puede tener diferentes penas, según sea juzgada en uno u otro sistema de justicia.

En paralelo, se crea el Consejo de la Justicia paritario y plurinacional (17 miembros), lo que representa un riesgo de politización del Poder judicial y del Ministerio Público, y la pérdida de independencia de los jueces y fiscales.

5. Derechos Sociales: Un justo anhelo de chilenos y chilenas, que debe ser incorporados, pero sin ideología ni letra chica, ya que, por ejemplo, la salud apunta a un enfoque ideológico estatizante, donde las cotizaciones irán al fondo común y sólo el que cuente con los recursos podrá acceder a un seguro adicional de salud

En materia de pensiones y seguridad social, el Estado administrará los fondos, los que no serán heredables. A su vez, será el Estado el que defina la política de seguridad social, donde los recursos no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios. Este texto, configura un sistema de reparto en que el Estado administra los fondos y nadie será dueño de sus ahorros. Tampoco existirá la libertad de elección.

Respecto a la propiedad y vivienda, se debilita la propiedad y se omite la casa propia. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado, lo cual es una apreciación subjetiva.

6. Sistema Económico: El texto propuesto genera trabas e incertidumbre a la iniciativa privada, sin certeza  de cómo serán financiados los derechos sociales. En cuanto al Banco Central, sus integrantes podrán ser acusados constitucionalmente, según como voten, generando una falsa autonomía. Mientras que las regiones y comunas autónomas podrán fijar tasas y contribuciones, emitir deuda y crear empresas públicas.

Además, se requerirá de consentimiento indígena, donde los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución.

7. Más que una Constitución es un programa de gobierno de ultra izquierda: Hay temas rescatables del texto, como por ejemplo, una mayor descentralización, conciencia medioambiental, derechos sociales, derechos de los discapacitados o el derecho al cuidado, entre otros. Pero la propuesta es ideológicamente sesgado debido a que se trata una Constitución indigenista radical, que no representa a la mayoría de los integrantes de los pueblos originarios, agudiza el conflicto mapuche en vez de solucionarlo e instrumentaliza a los pueblos originarios al servicio de grupos organizados.

Es también una Constitución estatista que nos retrocede a la década del sesenta, que desprecia el rol de la iniciativa privada y de la sociedad civil, y ofrece derechos sociales sólo de provisión estatal poco transparentes.

En concreto, se trata de pecados capitales que provocaron perder una oportunidad histórica de construir un Chile mejor para todos sus habitantes, y que, de aprobarse, será muy complejo poner en práctica e imposible de financiar, menos aún reformar por los cerrojos que trae. Por eso, la mejor única opción viable es rechazar para establecer un nuevo proceso constituyente que esté a la altura de este enorme desafío.

Enrique García Arancibia es abogado