El Gobierno de Bukele aprueba los juicios colectivos

Más de 900 personas podrán ser presentadas en una misma audiencia ante un tribunal. El ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, lo presenta como un logro para enfrentar a las pandillas criminalespero constituye un enorme retroceso, para los defensores de derechos humanos, al diluir el derecho a la defensa de cada persona, pilar del Estado de derecho.

En el marco de un extendido estado de excepción, próximo a tener año y medio de vigencia, el Parlamento del país centroamericano, este 26 de julio, aprobó reformas a la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar las penas para los cabecillas de pandillas y para la realización de procesos penales por grupos delictivos, dejando sin efecto en el caso del crimen organizado los procedimientos penales individuales.

Esta reforma, que de inmediato levantó polémica, fue aprobada con 67 votos en la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, el partido del presidenteNayib Bukele, de un total de 84 legisladores.

Desde que en marzo de 2022 se implantó el estado de excepción, que ha tenido sucesivas prórrogas, Bukele enfatizó que la prioridad de su Gobierno es hacer frente a las bandas criminales (maras, como son conocidas en Centroamérica), sin tomar en consideración los señalamientos de entidades nacionales e internacionales de derechos humanos.

En casi año y medio del estado de excepción han sido detenidas más de 71.000 personas. Esta gigantesca operación militar y policial conllevó a que se ampliaran penales y se abriera lo que es la mayor cárcel de la región, mostrada por Bukele como un gran logro de su gestión. El alto volumen de detenciones también colapsó a los tribunales y por esa razón ahora habrá juicios masivos o colectivos.

Entre las reformas aprobadas se incluye el aumento, de 45 a 60 años, de la condena en prisión para todos aquellos que sean encontrados responsables por liderar grupos delincuenciales en El Salvador.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, confirmó que la reforma permitirá a los jueces del país agrupar a más de 900 personas, acusadas de pertenecer a la misma organización delictiva, para que sean juzgadas por la Justicia salvadoreña en una misma audiencia. En esos casos no habrá procedimientos individuales y queda totalmente desdibujado el derecho a la defensa.

La medida ha sido criticada por la oposición política local y por grupos defensores de los derechos humanos, que exhiben su preocupación por las capturas arbitrarias y las muertes de reos en custodia estatal, llegando a 174 en estos últimos 16 meses, según cifras presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, la CIDH ha documentado más de 6.400 casos de violaciones a los derechos humanos durante los 16 meses del estado de excepción en territorio salvadoreño, una cifra que podría aumentar de aquí al 4 de febrero de 2024, cuando está programado que se celebren los próximos comicios presidenciales.

Para los diputados alineados con Bukele, esta reforma va a «facilitar a los jueces dictar sentencia de forma más rápida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad». El diputado de oposición Jaime Guevara rechazó la reforma ya que «representa un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están en las cárceles a esperas de un procedimiento judicial justo».

La reforma aprobada este 26 de julio viene a oficializar una práctica que la Justicia salvadoreña ya venía realizando, por la vía de los hechos, según habían advertido organismos especializados.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU) alertó en mayo que las audiencias iniciales, en las que los jueces revisan la legalidad de un arresto y deciden sobre los cargos y la prisión preventiva, se celebraban en grupos de hasta 500 personas, en el marco del estado de excepción aprobado en marzo de 2022.

«A los defensores públicos se les ha dado de tres a cuatro minutos para presentar los casos de 400 a 500 detenidos a la vez. También se ha informado sobre juicios masivos. Estos procesos son, a menudo, realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos», sostiene el documento de la ONU.

Óscar Rosales, del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), cuestionó la reforma porque incluso contradice el espíritu de la Constitución salvadoreña que establece el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

De acuerdo con Rosales, la reforma no permite que se individualicen los casos antes los tribunales, por lo que «las personas inocentes que queden en ese agrupamiento podrían ser condenadas injustamente». A su juicio, esta reforma es señal de que «el sistema está desbordado» por el estado de excepción y las detenciones masivas que han ocurrido.

Finalmente, el manejo de la seguridad por parte del presidente salvadoreño ha trascendido de las críticas especializadas por parte de organismos de derechos humanos, para ser parte también del debate político latinoamericano.

Bukele respondió en duros términos al presidente de Chile, Gabriel Boric, quien cuestionó la política de seguridad ciudadana del centroamericano.

Si la solución solo se enfoca en «las medidas más extremas» y no en los «temas de fondo», dijo Boric a BBC, es «pan para hoy y hambre para mañana».

Bukele, a través de sus redes sociales, como es habitual, le respondió aireado: «Pues este Gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito. Qué difícil ha de ser liderar un país teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente».

El mandatario salvadoreño, según apuntan las encuestas, se encamina a ser relegido en 2024, pese a que la Constitución de su país lo prohíbe de forma explícita. Sus altos niveles de popularidad no parecen disminuir pese a las críticas que se le hacen a sus medidas draconianas para hacer frente al crimen organizado.