Caso ERE: La red de clientelismo político que enterró al régimen socialista andaluz

Si las recientes elecciones andaluzas han certificado la defunción definitiva de un ciclo político en Andalucía, el Tribunal Supremo ha terminado de enterrarlo. El fallo que confirma las condenas de los expreidente Manuel Chaves y José Antonio Griñán es la condena jurídica definitiva a los casi 37 años de poder omnímodo del PSOE en la Junta de Andalucía, cuya gestiónreivindicó «con orgullo» su actual secretario general y candidato, Juan Espadas, en la pasada campaña electoral que reportó los peores resultados de la historia a su partido.

A la espera de la sentencia que se conocerá en septiembre, el fallo avanzado este martes del Alto Tribunal que confirma la pena a los ex presidentes, reafirma el carácter delictivo de un sistema clientelar de subvenciones a empresas en crisis diseñado por la antigua cúpula de la autonomía, representada por los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que la gobernaron durante casi un cuarto de siglo.

El Alto Tribunal viene a respaldar la verdad judicial recogida en lasentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla del 19 de noviembre de 2019, que determinó que los gobiernos socialistas despacharon casi 680 millones de euros sin más ley que la caprichosa voluntad de quienes manejaban el fondo de los ERE. A 19 ex altos cargos se los consideraba responsables penales por diseñar, gestionar, consentir y cebar durante los diez años (2000-2009) que estuvo funcionando el mecanismo opaco de transferencia de financiación.

El método ERE fue «una decisión del Gobierno en su conjunto» y respondía a un fin que procuraba la tranquilidad política al Gobierno socialista bajo la coartada progresista de buscar «la paz social» en una comunidad azotada por el desempleo. La mayoría de ex altos cargos no obtuvieron un lucro económico, es decir, no se llevaron el dinero a sus cuentas. Éste es el clavo al que se agarran los actuales dirigentes socialistas para diluir el grave daño causado a los andaluces. Pero los jueces han dejado de manifiesto que la forma de repartir las ayudas sí «permitía el enriquecimiento» de empresas, que eran las «reales» beneficiarias de los fondos y «no los trabajadores». Eso lo deja muy claro esta sentencia sobre el procedimiento específico de ayudas y las que han venido después, dictadas por otros tribunales de la Audiencia Provincial de Sevilla, encargados de resolver los recursos y juzgar las distintas ramas que le han ido saliendo durante once años y medio de instrucción al frondoso árbol de corrupción de los ERE. Los altos cargos del PSOE se estaban asegurando su continuidad mientras se dedicaban a «enriquecer» a terceros sin dar cuentas del destino que tenía el dinero público, porque habían desactivado los controles de la Intervención de la Junta.

El negocio era mantenerse en el poder por encima de todo. El lucro era político: la compra de voluntades para fidelizar el voto y ganar las elecciones. El Gobierno andaluz procuraba una red de protección y recursos públicos a empresas y sindicatos, que se apuntaban un tanto arreglándoles el porvenir a los trabajadores, y los agradecidos clientes les correspondían con adhesiones políticas y votos en las urnas. Fue un intercambio informal y discriminatorio de favores. Entre 2000 y 2009, hubo 120.829 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en la comunidad autónomas, pero las ayudas sólo llegaron a 6.096 sin que nadie haya sabido explicar por qué unas sí y otras no.

El caso ERE es inseparable del PSOE andaluz. No habría existido el uno sin el otro. Así lo reconocieron ex altos cargos condenados en el proceso y lo recogieron los jueces en su relato de hechos probados. El plan de ayudas a empresas en crisis figuraba en los acuerdos de concertación que suscribió Chaves con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO. Estaba en el «programa político» con el que el PSOE se presentaba a los comicios autonómicos, que fue respaldado con victorias aplastantes desde el año 1996 hasta 2008, casualmente, el periodo en que se gestó y estuvo funcionando el sistema «ilegal» de subvenciones.

El método ERE nació como un atajo a los obstáculos que habían puesto la Comisión Europea (CE) y los interventores de la Junta de Andalucía a las primeras ayudas concedidas a la fábrica jienense de embutidos y chorizos Cárnicas Molina. En febrero de 1999, Bruselas declaró que dichas subvenciones de la Junta, canalizadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –el germen de la posterior Agencia IDEA– eran incompatibles con el mercado común y ordenó su devolución.

