O el Estado es empresario o no lo es

Cuando revisamos la realidad de las empresas en manos del Estado, notamos que todas están quebradas en libros y manteniéndose activas solo como principio social de sostener el empleo de gente que en realidad aporta muy poco; porque, Sidor, por ejemplo, trabaja a 10% de su producción posible, y mantiene una nómina completa que arma paros porque no les cumplen el contrato colectivo. Funciona más como administración pública que como empresa industrial siderúrgica.

No hay dogmas, hay paradigmas: O el Estado es empresario o no lo es. Y la posición no pasa por la posesión o no de empresas, pasa más bien por una línea de pensamiento que sirva de soporte a políticas de Estado.

Si esa línea dice que el Estado no es empresario, entonces deben comenzar a desmontarse los instrumentos legales y regulatorios que reafirman su dominio sobre los bienes y recursos de producción y servicio. Desatándose en consecuencia un proceso de desestatización que conduzca a la transferencia a manos privadas de las actividades empresarias, comerciales, de producción y de servicios que estén siendo desarrolladas por el Estado. Todo esto en el marco de una política clara y definitiva.

Porque, gane quien gane las elecciones, esas empresas ya no son sostenible ni en lo económico ni en lo ambiental; y en lo social, está en entredicho, porque por alimentar el presupuesto y reponer la pérdidas, se está utilizando con poca eficiencia el presupuesto que podría reorientarse a cubrir la parte de pobreza, la cual debería ir acompañada por programas de formación técnica y de oficios para cuando esto se recupere… que es algo que ocurrirá necesariamente, porque no estamos empobreciendo cada vez más. No creo que el cambio vaya a ocurrir ahora el 28 de julio… pero sin duda la presión masiva popular es para un cambio: y el chavismo no lo está ofreciendo, porque no puede.

Y ojalá yo esté equivocado y el cambio ocurra…

No hay que olvidar que un Estado, por definición, no persigue fines de lucro, mientras que una empresa sí. Si el Estado va a intervenir como empresario, debería haber aislado a sus empresas del ámbito de lo “sin fines de lucro”, para permitirles operar en igualdad de condiciones en los diferentes mercados en los que actúen, cosa que no se ha hecho en estos años, mezclando la política con las empresas.

Es como pagarse y darse el vuelto… es muy difícil que alguien se controle a sí mismo. El Estado y la empresa son lo mismo… y resulta difícil ocultarlo cuando el presidente de la empresa suele ser el mismo ministro de la cartera de adscripción; y esa fue una de las razones que dieron pie al concepto de alter ego.

Los gobiernos se han caracterizado por una orientación a la eficiencia, con poco éxito en la efectividad; mientras que las empresas, sin dejar de lado la eficiencia, deben consolidar la efectividad, pues si ellas no lo hacen, su competidor lo hará.

Porque lo que hemos visto es que el hecho de que el Estado decida ser empresario, no anula las leyes del mercado, simplemente se le aplican a él también, y no está preparado… porque son características conflictivas: uno controla y dicta las políticas, y el otro debe cumplirlas. Porque a partir de allí, el privado que decida invertir en esas empresas, cualquiera sea la figura asociativa, sabe que está expuesto a que cualquier golpe de timón político lo puede hacer perder la inversión.

Y la prueba más clara es la cantidad de demandas que tiene en su contra la República porque un día, la soberbia del jefe de turno, decidió que no le gustaba/ quería/ necesitaba a ese socio o a esa empresa, y la tomaba.

Nuestro problema de Citgo, además de haber cometido la imprudencia de poner sus acciones en garantía, es el conjunto de demandas pendientes que superan los 20.000 millones de dólares y que están actuando contra cualquier activo del gobierno de Venezuela en el exterior… y el que hay, esta vez es Citgo, pero en el futuro, en la medida que tengamos activos demandables, pues intentarán quitárnoslos.

Un Estado empresario tiene por principio, un poder extraordinario sobre el mercado, por lo cual debe autolimitarse, y lo más que puede intentar es tratar de simular una situación de competencia. Pero no se puede lograr, porque en realidad se trata de una ficción… la empresa cambia sus prioridades, y en vez de tener como objetivo la rentabilidad económica, comienza a ser medido por la rentabilidad política… y en esa línea de pensamiento, por la corrupción y el saqueo.

Porque la simulación planteada pretendería inducirle a la empresa una competitividad que, al no ser genuina, nunca se convertirá en una empresa excelente. Partiendo del principio de negocios de que la calidad no se obtiene por decreto, se obtiene porque es un buen negocio tenerla. Por eso, los servicios públicos serán buenos solo si es negocio que sean buenos.

Es difícil que coexistan empresas privadas y públicas en un mismo mercado, porque si a la pública no le interesa la rentabilidad, entonces su mecanismo de toma de decisiones será distinto y podrá crear distorsiones que en definitiva comprometerán la calidad del producto o servicio, y a la larga su continuidad.

Las empresas en manos del Estado se convierten en instrumentos de política y en vehículos de subsidios. Las políticas deben ser parejas para todos, y los subsidios deben declararse abiertamente como tales, como transferencias directas, y no como reducciones de precio en bienes o servicios.

Sin desconocer que existen áreas de servicio en las cuales el estado debe dar un subsidio por precio, pero debe dárselo a todos, a las empresas públicas y a las privadas. Algunos ejemplos son el transporte subterráneo y las empresas de servicio eléctrico residencial, que siempre requerirán un subsidio en el precio, ya sea que las empresas sean públicas o privadas.

