Balance personal de política exterior

Cualquiera sabe que la política doméstica es indisociable de la externa. Baste comprobar hasta qué punto la inseguridad en que vivimos se vincula con la inmigración incontrolada, la permisividad de autoridades bolivianas de fronteras y el jactancioso “huracán bolivariano”. Pero, como los chilenos somos ombliguistas, sólo nos preocupa la política de andar por casa. Si tenemos conflicto con algún vecino, terminamos endosándolo a los abogados y a los jueces, que para eso están.

Valga lo dicho para concentrarme en los temas de la política exterior, fingiendo que pueden aislarse. Desde esa perspectiva, mi balance de presunto experto me dice -y lo lamento- que no estamos mejor que hace dos años. Y si se me pide una bajada periodística, diré que obedece a gestos y políticas oficiales que se alejan de las políticas de Estado y nos enajenan el cariño de potencias o países democráticos. Ahí están los casos, en orden cronológico, de España, los Estados Unidos, Israel y el Perú.

Confieso que el propio Presidente Boric me dio la clave de esa deriva cuando, invocando su atribución constitucional de “conducir” la política exterior, dijo que “la voz y la política internacional del gobierno la decido yo”. Aunque asumí esa frase como una declaración hiperbólica, me dio un cierto escalofrío, pues los temas de ese espacio van desde las condecoraciones intrascendentes hasta las políticas que se relacionan con la guerra y la paz.  Si se tomara en serio, la política exterior de Estado sería sólo una categoría del pasado.

Dime en quién confías

Hay que aclarar que la atribución presidencial de “conducir” las relaciones internacionales, contenida en el artículo 32 de la Constitución, se da en un contexto sistémico formal y legalizado. Esto significa que, en esas materias, el jefe de Estado cuenta con el apoyo especializado de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, concebidos (dicho sinópticamente) para mantener o promover la buena relación de Chile con otros países o para disuadir o impedir que otros países traten de jugarnos alguna mala pasada. A mayor abundamiento, como dicen los abogados, la propia Constitución limita la facultad del artículo 32, dando injerencia al Congreso en materia de tratados internacionales y exigiendo una ley para declarar la guerra.

¿A qué se debió, entonces, la hipérbole presidencial?

Mi respuesta es que rara vez los altos mandatarios llegan al cargo como expertos en temas internacionales y, por tanto, deben buscar asesorías confiables. El problema es que, para algunos, la confianza en la Cancillería es poca, porque su profesionalidad luce débil, en especial si se la compara con la de los militares. Cualquiera puede ser embajador o director, pero no cualquiera puede ser teniente. En cuanto a la confianza en el sector castrense, está condicionada por los recelos mutuos que vienen del pasado. Visto así, en vez de impulsar una mejor profesionalidad diplomática y una mejor relación con los militares, los presidentes suelen buscar asesores en otra parte, instalando el círculo vicioso de la “diplomacia de palacio”.

Pero también existe un problema coyuntural, que se da cuando la confianza del jefe de Estado depende más de las afinidades ideológicas, que de la institucionalidad establecida y de la jurisprudencia de la Historia. En tal caso y a semejanza del anterior, subestiman la importancia de la Cancillería, ignoran el ethos militar y buscan el consejo que desean encontrar, aunque luego digan que es hallazgo propio. A mi juicio, es lo que ha estado sucediendo en los dos años del balance.

Efecto insoslayable de esta situación, antes y ahora, es que ni los presidentes ni el canciller ni los altos cargos diplomáticos hacen docencia pública sobre temas internacionales y así los ciudadanos de a pie quedamos en el peor de los mundos: quienes saben no enseñan, quienes enseñan no saben y el secretismo cubre las complejidades de la política internacional.

Todos pierden en Fidae

Cabe agregar que la demora en designar un canciller como Alberto Van Klaveren, con experiencia certificada, no podía vencer el peso conjunto de la inercia y la polatrización. Y así es como, al filo del tercer año, llegamos a un caso de laboratorio: la desinvitación presidencial a la industria aeronáutica de Israel para que exhiba sus productos en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae).

Fue una decisión agresiva, pero explicada mediante un silogismo impecable, vinculado a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario: si las armas que emplea Israel para su represalia contra el terrorismo de Hamas están matando miles de inocentes en Gaza, Chile no debe exhibirlas en un evento promocional organizado por nuestra Fuerza Aérea.

