Néstor Suárez
PhD en Economía
Cientos de dirigentes políticos abrigan un serio temor ante la desestatización y la privatización.
Pero es absolutamente infundado, como veremos a continuación.
Ellos razonan del siguiente modo:
-Cuando no haya más empresas del Estado;
-Cuando las empresas que explotan los recursos mineros y energéticos pertenezcan a los privados, e igualmente todas aquellas empresas que alguna vez se llamaron “básicas”,
-Cuando las tierras cultivables, las fincas, empresas agropecuarias y agroindustriales también sean privadas;
-Cuando toda empresa -comercio, transporte, turismo, servicios, crédito y finanzas, etc.- deba competir con otras de similar naturaleza e igual oferta por el favor del público;
-Cuando todas las empresas puedan ser declaradas en quiebra, incluso las empresas financieras, bancarias y bursátiles;
-Cuando todos los centros educativos y de atención médica -administrados por su propietarios- deban someterse a la elección popular diaria de los usuarios actuales o potenciales de sus servicios;
-Cuando la gente pueda decidir cuáles espectáculos artísticos, recreativos o eventos deportivos, apoyar con su dinero, pagando precios en taquillas, según su elección-, en lugar de sufragar impuestos para sostener aquellos señalados por los dedos gubernamentales;
-Cuando no haya tanto reglamento que imponga la necesidad de incurrir en costos innecesarios y rogar por favores especiales;
-Cuando los impuestos sean mucho menores, porque no sean necesarias las actividades de tantos legisladores, reguladores, supervisores y fiscalizadores;
-Cuando los partidos políticos, gremios y ONGs de diversos fines se sostengan con recursos sacados voluntariamente de los bolsillos de las personas que les apoyan;
-Cuando incluso la moneda circulante sea cuestión de elección por los usuarios, o estos por lo menos gocen de la estabilidad de una moneda respaldada y libremente convertible;
-Cuando no haya tantos pobres y entonces no sean necesarios tantos programas “sociales”;
-Cuando los impuestos se destinen solamente para sostener la administración de justicia (tribunales, fiscales, policías, etc.), defensa y seguridad, educación, salud y funciones propias de gobierno;
Ellos se preguntan: ¿Qué haremos los políticos?
El temor es totalmente infundado. Porque si bien actualmente la actividad política sirve de refugio a mucho pillo y no poco incompetente, también hay excelentes políticos en este país, personas honestas, muy inteligentes. En todos los partidos. Muchos tienen al menos una demostradamente buena cualidad: dotes organizativas y de liderazgo. Y muchos tienen además otra, que, si bien es un poco más rara, no es del todo infrecuente: auténtica vocación por el servicio público y la solución de problemas.
Entonces, cuando todas esas cosas apuntadas por fin estén sucediendo, esa amplia categoría de políticos honestos va a estar muy ocupada en empleos mucho más productivos, mejor remunerados e incluso de mayor prestigio social, que los que ahora tienen.
Porque sin duda, según sus distintas orientaciones y cualidades profesionales estarán al frente, no ya de campañas electorales y oficinas estatales; lo estarán de fincas, comercios, empresas, periódicos y medios radioeléctricos de comunicación, bancos e institutos financieros, empresas de comercio exterior, centros docentes, deportivos, artísticos, de atención médica, etc.; en pocas palabras: como ejecutivos o directores, estarán ganando buen dinero, haciendo negocios, y/o liderando y administrando genuinas instituciones de servicio público.
Por ahora hay unos pocos pioneros que se animaron a ingresar al sector privado, cruzando una frontera que es muy borrosa, pero que cuando todas esas cosas se materialicen, todo será más claro y nítido.
O sea, que no estarán desocupados, ni siquiera haciendo cosas muy distintas de las que hacen ahora. Sólo que las harán en otro marco, otro contexto, otras condiciones.
Todos viviremos mucho mejor. Y los políticos también.
El plan de privatización en Venezuela traerá un futuro próspero y sostenible con beneficios directos para todos los venezolanos.
A continuación, se presentan los objetivos más relevantes del plan de privatización que se propone aplicar:
Vender todas las empresas públicas con la intención de energizar el aparato productivo nacional creando empleos de calidad y bien remunerados.
Licitar en forma transparente dichas empresas para atraer inversionistas, operadores y empresarios de categoría mundial que quieran invertir en una Venezuela moderna.
Otorgar seguridad legal y financiera a todos los inversionistas que adquieran las empresas vendidas por el Estado.
Generar ingresos extraordinarios para el Gobierno nacional.
Reducir drásticamente el tamaño del Estado para que no pueda oprimir y coartar la libertad de los ciudadanos.
Eliminar los subsidios con recursos públicos a las empresas que generan enormes pérdidas recurrentes.
Hacer más eficiente el gasto público, concentrándolo en las tareas propias e indelegables del Estado: justicia, seguridad, salud y educación.
Bancarizar a toda la población otorgándole el derecho de abrir una cuenta de valores (securities account) en la cual recibirán las acciones que les correspondan de las empresas públicas a privatizar. De esta manera se hará efectiva la participación directa de los venezolanos en la riqueza que es de todos.
La propiedad privada será sagrada porque representa la verdadera esperanza de los pobres para una vida mejor.