Porque una empresa en manos del Estado siempre, en nuestro caso venezolano, terminará perdiendo dinero y hasta quebrada. Podrá pasar por algún período de buena gestión, pero, casi sin duda, terminarán mal… y tenemos a la vista cualquier empresa del Estado que tomemos al azar… incluso Pdvsa, que a estas alturas podemos decir que estar en manos del Estado, a la larga o a la corta, siempre terminarán quebradas, o como eternas sobrevivientes.

Hay que reconocer que, si se le induce a una empresa toda la carga de control y fiscalización estatal, o bien la saca de mercado, o bien la obliga a tener pérdidas. Esto implica sacarlas de la esfera de los ministerios o entes tutelares o de adscripción (para evitar la contradicción de los manejos administrativos, niveles salariales, carreras, bonos por producción, métodos de contratación, corrupción y sistemas de control, entre otros que se han evidenciado en los últimos veinte años).

También debe asegurarse que los nombramientos en esas empresas, a todos los niveles, sean basados en un esquema de carrera por mérito y resultados, y que los más altos cargos se decidan por concurso de credenciales y con la aprobación de una comisión especial del Congreso/ Asamblea, debiendo durar en sus cargos el tiempo que establezcan los estatutos. De esa forma se independizaría el ámbito político (de alta influencia a nivel de Gobierno) del ámbito empresario.

Una empresa pública debe poder quebrar y solo permitir reposición de capital cuando las condiciones de rentabilidad y nicho de mercado a mediano plazo, lo aconsejen.

Porque debería haber una separación formal entre la generación de políticas sectoriales y la gerencia de la empresa. Esto es, que la actividad se regula en su conjunto, y las empresas, las públicas y las privadas, las cumplen. Esto debe reflejarse en la independencia de las juntas directivas con respecto a la acción de Gobierno.

De otra manera se estarán enviando señales negativas a los empresarios privados, por aquello de que, si una empresa juega con reglas distintas a las de perseguir la rentabilidad económica, entonces se perjudican las que sí lo hacen pues por seguir un marcador de competencia, podrían tener que asumir pérdidas y tener que abandonar la actividad. Por eso las señales son importantes para atraer o espantar al inversionista.

Claro, todo esto asumiendo que un gobierno que decide mantener un rol empresario, también decide que coexistirá con empresas privadas… situación que podría cambiar en un caso de máxima radicalización al estilo cubano… lo cual puede responder al escenario de nicaragüización que está planteado como una posibilidad que cada vez tiene porcentajes más altos de ocurrencia.

Dios no lo quiera, pero las señales débiles de hace unos meses, se van consolidando. Lo mismo que el escenario de malvinización que tiene probabilidad más baja de ocurrencia, pero sigue en el rango de las posibilidades.

El proceso de toma de decisiones empresarias se mueve en un plano totalmente distinto al de la toma de decisiones de Gobierno. Si un gobierno quiere que las empresas (públicas y privadas) tomen decisiones alineadas con su política de Estado, debe crear las condiciones económicas para que así sea.

Lo que es bueno para el Gobierno, no puede ser malo para la empresa, y viceversa.

Aquí es bueno hacer un recuento histórico de cómo el Estado se convirtió en empresario cuando:

• las necesidades de capital para el desarrollo del país no podían ser cubiertas por el sector privado, nacional o extranjero, pues en sus etapas iniciales no había seguridad sobre la rentabilidad de los proyectos; y sí había una necesidad de intentarlo,
• la baja rentabilidad de la actividad dejó desatendidas áreas sociales y geográficas, y
• la característica monopólica de la actividad generaba vulnerabilidad.

Así asumió las rutas del transporte aéreo y creó industrias básicas, asumió los servicios telefónicos y todos los demás servicios públicos, y creó empresas para todo aquello que creyó necesario para impulsar al país en una época dada.

Era una época en la cual casi todos los países europeos y en desarrollo (como nos llamaban) estaban en una misma línea y por consiguiente no se generaban distorsiones: la figura del consumidor, y del cliente como tal, aún no habían nacido.

El Estado trató de utilizar sus empresas como instrumentos de política, creando así una nueva distorsión, pues en vez de regular específicamente la actividad para orientarla, utilizó su gran poder de influencia en los mercados para impulsar, a través de sus empresas, decisiones de precio, de calidad, de contratación de gente, de compre solo nacional, y en general, políticas que confundieron tres ámbitos que deberían haber estado separados:

• el de Gobierno,
• el político, y
• el empresario.

Pero los tiempos cambiaron, los mercados se hicieron más complejos y la actividad empresarial privada se sofisticó, a tal punto que los estados tuvieron que optar entre participar, corriendo desde atrás, en los mercados comerciales, o privatizarlas, focalizándose en:

• definir políticas y estrategias,
• desarrollar la infraestructura física, y
• ejercer el control y regular.

Para todos por igual, para las empresas públicas y para las privadas. Se dio cuenta que dejar libre a unas y controladas a otras, impediría maximizar el uso de los recursos y posicionar al país en una situación privilegiada.

Por eso, en el equilibrio del manejo empresario, hay que guiarse por el axioma de “Competencia cuando es posible, regulación cuando es necesaria”. Y así, seguro tendrá unas guías, sobre qué se debe hacer, pero principalmente que es lo que no se debe hacer.