Los adherentes a la causa palestina se alegraron, los miembros de la comunidad judía lo lamentaron y los neutrales entendieron (no era difícil) que era una secuencia más de la enemistad hacia Israel. Pero, como suele suceder con los temas macro de la política exterior, la cosa no era tan simple. En paralelo, expertos variopintos, excancilleres, exministros de Defensa, altos mandos militares en retiro de las tres armas y políticos incluso de gobierno, visualizaron la peligrosa conclusión del silogismo: afectaba a uno de los grandes proveedores de recursos para la defensa nacional y eso podía traer consecuencias graves.

En efecto, este punto mayor de la secuencia inamistosa no sólo arriesga una ruptura de relaciones con Israel -que no disgustaría a algunos políticos de gobierno-, sino la pérdida de un proveedor histórico, estratégico y confiable de plataformas, sistemas de armas y tecnología para las Fuerzas Armadas y Carabineros. Dicho metafóricamente, si Israel pierde una oportunidad comercial, Chile pierde potencial estratégico. Esto es, pierde seguridad internacional. A partir de esa implicancia asimétrica, ya se ha difundido una suerte de inventario de los ítem que nos proporciona la industria israelí, en un servicio gratuito para terceros interesados.

En resumidas cuentas, al margen de la polarizante política del primer ministro Biniamin Netanyahu, que tendrán que cobrársela los propios israelíes y a la cual he criticado en columnas anteriores, esa medida de solidaridad con el pueblo gazatí tiene un costo demasiado alto para Chile. Además, por la dinámica sombría de los alineamientos internacionales, incluso podría incidir en un cambio en los alineamientos geopolíticos vigentes. Para ilustrar esta posibilidad, baste recordar lo que significó para cubanos, nicaragüenses y venezolanos su deriva hacia la Unión Soviética como principal proveedor de armas.

La solidaridad empieza por casa

La moraleja política insoslayable del caso Fidae es que determinados principios sólo pueden ejercerse en solitario cuando se está en condiciones de “mover la aguja”. En Chile tenemos un ejemplo de la Guerra Fría que se olvida o se quiere olvidar. Se produjo cuando dirigentes de la Unidad Popular propusieron a Salvador Allende comprar material bélico a la Unión Soviética y otros países del campo socialista, por ser de similar calidad y mucho más baratos del que se adquiría en los Estados Unidos y países europeos. Consultado el general Carlos Prats por el Presidente, su cuidadosa respuesta negativa -está en sus Memorias- fue la siguiente: “No se nos escapa la trascendencia de los factores sicológicos implícitos en un compromiso de connotaciones políticas internas e internacionales y nos preocupan las complicaciones logísticas de mantener una larga línea técnica de suministros de repuestos y de reposición de consumos”.

El caso también nos deja una moraleja de comercio especializado. Es que no da igual antagonizar con un pequeño empresario proveedor de tablas de surf que con una industria que es proveedora de lanchas misileras, tanques y aviones. A este respecto, los gobernantes estudiosos deben asumir que los contratos respectivos tienen especificidades propias de los tratados internacionales. En lo fundamental, porque crean fidelizaciones mutuas (pacta sunt servanda), que rigen en el largo plazo o mientras se mantengan las circunstancias del pacto (rebus sic stantibus).

¿Otra vez Murphy?

Mi balance culmina, entonces, con la caducidad lamentable de nuestra política de Estado para el conflicto del Medio Oriente, orientada por dos grandes objetivos: Uno, el apoyo a un Estado Palestino independiente y a fronteras seguras para Israel. El otro, impedir que las asperezas de ese conflicto se “importen” a Chile, instalando un clivaje malsano entre el interés nacional y los intereses identitarios de las comunidades palestina y judía.

Espero que esa caducidad sea transitoria, pues me resisto a parafrasear esa ley de Murphy según la cual si algo peor puede suceder… pues sucederá. Lo digo porque, si nos informamos de lo que está sucediendo en el resto del mundo y si escuchamos cuán fuerte suenan los tambores de la guerra, también comprenderemos al menos dos cosas: que es peligroso dispararse a los pies por razones ideológicas y que nuestro deber es recuperar un Estado democrático que acoja, como antes, a los chilenos de a pie, a los chilenos judíos y a los chilenos palestinos.