Ante la nueva ola represiva en Venezuela cabe preguntarse: ¿a qué le teme Nicolás Maduro?
En las últimas semanas, con una Venezuela en relativa calma, el gobierno de Nicolás Maduro ha ejecutado una estrategia de represión selectiva aplicada a líderes y dirigentes sindicales que han estado cerca de manifestaciones pacíficas en favor de los derechos laborales y sociales. Esta nueva ola de aprehensiones y de política de terror por parte del Estado nos hace preguntar: ¿a qué le teme Maduro?
Entre el 4 y 7 de julio, seis activistas fueron detenidos en el país. Cuatro de ellos son militantes del partido izquierdista Bandera Roja. Yeny Zoreliz Pérez Almeida, esposa de un líder sindical de esta organización política, a quien no pudieron ubicar, fue tomada como rehén por los cuerpos de seguridad (y posteriormente liberada). En junio, antes de esta razia, cuatro activistas del partido Voluntad Popular, quienes participaban en la conmemoración del asesinato de un joven manifestante en las protestas en Caracas en 2017, fueron entregados por la Policía del municipio Chacao a la tenebrosa Dirección General de Contrainteligencia Militar. Fueron detenidos por hacer pintas y permanecieron desaparecidos por 48 horas.
Pocos días después, el 11 de julio, más de 108 organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron libertad plena para Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo, quienes de acuerdo con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) tienen en común “su condición de activistas sociales vinculados a las luchas sindicales, y han tenido una destacada participación en las recientes movilizaciones realizadas por trabajadores y empleados públicos a nivel nacional, en rechazo al instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto que afecta las contrataciones colectivas y las escalas salariales”.
Para Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, estas nuevas acciones buscan atemorizar a los sectores que pueden ayudar a un proceso de reconfiguración política en el país. En entrevista me dijo que, en un reciente estudio interno que hicieron entre defensores de derechos humanos, 64% consideró que la estrategia de salir a la calle a protestar es de las menos eficaces por el alto riesgo que representa.
Esta afirmación corresponde con algunos hallazgos de un estudio de opinión presentado el 20 de julio en Caracas. La investigación de la firma Delphos reveló que, si bien 72.5% quiere un cambio político en el país, 51.9% no saldría a protestar por miedo. Mientras que 73.1% se mostró de acuerdo con la afirmación de “luchar sin correr muchos riesgos”.
No obstante, si bien en Venezuela han bajado las protestas por razones políticas, las que tienen un componente social se han activado. De las 2,677 protestas que hubo en el primer cuatrimestre de 2022, 1,012 correspondieron a derechos laborales, lo cual es un incremento en esta categoría, según el registro del Observatorio Venezolano de Conflictividad.
Entre los grupos de trabajadores organizados que están protagonizando reclamos se incluyen los del sector público, así como jubilados y pensionados. La más reciente de estas actividades de calle fue la del jueves 21 de julio. Los manifestantes llegaron hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, donde las protestas políticas están vetadas. Los asistentes fueron hostigados por grupos de choque favorables al gobierno.
El gobierno de Maduro ha logrado aprovechar la fragmentación de la oposición, pero las condiciones del país son muy frágiles. En contraste con la narrativa de “Venezuela se arregló”, que sintetiza un respiro en las agobiantes condiciones de vida del país —producto de una liberalización de la economía—, hay otra realidad que ha sido denunciada innumerables veces y contra la cual se están expresando distintos sectores, sin una agenda partidista.
El relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la Organización de las Naciones Unidas, Clément Voule, escribió en Twitter: “Estoy muy preocupado por la detención de varios miembros de la #sociedadcivil, incluidos sindicalistas y líderes de la oposición, a principios de julio. Insto a las autoridades a garantizar la libertad de asociación y un entorno seguro para las voces disidentes”.
Rápidamente, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe le respondió: “Señor relator Clement Voule, preocúpese por cumplir el Código de Conducta de los Procedimientos Especiales, el cual le obliga a contrastar la información y actuar de manera objetiva e imparcial. Venezuela garantiza plenamente el disfrute del derecho a la libertad de asociación».
Para Uzcátegui, es posible que se vean más acciones de coacción en la medida de que se active un clima preelectoral y que los partidos políticos de oposición avancen en su proceso interno de primarias, la cual está en fase germinal.
La chispita está allí. Si bien sin articulación no puede encender una pradera, es un síntoma de que en Venezuela el descontento no solo está vivo, sino que se está mostrando cada vez más claramente y eso lo saben las fuerzas represivas del gobierno cuyo aprendizaje ha sido constante. En medida que se “caliente” el clima electoral —hay elecciones previstas para 2024 y la oposición está discutiendo sobre sus primarias—, es previsible que haya más manifestaciones en las calles. Lo que corresponde es que las distintas organizaciones internacionales y nacionales que ayudan a evitar que el gobierno de Maduro use su garrote de manera excesiva estén atentos y que propicien la contención. Maduro y su círculo les temen a varias cosas. Una de ellas es que el hartazgo de la gente se organice en forma de rechazo no violento ya sea a través de manifestaciones públicas o el voto.
