Al observar el comportamiento de los gobiernos democráticos de Brasil, Colombia y México, de cara al autogolpe electoral ocurrido en Venezuela, no nos dejan de sorprender. Con fingido ludibrio entierran sus haceres como socialistas del siglo XXI parteados por el Foro de Sao Paulo, se tamizan en el Grupo de Puebla, y se empeñan en lograr una suerte de sincretismo de laboratorio entre Nicolás Maduro Moros y Edmundo González Urrutia.

Celso Amorín, faltando a la verdad, deja correr que ambos candidatos no prueban haber ganado como lo dicen durante la justa presidencial del pasado 28 de julio. Omite que cada comprobante electoral, de los que posee copia auténtica la líder de las fuerzas democráticas María Corina Machado, es uno solo. No son dos que puedan compararse, para decidir cual vale y cual no. Y lo cierto es que las papeletas electorales, reunidas en casi 81,7% por quienes apoyaron a González Urrutia y que oculta el Poder Electoral con abierto desprecio por la ley y el principio de transparencia, prueban que este es el presidente electo de los venezolanos. Venció por un margen de más del 30% a Maduro Moros. Lo confirman la OEA y el Centro Carter.

Pero la cuestión del sincretismo significa homologar moralmente a las partes en sus pretensiones, también omitiéndose que el pueblo venezolano acudió a las urnas de forma masiva para vencer a la dictadura en su contumacia fraudulenta. ¿O acaso Petro, Lula y López Obrador no tienen claro este elemento de absoluta pertinencia? ¿O cabe recordarles lo elemental, con un texto a mano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? “La concentración del poder implica la tiranía y la opresión”, dice esta, casualmente en su fallo consultivo donde declara que es contraria a la democracia la reelección presidencial indefinida. Precisa que no es convencionalmente aceptable ni democrático el ejercicio del poder por un tiempo mayor a dos períodos constitucionales.

Maduro Moros, que llega al poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, como vicepresidente y encargado presidencial estaba impedido constitucionalmente de ser candidato. Lo habilitó el Tribunal Supremo que de nuevo intenta validar su reelección a perpetuidad. Para entonces, Henrique Capriles impugna ante este dicha elección por mediar una diferencia extraña de 1,5 puntos porcentuales otorgados a Maduro por el Poder Electoral en el año señalado. La respuesta de los jueces supremos de la tiranía fue palmaria: Si reclama se le persigue, penalmente. Es la historia que se repite.

¿En qué quedamos, pues? A Lula y Amorim –Éminence rouge– ¿nada les dice que el señor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral que anunciara la victoria del tirano y luego le declara presidente electo sin haber realizado escrutinio alguno, es el mismo personaje que meses atrás, como contralor de la República, inhabilitó a Machado para ser candidata? Lo hizo sin rubor y sin que mediase expediente o juicio alguno en la materia.

¿No les resulta irrelevante que la propia Machado, instada por los garantes de los Acuerdos de Barbados – entre estos Estados Unidos – y a fin de que las elecciones presidenciales tan esperadas y obstaculizadas por el régimen fuesen posibles en Venezuela, al término cumpliese? Acudió ante los jueces supremos del horror exigiéndoles eliminar su inhabilitación forjada y fraudulenta, mientras que estos, otra vez sin expediente ni deliberación, bajo instrucciones de Maduro, le cerraron el paso a su candidatura.  Hoy conocen de la acción planteada por Maduro, para purificar con la legalización de la ilegalidad su larga tiranía.

¿Qué busca salvar Lula y su comandita? ¿La paz en Venezuela? ¿Habrá paz sin justicia ni verdad? ¿Es ejemplarizante para la región desconocer a la soberanía popular que se ha manifestado, para facilitarle el camino a Maduro ante la posibilidad de que se retire en sana paz? ¿Lo creen?

Hagamos historia otra vez. Maduro Moros fue el garante de los Acuerdos de Mayo, en 2003, mediados por la OEA y el Centro Carter a propósito del referéndum revocatorio al que fue sometido Hugo Chávez Frías. Pero ni este ni Maduro respetaron los acuerdos. Se burlaron, como lo ha hecho Maduro con los Acuerdos de Barbados.

El TSJ que dirime el destino “electoral” venezolano en 2024, evitó que Chávez fuese revocado, cambiando fraudulentamente la figura constitucional del referéndum –bastaba un solo voto más sobre la votación con la que fue elegido para hacerlo cesar– y al efecto declaró que se trataba de un plebiscito. Y el causante y padre del actual causahabiente siguió en el poder hasta su muerte. Luego, como Bolívar, al crear Bolivia, ordenó su sucesión desde La Habana como si se tratase de un monarca tutelado por el Derecho divino de los reyes.

¿Aceptarían los conciudadanos de Lula, López Obrador y Petro, que hiciesen algo parecido en sus países, impunemente?

A la democracia la salvan los votos, cuando son respetados. Así de simple. Y valga un post scriptum para desnudar a los provocadores de oficio, como el expresidente Samper, que gobernara a su nación financiado por el narcotráfico, ya que dice, para intrigar, que González Urrutia es el segundo tomo de Juan Guaidó.

Juan no fue presidente ni fue elegido como tal, sino que, como cabeza del parlamento, ante la ausencia de un presidente electo y la falta en Venezuela de unas elecciones libres, cumplió con el deber constitucional de cuidar el poder como encargado del Poder Ejecutivo. Y esas elecciones esperadas llegaron tras mucho traspié, son las del 28J y el pueblo soberano se impuso. Se dio un presidente electo que goza –según la Carta Democrática Interamericana– de legitimidad de origen. Se hizo, en su yunta con la madre doliente de las víctimas de la tiranía, María Corina, de un caudal de votos que en porcentaje no alcanzan ni Lula, ni Petro y tampoco López Obrador.

Pronto habrá elecciones en Brasil y también en Estados Unidos. Las memorias de sus pueblos están frescas. Siguen con atención lo que pasa en Venezuela.

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