Bukele devuelve a El Salvador a 1992
“La imagen cuidadosamente forjada del señor Bukele como un joven innovador y reformista con iniciativa, con gorras de béisbol y bitcoin, se está desvaneciendo, para revelar a otro dictador latinoamericano de piel fina”, publicó recientemente la prestigiosa revista británica The Economist.
El presidente Nayib Bukele lidera una regresión autoritaria en el país que ha llegado a niveles sin precedentes durante el último mes. Con todas las instituciones bajo el brazo, dictó cárcel a voces que lo irritaron en mayo de 2025, a las puertas de inaugurar su séptimo año consecutivo en el poder, el segundo de su mandato inconstitucional.
En los últimos 30 días, más de una docena de periodistas salieron del país por temor a ser detenidos; una defensora de derechos humanos y activista anticorrupción de alto perfil fue arrestada; dos días después, se aprobó una ley que ejerce control a organizaciones y periódicos independientes y crea un impuesto del 30 % a sus ingresos del exterior; una protesta pacífica de campesinos cooperativistas fue reprimida por la policía militar, un hito que no ocurría desde el final de la guerra; el líder de la comunidad y su abogado fueron detenidos y acusados de delitos solo por participar en la manifestación. Estas detenciones se sumaron a los arrestos de 14 transportistas que el propio Bukele ordenó desde sus redes sociales, uno de ellos murió preso sin haber sido presentado ante un juez.
La única universidad salvadoreña que se financia con dinero del Estado se pronunció en contra y la iglesia católica salvadoreña pidió que no se persiguiera a defensores de derechos humanos en su carta pastoral. El Hilo de Radio Ambulante lo llama el “mayo de furia”. En nuestro podcast El Resumen hemos detallado cada uno de los pasos de esta secuencia (disponible desde el 31 de mayo).
El 1 de mayo, este periodico publicó una entrevista que recoge las confesiones de un exlíder pandillero que confirmó las negociaciones de Bukele con las pandillas, que desde El Faro hemos investigado por años. La publicación en video era prueba en sí misma que cabecillas de pandillas estaban en libertad.
Esta entrevista provocó que en la Fiscalía General de la República se alistaran órdenes de captura contra siete periodistas de esta redacción, como denunciamos en un video en vivo el 3 de mayo. The Washington Post publicó en su portada el 18 de mayo que miembros de El Faro habían huido por esa razón.
Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) este mes se registraron 12 casos de “movilización preventiva y forzada por temor a una detención arbitraria o por amedrentamiento de los cuerpos de seguridad”. Esa cifra es igual a todos los casos que la Apes registró en 2024.
El 12 de mayo, la cooperativa El Bosque, una comunidad bajo amenaza de desalojo, se manifestó pacíficamente cerca de la residencial privada donde vive el presidente Bukele, para pedirle ayuda. Un cuerpo de seguridad que no había sido utilizado desde que la paz se firmó en 1992 cercó a los manifestantes. La protesta terminó con la captura del presidente de la cooperativa de campesinos, quien es también pastor evangélico, y con la detención de un abogado y defensor ambientalista de derechos humanos que daba asesoría jurídica a la comunidad. Ambos permanecerán en prisión por seis meses mientras esperan juicio.
Para ese entonces, Bukele ya había encarcelado a una quincena de transportistas que supuestamente se negaron a cumplir una orden que dictó por redes sociales un día antes por la noche. Uno de los propietarios de las rutas de buses, Roberto Jaco, falleció bajo custodia sin haber podido defenderse ante un juez. Actualmente, 12 buseros enfrentan el proceso penal en libertad.
La noche del domingo 18 de mayo, la escalada autoritaria de Bukele llegó a su punto más alto. Con engaños, la Policía sacó de su casa a la defensora de derechos humanos y prominente activista anticorrupción Ruth López, de la organización Cristosal, y luego le dijeron que estaba arrestada por supuestamente haber contribuido a malversar fondos públicos en un trabajo que dejó hace 10 años. La noticia causó revuelo nacional e internacional, la revista The Rolling Stone y el New York Times reportaron su detención. The Economist la llamó “la primera prisionera política de alto perfil” encarcelada por el gobernante salvadoreño.
Con 17 detenciones dictadas en menos de un mes, Bukele coronó su escalada autoritaria con una Ley de Agentes Extranjeros, similar a la de la dictadura nicaragüense, que decidirá qué organizaciones, medios de comunicación y hasta personas naturales, podrán trabajar en El Salvador. Las que tengan el visto bueno del régimen sufrirán un impuesto extra de 30 % sobre el dinero que reciban desde el exterior. Quienes no cumplan con la ley podrán enfrentar también la cárcel si así lo considera la Fiscalía.
El abogado y activista Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez este viernes en tribunales. Foto: Victoria Paz (MalaYerba).
Los acontecimientos de mayo han hecho que la Universidad de El Salvador, la única casa de estudios superiores del país que se financia con dinero público, y la iglesia católica nacional, eleven sus voces con más fuerza contra las medidas del Gobierno. Los obispos expusieron en su carta pastoral “que no se persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esta función” y también pidieron terminar con el régimen de excepción vigente desde hace 40 meses, “ahora se trata de permitir al pueblo ejercer su libertad sin presión alguna”, suscribió la conferencia episcopal.
La escalada autoritaria de mayo ha mostrado al mundo el rostro de un Bukele que usa la cárcel como instrumento para tener a raya a sus críticos mientras gobierna un país en el que permanecen las desigualdades sociales y cuya pobreza se ha profundizado.