Para sortear estos reparos legales, la Consejería de Empleo ideó un nuevo procedimiento que consistía en que ella repartía las ayudas a través de la Dirección General de Trabajo, pero en lugar de pagarlas directamente, el Gobierno andaluz optó por hacerlo a través de un órgano externo, IFA/IDEA, enviándole el dinero a través de transferencias de financiación. Este sistema no era el legalmente establecido para pagar subvenciones, como puso de manifiesto a través de informes con advertencias –hasta en quince ocasiones entre 2001 y 2009– el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que salió absuelto en el juicio. Sus objeciones legales no salieron a la luz hasta que la juez Mercedes Alaya se puso a indagar en las piezas de este rompecabezas que ha dado lugar a la macrocausa penal de los ERE. En la Dirección de Trabajo que daba las ayudas sin tener competencias estuvo durante nueve años, bajo el mandato de tres consejeros diferentes, el fallecido Francisco Javier Guerrero, al que quisieron cargar el muerto del sistema fraudulento de reparto de ayudas.

El cabo suelto del que empezó a tirar la juez Alaya fue un ERE subvencionado a la lonja de Mercasevilla, donde se había beneficiado a un trabajador ajeno a la empresa, Antonio Garrido Santoyo, dirigente de la ejecutiva local del PSOE de Baeza y miembro de UGT. La liebre del principal caso de corrupción, el que se ha llevado por delante a sus antiguos dirigentes, saltó casi dos años antes como avanzó ABC. Durante una reunión celebrada el 26 de enero de 2009, los directivos de Mercasevilla exigen a los empresarios del grupo hostelero de La Raza una «mordida» de 450.000 euros a cambio de una subvención para montar una escuela de hostelería. No cuentan con que éstos decidieron grabar la conversación. La charla es la «piedra rosetta» de la corrupción. Los directivos de Mercasevilla explican el particular modus operandi autonómico –«la Junta colabora con quien colabora»– y aluden a asuntos como los cursos de formación, las concesiones de licencias, los sindicatos… y los ERE subvencionados.

El motivo oficial del cambio del sistema, que dio origen al fondo de los ERE, era agilizar los abonos para apagar con rapidez los conflictos laborales. Pero al sacarlos de los controles administrativos de la Administración se creó un caldo de cultivo para que los expedientes se corrompieran. Prueba de ello es que ninguna de las 270 ayudas sociolaborales y a empresas concedidas fue fiscalizada por la Junta, es decir, escaparon a la vigilancia de los funcionarios. Ése era el «efecto buscado» con las transferencias de financiación, puntualizan los jueces.

«La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales» llevó a los responsables del Gobierno a establecer un atajo, si bien «tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos», dejó escrito el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que dictó la primera sentencia de condena.

Sin bases reguladoras, ni convocatoria, ni registro público de subvenciones, ni documentación alguna, ni procedimiento, ni nada que se le pareciera, los gobiernos socialistas, siendo «plenamente conscientes de la patente ilegalidad», dispusieron de una vía para hacer un reparto selectivo de fondos públicos. Con una «absoluta falta de control», ellos decidían qué empresas eran tocadas por su varita mágica. Eran ayudas a demanda de los que las pedían o al criterio de los que las concedían.

El dinero de los andaluces era el combustible que lubricaba la maquinaria electoral del PSOE, el que le permitía comprar voluntades en nombre de la paz social, un motor de fortaleza indiscutible hasta las elecciones de 2012, las primeras que ganó el PP con una mayoría insuficiente. La corrupción de los ERE había aflorado a finales de 2010, cuando Guerrero descubrió a la Policía que la Junta manejaba «un fondo de reptiles». Luego intentó recoger el cable matizando que había utilizado esta expresión coloquial evocando a las mujeres de su pueblo, El Pedroso (Sevilla), que a sus maridos les iban cogiendo algún dinerillo del sueldo y lo guardaban en una cómoda debajo de las sábanas y comentaban: «Tengo ahí un fondillo de reptiles para una necesidad».

Las necesidades de la Junta eran innumerables y, al parecer, acuciantes. Con este fondillo de casi 680 millones de euros, los dirigentes de la Junta aplacaban los problemas laborales, rescataban industrias que ni los cientos de millones enterrados en ellas pudieron salvar, como Cárnicas Molina, Santana Motor o Delphi, y ahorraban a determinadas empresas el coste de los despidos de sus trabajadores incluidos en expedientes de regulación de empleo (ERE). Entre los empleados, se colaron «criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral», como las definió Guerrero, pero también ex cargos socialistas, sindicalistas y familiares suyos.