Chitty La Roche: Observaciones sobre la importancia de la libre expresión (2)

«La libertad de prensa es uno de los principales baluartes de la libertad y sólo puede ser coartada por un gobierno despótico». Sección 12. Declaración de los Derechos de Virginia

“Y la opinión pública se controla por medio de la opinión publicada”. Juan F. Martínez Seco

Uno de los temas más difíciles de asir en su esencia y por su complejidad es el de la libertad de prensa e información, y entiéndase a lo más ancha su expresión, por lo que llamaremos medios de comunicación que son más que la imprenta y audiovisuales y últimamente redes sociales.

De un lado, sintonizamos un derecho fundamental protegido por nuestra constitución y por los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos e inclusive, ni siquiera en medio de Estados de Excepción, puede ser suspendido el derecho a la información, valorado como el derecho a la vida, prohibición de incomunicación y tortura, así como el debido proceso.

No obstante, esa libertad conoce desde la antigüedad profundas restricciones para evitar los abusos y maneras de perjudicar a los eventuales destinatarios de los comentarios e informaciones que se viertan sobre ellos pudiendo traducirse en lesiones a su imagen y reputación.

En términos sencillos, la libertad de prensa acarrea responsabilidad del emisor y/o editor, así como de aquel cuyos señalamientos personalizados muestren una orientación distinta a aquella que se encuentre en el límite de la verdad, y aún existe una reserva cuando la misma se considere dañosa para la sociedad y/o alguna persona en particular. No olvidemos ese otro derecho a proteger que apunta hacia la esfera personal de cualquier conciudadano.

Aquella frase devenida en locución de Ferdinand Lasalle y que adorna la primera edición de “L ordine Nuovo”, auspiciado por Antonio Gramsci, cabe siempre traerla aquí para destilar la ontología del ejercicio de esa libertad ciudadana fundamental: “Decir la verdad es revolucionario.” 

La verdad es una poderosa arma política, social e institucional, y su alcance compromete a la sociedad misma, la afecta, la solivianta, la persuade, la equipa de razones que se insertan en su consciencia.

A menudo el poder que, por cierto, no es por lo general muy escrupuloso y con una ontología tan egocéntrica y ególatra, tiene y asume como antagonista a los autores y/o actores de las notas de opinión y de prensa que lo contradigan o señalen y desnuden sus carencias, falencias, abusos y desviaciones.

Aunque superado el principio del legibus solutus del monarca absoluto y sustituido por el poder responsable que es propio del Estado republicano constitucional garante de las libertades y derechos humanos fundamentales y del Estado de derecho, social, democrático y de justicia, el poder conserva sus tendencias innatas a acumularse y rechazar al derecho como dijere el maestro Luigi Ferrajoli.

De allí que en las antípodas de las revoluciones se ha atendido como aporía de todas las aporías aquella que persigue limitar al poder con el derecho que lo regla y organiza su funcionamiento. Más importante aún, repito, como un cambio capital, se le ha hecho responsable al poder, política y jurídicamente, además.

Empero un duelo se cumple entre el poder y la libertad de expresión y de prensa, especialmente. No solo por la verdad y su significación en una democracia constitucional, sino por su enjundia para la justicia que debe preservar los términos del contrato social y la soberanía que, entre otras maneras, se formula por sus normas y con sus instituciones.

Ese desafío, ese peligro latente, desafortunadamente, no existe en los sistemas corrompidos por devenir en autocracias, autoritarismos abiertos y formulaciones totalitarias y entre ellas, los estados religiosos. Si pudiera hablarse de ciudadanía lo que me luce en esos escenarios inapropiado, no se les permite a los susodichos accionar a su arbitrio y trascender, sometidos y a la censura orgánica y funcional, a la ideología totalizante, excluyente, represiva y así, para conservar la vida, deben reducirse al mínimo en los espacios públicos.
Que se trate de Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Rusia, pero igualmente se verifica en latitudes más cercanas, un forcejeo franco y constante en democracias sujetas a procesos y centrifugas avasallantes desde el poder y sus liderazgos que ponen a prueba las fortalezas republicanas y democráticas y a menudo despojan las sociedades de esos caracteres, arribando a presentaciones constitucionales que acaso califican como ontológicamente “semánticas,” por parafrasear a Karl Loewenstein y su celebre Teoría Constitucional.

Es frecuente encontrar en la historia y en el presente, episodios que exhiben luchas entre el derecho a informar y la libertad de prensa y aparatos de poder nacional populistas y /o ideologizados, que en su naturaleza no pueden convivir, coexistir con la crítica y la disidencia.

Trump en USA protagoniza un combate que involucra al espectro todo de la sociedad pública en los variados institutos del poder público y de la sociedad civil y todavía más, promueve la irracionalidad de un poder que incluso se militariza, contra el ciudadano únicamente armado de su conocimiento de los derechos humanos y sus garantías como el debido proceso. Como paso aquí en 1999, allá en USA, la Corte Suprema de Justicia tolera y se mimetiza al “arrebatón ideológico” que la irradia, en perjuicio de la tradición, la legitimidad y la justicia.
Otro maligno también se manifiesta eventualmente y se trata de la oligarquización de los dueños e intereses que sesgan las informaciones y la verdad inclusive, de los medios de comunicación, haciéndolos apartarse del derecho y deber de informar para mediatizar la actividad y orientarla hacia fines contrarios a los principios que hemos antes mencionado. El caso Berlusconi y más recientemente las colisiones de las grandes cadenas y consorcios en los Estados Unidos de América son evidencias de otras imposturas que contaminan la información y la tergiversan a placer.

En Venezuela, luego de 26 años de un amago de revolución que se militarizó y se desquició, se ha derivado hacia un poder precisamente “ideologizado por la fuerza” que simplemente acalla la información; más de 400 emisoras de radio han sido silenciadas, intervenidas, secuestrados sus equipos y perseguidos los comunicadores sociales. El ejercicio del periodismo e incluso aquel reporteril se ha criminalizado y, los que aun trabajan están censurados por Conatel o los cuerpos policiales de seguridad política. Se obvia el diálogo o se burla acérrimamente.
Hay poco espacio para la libertad de expresión y tampoco para la crítica, la protesta y la vulgarización de la opinión disidente. No hay libertad de prensa entonces, los programas de opinión son editados y adulterados. La autocensura completa el trabajo que nos permite concluir que somos, de alguna manera, otra pseudorepública del silencio, como aquella que denunció Sartre en la Francia ocupada de Vichy.

Nelson Chitty La Roche, nchittylaroche@hotmail.com, @nchittylaroche