El «milagro» de Chile va en reversa

Es una tontería sugerir que una sociedad libre puede garantizar la igualdad de oportunidades o resultados económicos igualitarios. Pero eso no evita que los políticos electos en las democracias modernas prometan ambas cosas.

Es por eso que hay que darle la nota máxima en honestidad al ministro de Educación de Chile, Nicolás Eyzaguirre, quien reconoció en junio que la promesa de campaña de la presidenta socialista Michelle Bachelet de eliminar la “desigualdad” de la educación chilena requiere retirar la libertad con la que cuentan actualmente los padres para elegir el colegio de su hijo.

“Lo que tenemos actualmente es (…) un competidor corriendo con patines de alta velocidad y otro descalzo”, dijo Eyzaguirre. “El descalzo es la educación pública. Entonces me dicen: ‘¿Por qué no entrenas más y le das más comida al que va descalzo?’ (…) Primero tengo que bajar al otro de los patines”. (Énfasis agregado).

Bienvenidos al Chile de Bachelet, en el que la libertad es un problema porque perturba el mundo feliz de igualdad de los socialistas. Aprender más ahora o ganar más después son síntomas de injusticia a los ojos de la presidenta y los militantes de su partido.

Para entender por qué las perspectivas del “milagro” chileno son tan oscuras y la inversión se está desplomando, no hace falta ver más allá de la obsesión de este gobierno por frenar a aquellos que patinarían por delante del grupo.

Bachelet ha incrementado los impuestos de todo, desde el capital hasta el consumo. Un objetivo es ahogar a la clase inversionista, haciéndola más pobre para que la inequidad caiga. Sin embargo, es más probable que las disparidades de ingresos aumenten ya que los ricos tienen formas de proteger sus ingresos mientras que los pobres dependen de la creación de empleos a partir de la inversión para ganarse el pan de cada día y generar riqueza.

Cuando las políticas son favorables al capital, como han sido en Chile desde los años 80, la vida en los estratos económicos más bajos mejora en términos absolutos. El ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, en una columna para el diario chileno El Mercurio, indicó que Chile triplicó su ingreso real en tres décadas, como consecuencia “generando una enorme transformación social especialmente para los más pobres”. Un estudio de 2013 del Banco Mundial mostró que entre 1992 y 2009 Chile fue “el país con mayor movilidad social del continente”, escribió Büchi.

El mes pasado, el Fondo Monetario Internacional informó que, en términos de parida de poder adquisitivo, el PIB anual per cápita de Chile ahora equivale a US$23.165, lo que lo ubica justo por detrás de Polonia (US$24.429) pero muy por delante de México (US$17.925).

Este desempeño impresionante probablemente no continuará ahora que Chile se está convirtiendo en otra jurisdicción con altos impuestos. Según las cifras más recientes disponibles del Banco Central de Chile, la inversión cayó 12,3% en el último trimestre de 2013, 5,5% en el primer trimestre de este año y 8,1% en el segundo trimestre. Por esta época el año pasado, la previsión de crecimiento del PIB en 2014 era de 4,5%. Ahora se encuentra en cerca de 2%, debido a la caída en los precios de los commodities y la creciente incertidumbre generada por la hostilidad de Bachelet hacia la competencia y las ganancias.

Las mayores tasas impositivas supuestamente deben generar más ingresos que el gobierno asegura que serán gastados en la mejora de las escuelas públicas. Sin embargo, en el improbable caso de que los ingresos tributarios aumenten mientras los inversionistas salen en desbandada, no hay una correlación entre los incrementos de gastos en los salones de clase controlados por los sindicatos y los resultados académicos. Los autores intelectuales del plan parecen reconocer esto y es por eso que desean destruir la competencia de las escuelas privadas.

El popular programa de “vouchers” de Chile comenzó en 1981. Actualmente permite que los estudiantes reciban una educación en una escuela privada no sindicalizada con una combinación de recursos del gobierno y ayuda de los padres. También permite admisiones selectivas. El programa ha sido enormemente exitoso y, según el centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD), con sede en Santiago, cerca de 1,9 millones de niños (54% de la población entre kínder y el último año de la secundaria) ahora asisten a escuelas privadas usando vouchers del gobierno. De ellos, cerca de 1,1 millones (31% del total) asisten a escuelas “con fines de lucro” usando un voucher.

La nueva ley, la cual fue aprobada en la cámara baja el mes pasado y que ahora será presentada en el Senado, prohibiría que los estudiantes usen vouchers para asistir a las escuelas con fines de lucro y que los colegios que reciben subsidios públicos cobren un copago a los padres. Además, los colegios ya no tendrán permitido seleccionar estudiantes debido a que, aparentemente, es “injusto” que los niños dotados aprendan a su propio ritmo.

Eso es cruel. No afectará a las familias acaudaladas de Chile, pero muchos niños de bajos recursos saldrán perdiendo. Según LyD, las inscripciones en las escuelas públicas cayeron en 545.000 estudiantes entre 2004 y 2013, mientras que los colegios privados subsidiados han incrementado sus alumnos en 364.000. El hecho de que muchos padres hagan el sacrificio de hacer copagos demuestra lo mucho que desean evitar las escuelas públicas.

Bachelet tiene a los sindicatos de profesores de su parte, pero está perdiendo rápidamente el apoyo del público. Los chilenos están dándose cuenta que “justicia” es sólo una cubierta para las políticas de intereses especiales. Un gobierno que realmente quisiera ayudar a los menos favorecidos trabajaría para expandir las opciones en vez de negarles a los niños el derecho a patinar tan rápido como puedan.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 3 de noviembre de 2014.

Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.