Una Constitución para la paz y la libertad

El pleno del Consejo Constitucional acaba de terminar sus votaciones y, por lo tanto, entregará en estas horas la propuesta constitucional a la Comisión de Expertos, quienes durante la próxima semana podrán discutir y acordar modificaciones al texto aprobado por los representantes elegidos por la ciudadanía el pasado 7 de mayo. Como es sabido, este segundo proceso se ha desarrollado en medio del escepticismo y la distancia con que los chilenos observan la discusión constitucional, que resulta absolutamente fuera de sintonía para un país que enfrenta una profunda crisis de seguridad y una decadente situación económica en materia de empleo y crecimiento.

Con todo, es de justicia hacer un reconocimiento al Consejo Constitucional y a sus miembros. Es evidente la distancia que existe entre el escandaloso performance de la mayoría de los constituyentes del proceso pasado, y el trabajo serio, responsable y republicano de los consejeros que han liderado el actual proceso. Sin embargo, la discusión no se trata simplemente del comportamiento de los representantes sino del debate de fondo, de contenidos, respecto a la elaboración de una propuesta constitucional que, efectivamente, signifique un avance respecto a la Constitución vigente, pilar del progreso social de Chile durante las últimas décadas.

Existen en la propuesta constitucional diversos aspectos que vale la pena destacar, y que dan cuenta de una continuidad o reivindicación de las nociones centrales del orden vigente. En primer lugar, en el primer artículo es posible identificar un claro refuerzo a la idea de la dignidad de la persona humana, fundamento del orden constitucional. Ello, acompañado de la necesaria protección del derecho a la vida de quien está por nacer, y el reconocimiento de su calidad de sujeto y no objeto de derechos. Esto se suma al adecuado resguardo de la autonomía de las agrupaciones sociales -lo que protege la libre iniciativa de las personas-, y la mantención de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, que se concreta en medidas como la protección de la vivienda familiar y nuevas reglas de justicia tributaria que alivian el costo de los impuestos a las familias.

Por su parte, hay buenas noticias en lo que a libertades fundamentales se refiere. Existe un importante avance en materia de libertad de enseñanza y educación, protegiendo no solo el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y la existencia de proyectos educativos plurales, sino que además fijando algunos estándares respecto a los contenidos que puede determinar el Estado y también el modo en que se debe asignar el financiamiento a las instituciones educativas. Lo mismo ocurre en materia de salud y pensiones, dos temas particularmente sensibles para la ciudadanía, en que existe un claro resguardo al derecho a elegir que tienen los chilenos, ante el riesgo del estatismo asfixiante que suele proponer la izquierda.

En un tema distinto y un tanto más técnico, pero crucial para el buen funcionamiento de la actividad política, existen también buenas innovaciones en lo relativo al sistema político, a través de la reducción en el número de diputados -de 155 a 138-, la instalación del umbral del 5% de los votos para la representación parlamentaria y nuevas causales de cesación de los cargos parlamentarios para evitar a los díscolos. Esta cuestión es relevante si queremos dotar al proceso político de cierta estabilidad que permita a los distintos actores moverse en un marco más adecuado para reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones representativas y acabar con los vicios de la fragmentación y desconexión política.

En definitiva, parece claro que existen elementos realmente valiosos para la paz y la libertad de Chile en el actual proyecto constitucional, que recogen lo mejor de la Constitución vigente y que incorporan positivas innovaciones para los desafíos del Chile que viene: un país que ponga en el centro a la familia, que resguarde adecuadamente las libertades fundamentales, con un Estado moderno, al servicio de la persona humana y con las herramientas adecuadas para combatir el crimen organizado y el terrorismo.

Por ello, el desafío político hoy es salir a promover, con convicción y carácter, la propuesta del Consejo Constitucional, que se hizo cargo de la voz de la ciudadanía y que incorporó sus principales preocupaciones en el texto constitucional. Esto requiere generosidad política, sentido de futuro, convicción y compromiso, y dejar de lado las disputas electorales anticipadas y los cálculos de capital político. Chile tiene la oportunidad de poner término al proceso constitucional con una mejor Constitución para el futuro del país, que permita a la política abocarse a las verdaderas urgencias sociales con las libertades de los chilenos protegidas y herramientas para buscar la paz.