Hungría, parecidos razonables

DISTINTOS grupos parlamentarios de la Eurocámara han dejado en evidencia al Gobierno español porque durante la presidencia de la Unión Europea seremos el único país que impide un debate en el Consejo de Ministros de Asuntos Generales sobre las vulneraciones de derechos en Hungría. La carta está suscrita por los representantes de los grupos Popular, Socialista, Liberal, Verde e Izquierda Unitaria, y en ella sostienen, sorprendidos, que este debate se le va a hurtar a los europeos sin que parezca «que se haya producido ningún acontecimiento que justifique el retroceso de la presidencia española hacia el Gobierno húngaro». En definitiva, no entienden qué está motivando a Pedro Sánchez a no revisar la merma de derechos y libertades que se está produciendo en el país presidido por Viktor Orbán. El 1 de junio, el Parlamento europeo volvió a expresar, por enésima vez desde 2018, su «más profunda preocupación por el mayor deterioro de la situación de los derechos fundamentales en Hungría». Pese a ello, Hungría figura en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales tan solo para darse cuenta de un informe sobre la situación en el país y sin recurrirse a la audiencia-debate que exigían los grupos. Sí se incluye en cambio la discusión impuesta por España sobre la oficialidad de la lengua catalana en Europa.

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva años cuestionando la limpieza de los sistemas democráticos en Polonia y Hungría. Ambos países están sometidos a un régimen sancionador de la UE por carencias evidentes en su calidad democrática y por contravenir los valores europeos. Polonia está pendiente de un posible cambio de gobierno, pero Hungría no. Moncloa ha utilizado recurrentemente a ambos países como ejemplos de gabinetes ultraderechistas y antidemocráticos, y ha equiparado en numerosas ocasiones a la oposición del PP o Vox con las formas y maneras de los dirigentes de esos países. Lo extraño –o no tanto– es que ahora Pedro Sánchez pretenda proteger a Hungría. Con Orbán se han aprobado leyes restrictivas de los derechos de libertad de expresión, de información y de asociación, se ha legislado contra minorías y colectivos LGTBI, y se aprobó una normativa antiinmigración por la que ese país se negaba a acoger refugiados e inmigrantes y limitaba a las ONG. Eso fue calificado, también desde España, de «deriva autoritaria», y con razón.

La clave está en lo ocurrido en Hungría en 2018, cuando el Gobierno de Orbán aprobó una ley específica para crear tribunales administrativos dedicados en exclusiva a dirimir asuntos que afectasen al Gobierno, al margen de los tribunales ordinarios. Estaban directamente supervisados por el Ministerio de Justicia –algo contrario a la separación de poderes que exige la UE–, y se atribuía al ministro de Justicia influencia para nombrar a jueces y supervisar al resto de tribunales. Tiene sentido la interpretación que hacen distintos medios en Bruselas cuando sospechan que Sánchez quiere evitar a Hungría un mal trago durante esta presidencia europea por el riesgo de que ese país termine retratando al PSOE. Por ejemplo, con el control que ejerce el Gobierno sobre el TC, la parálisis del CGPJ, la designación de altos cargos gubernamentales como miembros del Constitucional, o la ley de amnistía en ciernes y los pactos con el separatismo, que permitirán el revanchismo y el ‘lawfare’ contra jueces independientes. Hungría no es un modelo a imitar. Pero las afirmaciones de nuestro Gobierno justificando la amnistía, su idea inconstitucional de renovar el Poder Judicial con la mera mayoría del PSOE y sus socios, y la anulación ‘política’ de condenas penales deslegitimando a nuestros tribunales, apuntan a que España y Hungría empiezan a parecerse demasiado.