Claudio Hohmann: Una Constitución que se resiste a morir

Con la instalación de la Comisión Experta esta semana se dio el vamos a un nuevo proceso constitucional después del primero, llevado a cabo entre 2021 y 2022, que resultó tan fallido y traumático que ha terminado siendo enteramente determinante en el diseño de este segundo intento, inédito en materia constitucional y excepcionalmente cauteloso en todas sus partes, para minimizar un resultado adverso en el plebiscito de salida, que políticamente acabaría con la decisión de dotarnos de un nuevo texto constitucional.

Entretanto, cumplidos más de tres años desde que en noviembre de 2019 se firmara el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución -que en los hechos implicaba el fin de la Constitución vigente-, ésta sigue rigiendo los destinos del país sin mayores obstáculos para el desenvolvimiento de la vida nacional, mucho más circunscrita a la contingencia que volcada a los grandes dilemas de orden político-estratégico (que suelen poner a prueba las bases de un texto constitucional).

De hecho, quién lo iba a decir, en noviembre próximo se cumplirán cuatro años de sobrevida de la Carta Fundamental desde que ese extraordinario acuerdo enrieló al país por el camino institucional -ahora lo sabemos bien-, cuya piedra angular es su reemplazo por un nuevo texto constitucional.

Lo seguirá haciendo hasta que aprobemos una nueva Carta Fundamental, lo que tiene altas posibilidades de suceder en el plebiscito de salida previsto para diciembre próximo. Pero habrá que esperar a su promulgación para que termine pacíficamente sus días el texto que ha guiado nuestros actos durante 43 años, 33 de los cuales en democracia, una democracia plena -de la veintena y poco más en el mundo que la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist distingue en esa categoría. No por nada, desde el regreso de la democracia el país ha ido ocho veces a las urnas para elegir impecablemente a seis gobernantes (cuatro de centroizquierda, uno de centroderecha y uno de izquierda), reeligiendo de paso a dos de ellos.

El peligro del autoritarismo no ha asomado ni por un solo momento en más de tres décadas y lo mismo puede decirse hasta aquí del populismo. No es poca cosa en un vecindario donde la regresión democrática y los estados fallidos abundan, en algunos casos en sus peores expresiones. No lo debemos olvidar ni darlo por hecho: Chile goza en plenitud de uno de los bienes más preciados de la modernidad, la libertad de sus habitantes para desarrollar sus vidas, sus emprendimientos y su capacidad de elegir a sus gobernantes, de la que está privada más de la mitad de la humanidad (y de la que nosotros mismos, no hace tanto, estuvimos privados por 17 años).

Durante el tiempo que ha regido, el país prosperó como ninguno en América Latina y por momentos vislumbró las casi inasequibles puertas del desarrollo. A su amparo, Chile alcanzó el más alto desarrollo humano de América Latina, a la vez que la menor pobreza en la Región. Y en 2010, ya hace buenos trece años, fue la primera nación sudamericana en convertirse en miembro de la OCDE. En la ceremonia respectiva, la entonces Presidenta Michelle Bachelet afirmó sin titubeos que “Chile deja atrás el subdesarrollo y se encamina a paso firme para convertirse en una nación desarrollada en unos años más”.

Pero las constituciones no son sólo un conjunto de reglas convenientemente diseñadas y actualizadas, que dan origen a resultados virtuosos. Son también eso que Patricio Zapata denominó “la casa de todos”, un espacio en que todos los ciudadanos de una nación se sienten acogidos, uno donde nadie será excluido por su pensamiento, su género o sus preferencias. La legitimidad de sus dictados se convierte así en una condición indispensable para su vigencia en el tiempo. Es la virtud de la que ha carecido la Constitución de 1980, incluso después de haber sido reformada profundamente en 1989 y, sobre todo, en 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Ni siquiera los inobjetables resultados que se han alcanzado a su amparo han sido capaces de superar su defecto de origen.

Pero, increíblemente -nadie lo pudo imaginar en ese noviembre de 2019 y mucho menos después del esclarecido plebiscito de entrada de octubre de 2020- esto podría ocurrir de la manera más inadvertida si la segunda propuesta constitucional sometida al juicio del electorado fuera rechazada en diciembre.

En tal caso, improbable pero no imposible, seguiría rigiendo -ahora sí con la legitimidad del voto popular- la Carta Fundamental que todavía se niega a morir. La Constitución “tramposa” (Fernando Atria dixit) dejaría finalmente de serlo. De hecho, ya es posible reformarla gracias a la rebaja del quórum necesario para tal efecto, aprobada el año pasado antes del plebiscito del 4 de septiembre.

Aunque no lo diga en la papeleta, el plebiscito de diciembre próximo será una elección entre la propuesta del Consejo Constitucional y la Constitución que nos rige -que el electorado ya sabe bien que no es el origen de los acuciantes problemas que nos aquejan.

Mientras más alejada de esta última, que ha recuperado algo de su prestigio de la mano de la revaloración de los “30 años”, sea la propuesta constitucional, mayores serán las posibilidades de un todavía improbable rechazo. Con toda seguridad los consejeros elegidos lo tendrán a la vista; más allá de los bordes que limitarán cualquier salida de madre, es la maciza realidad que impone el momento político desde el 4 de septiembre. Tampoco escapará al Gobierno que ya conoce las nefastas consecuencias de la deriva refundacional.

Lo que es la vida: aquellos que acusaron a Sebastián Piñera de “entregar la Constitución” para salvar su gobierno tendrán que tragarse sus palabras cuando concluya este nuevo proceso, cualquiera que sea el resultado del plebiscito. Y es que a fines de este año el país cerrará el capítulo constitucional salvando por la vía institucional uno de los peores momentos que ha vivido la República en décadas. Será el tiempo de abocarnos de lleno a los nuevos peligros que acechan a los chilenos a la vuelta de la esquina.