Patricio Navia: Mueran las AFP, pero viva la capitalización individual
Es cierto que las AFP formalmente desaparecerán. Pero el componente de capitalización individual del sistema se mantendrá. Eso es un triunfo para el modelo económico que muchos en este gobierno quieren matar.
La reforma de pensiones propuesta por el gobierno del Presidente Boric elimina las AFP. Pero, como ni siquiera los gobiernos idealistas pueden desconocer la realidad, la reforma también consolida el principio de las cuentas de capitalización individual en el sistema de pensiones. Resta saber si el gobierno tendrá la habilidad para construir una mayoría en el Congreso que le permita aprobar la reforma sin mayores cambios, pero es evidente que el anuncio del Ejecutivo constituye una victoria de la defensa de los derechos de propiedad en el debate sobre la reforma de pensiones.
La reforma propuesta por el gobierno es compleja y la opinión pública no tiene ni tiempo ni ganas de dedicarle mucho tiempo a entender cómo funcionaría el nuevo sistema. Después de 40 años de funcionamiento, mucha gente todavía no entiende cómo funciona el sistema actual. Por eso, la estrategia del gobierno consistirá en resaltar un par de puntos centrales de la propuesta para lograr que la opinión pública dé su visto bueno. Si esta logra popularidad, los legisladores de oposición estarán más inclinados a apoyarla.
El gobierno buscará destacar dos puntos. El primero será prometer un aumento en las pensiones para todos, menores costos en la operación del sistema y retornos más altos para los fondos de pensiones cuando un ente estatal lo administre. Aunque se necesita mucha fe para creer que el sector público chileno será más eficiente (imagínese un llamado a paro de los trabajadores de la entidad que administre el sistema) y logrará más rentabilidad, ni los defensores ni los críticos de la propuesta podrán demostrar con evidencia ex ante qué ocurrirá cuando un ente público se dedique a administrar el sistema y tome las decisiones de inversión.
El otro punto que defenderá el gobierno es muy popular. La administración Boric insistirá en que las AFP dejarán de existir cuando se apruebe la reforma. Como las AFP son una de las instituciones más odiadas en el país, habrá pocos políticos que se animen a defenderlas. La opinión pública celebrará el fin de las AFP.
Pero el fin de las AFP no terminará con el concepto de las cuentas de ahorro individual para las pensiones ni con el derecho de los trabajadores a decidir quién administra esos fondos. En tanto los trabajadores puedan decidir quién manejará su contribución del 10% de su sueldo y los dineros ya acumulados en la AFP, el principio de un sistema de capitalización individual para las pensiones seguirá existiendo. Luego, aunque el presidente Boric prometió en campaña terminar con el modelo neoliberal, su reforma de pensiones solo constituirá una reforma que fortalece el pilar solidario. Todo esto suena muy concertacionista. Es cierto que las AFP formalmente desaparecerán. Pero el componente de capitalización individual del sistema se mantendrá. Eso es un triunfo para el modelo económico que muchos en este gobierno quieren matar.
El diablo siempre está en los detalles. No está claro qué ocurrirá con las comisiones de entrada que ya se pagaron por los fondos acumulados en las AFP. Si las personas optan por irse a la gestora de fondos (AFP) estatal que se creará, ¿sus fondos comenzarán a pagar comisión mensual al fondo estatal adicional a la comisión de entrada que ya se pagó a las AFP? Tampoco está claro cómo se producirá la transición para que las AFP actuales se transformen en gestoras de fondos que manejen el stock acumulado de las personas que decidan mantenerse en el sector privado y sus futuras contribuciones de 10%.
Correctamente, muchos anticipan que la disputa en el Congreso se centrará en cómo se distribuirá la cotización adicional de 6% a cargo del empleador. El gobierno tendrá problemas para explicar la diferencia entre una cuenta individual (la gente tiene propiedad sobre los fondos de sus cotizaciones acumuladas y las futuras) y la cuenta nocional, que incluirá un 70% de la nueva cotización a cargo del empleador.
El gobierno está en lo correcto al argumentar que los chilenos quieren mejores pensiones y también en que los chilenos quieren que desaparezcan las AFP. Pero el gobierno camina sobre un terreno más pantanoso cuando supone que la gente apoyará decididamente el componente solidario que pretende asociar a la cotización adicional del 6%. La gente quiere que el estado fortalezca el pilar solidario, pero la gente no quiere que el Estado haga solidaridad con sus cotizaciones. Como en general la gente parece muchas veces olvidar que los recursos estatales son en realidad dinero que proviene de sus impuestos, la demanda para que el Estado se ponga con más dinero es popular. Pero la gente también le tomó el gusto al concepto de que los fondos de las AFP son plata suya que, como quedó claro durante la pandemia, puede ser usada en caso de emergencias, hay poca disposición a poner los dineros personales en un fondo común.
El tiempo dirá si el ente estatal puede generar mejores retornos que los que han generado las AFP en estos 40 años. Hay buenas razones para dudar de esa afirmación. Pero en los próximos meses, la tarea del gobierno será convencer a la opinión pública (si eso ocurre, los legisladores estarán más inclinados a votar a favor) que es una buena idea destinar un 4,2% de lo que el empleador desembolsa por el trabajo de cada chileno para un fondo solidario que, presumiblemente, vaya a mejorar las pensiones de todos.
Porque el propio gobierno ha reconocido tácitamente que los chilenos valoran la capitalización individual, la pelea grande que ahora se viene es sobre el destino de ese 6% de cotizaciones adicionales, sobre las consecuencias que el nuevo sistema tendrá para el mercado laboral actual y sobre cómo la propuesta satisface las expectativas de una ciudadanía que quiere mantener las cuentas individuales de pensiones y también que el estado se ponga con más fondos para mejorar las pensiones de todos.
*Patricio Navia es Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP.