BOSTON – La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por la administración Trump marca un punto de inflexión para el derecho internacional y el orden mundial. Por supuesto, no es la primera vez que Estados Unidos interviene en los asuntos internos de otro país. Acciones como esta no fueron infrecuentes durante la Guerra Fría. Incluso ya cerca del fin de esa era, en diciembre de 1989, Estados Unidos derrocó al gobernante de facto de Panamá Manuel Noriega (también acusado de narcotráfico).
Pero en todos los casos previos hubo una diferencia crucial respecto de la captura de Maduro. Las acciones pasadas de Estados Unidos (por más que fueran cínicas y sólo obedecieran a consideraciones de realpolitik) se mostraban bajo una apariencia diferente. Durante la Guerra Fría, las instituciones y la democracia estadounidenses (más allá de sus imperfecciones) eran preferibles a la represión soviética. Antes de Donald Trump, los presidentes estadounidenses podían afirmar en forma creíble que defendían la democracia y un «orden basado en reglas»; y Estados Unidos todavía tenía instituciones funcionales para controlar al ejecutivo y autorizar intervenciones en el extranjero.
Es verdad que la apariencia siempre fue frágil. En varios casos (como el derrocamiento de Patrice Lumumba en la República Democrática del Congo en 1960, el golpe de Estado contra el primer ministro iraní Mohammad Mossadegh en 1953 y el apoyo a dictaduras brutales en toda América Latina, desde el régimen de Somoza en Nicaragua hasta el gobierno del general Augusto Pinochet en Chile), la defensa de la democracia fue poco más que un eufemismo.
Pero en los casos mencionados, las actividades ilegales de la CIA terminaron siendo investigadas por el Senado (por ejemplo, las famosas audiencias del Comité Church en 1975). Las instituciones y normas políticas estadounidenses eran mucho más sólidas que hoy, lo que impidió detener o neutralizar la supervisión del Congreso. Se le puso freno a la CIA, al menos por algún tiempo.
La extracción forzosa de Maduro es algo nuevo, en parte porque las instituciones estadounidenses se han vuelto mucho más débiles y menos democráticas, pero también porque se ha abandonado cualquier apariencia de legitimidad. Lo único que queda es un interés propio estrecho y egoísta.
Es verdad que Maduro era un dictador brutal que reprimió a la población venezolana, destruyó la economía, amañó elecciones y encarceló y asesinó a opositores. Human Rights Watch (que no es ningún vocero del gobierno estadounidense) y Naciones Unidas han documentado una importante cantidad de ejecuciones extrajudiciales autorizadas por Maduro. Casi ocho millones de personas han huido de Venezuela para escapar de su reinado de terror y de su incompetencia económica.
Pero falta ver qué pruebas tiene la administración Trump de que Maduro era el jefe de un cártel narcotraficante. Las frecuentes referencias de Trump al petróleo venezolano y al dinero que podrían ganar las empresas estadounidenses deberían ser señales claras de que aquí no se trató de ayudar a la población venezolana o apuntalar la democracia, sino de una promoción descarada de los intereses de Estados Unidos y sus empresas. Interpretación que se refuerza por el respaldo provisorio del gobierno estadounidense a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en vez de a los políticos opositores que obtuvieron el mayor apoyo de la población en las últimas elecciones.
Es verdad que el combate al comunismo durante la Guerra Fría también respondía a los intereses de Estados Unidos, lo mismo que el apoyo a regímenes subordinados como el de la República Democrática del Congo (bajo Mobutu Sese Seko) y Chile (bajo el régimen militar de Pinochet). Pero cuando se abandona cualquier argumento de mejora de la vida de la población de un país y sólo quedan motivaciones financieras, la ecuación cambia.
Además, todo esto sucede en un momento crítico para la democracia de los Estados Unidos. El desmantelamiento de las instituciones que lleva adelante Trump hace difícil imaginar que él y sus secuaces vayan a rendir cuentas alguna vez por sus actos ilegales. Pero para un país capaz de destituir en forma unilateral y discrecional a gobernantes extranjeros, las únicas restricciones posibles tienen que ser autoimpuestas.
De modo que hasta aquí llegó el «orden basado en reglas». Este término llevaba implícita la existencia de reglas de las que Estados Unidos sería el principal fijador y ejecutor en su papel natural de potencia hegemónica mundial. Pero Estados Unidos ya no es una potencia hegemónica. En las últimas décadas perdió buena parte de su poder blando (sobre todo tras la aparición en escena de Trump) y China se ha convertido en un rival económico, militar y tecnológico creíble. Es decir que cualquier idea de un orden basado en reglas necesitará otros fundamentos.
Una posibilidad la dio el filósofo Michael Walzer, quien hace más de 45 años sostuvo que en las relaciones internacionales, hay que partir del supuesto de que los gobernantes de todos los estados son «legítimos». El mero hecho de que un pueblo tolere a su gobierno y que este haya surgido de la historia y cultura del país debería llevar a los otros a suponer «que existe cierta “correspondencia” entre la comunidad y su gobierno».
Claro que habrá casos en los que el supuesto es insostenible, por ejemplo cuando un gobierno comete genocidio contra su propio pueblo. Pero aun así, la vara para no aplicar la postura por defecto debería ser muy alta. Además, el proceso para llegar a la conclusión de que un gobierno ha perdido su legitimidad debería ser multilateral y, preferiblemente, a través de una estructura institucional supranacional bien definida. No es una cuestión para que la decida un solo país en forma unilateral. Y el dictamen debe ser independiente de cualquier decisión (militar o de otro tipo) que se derive de él, para que ninguna institución actúe a un mismo tiempo como fiscal, juez y verdugo.
Puede que la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estén, o no, a la altura de la tarea. Si no lo están, será necesaria una nueva institución internacional. En cualquier caso, el equilibrio anterior a Trump ya era insostenible, porque permitía a Estados Unidos juzgar unilateralmente la legitimidad de otros gobiernos y emprender acciones contra ellos. Trump se quitó la máscara y llevó esa realidad al límite. En un eventual mundo post‑Trump, deberemos recordar estas enseñanzas y esforzarnos por crear un orden global basado en fundamentos filosóficos sólidos e instituciones más justas.
Traducción: Esteban Flamini
Pero falta ver qué pruebas tiene la administración Trump de que Maduro era el jefe de un cártel narcotraficante. Las frecuentes referencias de Trump al petróleo venezolano y al dinero que podrían ganar las empresas estadounidenses deberían ser señales claras de que aquí no se trató de ayudar a la población venezolana o apuntalar la democracia, sino de una promoción descarada de los intereses de Estados Unidos y sus empresas. Interpretación que se refuerza por el respaldo provisorio del gobierno estadounidense a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en vez de a los políticos opositores que obtuvieron el mayor apoyo de la población en las últimas elecciones.
Es verdad que el combate al comunismo durante la Guerra Fría también respondía a los intereses de Estados Unidos, lo mismo que el apoyo a regímenes subordinados como el de la República Democrática del Congo (bajo Mobutu Sese Seko) y Chile (bajo el régimen militar de Pinochet). Pero cuando se abandona cualquier argumento de mejora de la vida de la población de un país y sólo quedan motivaciones financieras, la ecuación cambia.
Además, todo esto sucede en un momento crítico para la democracia de los Estados Unidos. El desmantelamiento de las instituciones que lleva adelante Trump hace difícil imaginar que él y sus secuaces vayan a rendir cuentas alguna vez por sus actos ilegales. Pero para un país capaz de destituir en forma unilateral y discrecional a gobernantes extranjeros, las únicas restricciones posibles tienen que ser autoimpuestas.
De modo que hasta aquí llegó el «orden basado en reglas». Este término llevaba implícita la existencia de reglas de las que Estados Unidos sería el principal fijador y ejecutor en su papel natural de potencia hegemónica mundial. Pero Estados Unidos ya no es una potencia hegemónica. En las últimas décadas perdió buena parte de su poder blando (sobre todo tras la aparición en escena de Trump) y China se ha convertido en un rival económico, militar y tecnológico creíble. Es decir que cualquier idea de un orden basado en reglas necesitará otros fundamentos.
Una posibilidad la dio el filósofo Michael Walzer, quien hace más de 45 años sostuvo que en las relaciones internacionales, hay que partir del supuesto de que los gobernantes de todos los estados son «legítimos». El mero hecho de que un pueblo tolere a su gobierno y que este haya surgido de la historia y cultura del país debería llevar a los otros a suponer «que existe cierta “correspondencia” entre la comunidad y su gobierno».
Claro que habrá casos en los que el supuesto es insostenible, por ejemplo cuando un gobierno comete genocidio contra su propio pueblo. Pero aun así, la vara para no aplicar la postura por defecto debería ser muy alta. Además, el proceso para llegar a la conclusión de que un gobierno ha perdido su legitimidad debería ser multilateral y, preferiblemente, a través de una estructura institucional supranacional bien definida. No es una cuestión para que la decida un solo país en forma unilateral. Y el dictamen debe ser independiente de cualquier decisión (militar o de otro tipo) que se derive de él, para que ninguna institución actúe a un mismo tiempo como fiscal, juez y verdugo.
Puede que la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estén, o no, a la altura de la tarea. Si no lo están, será necesaria una nueva institución internacional. En cualquier caso, el equilibrio anterior a Trump ya era insostenible, porque permitía a Estados Unidos juzgar unilateralmente la legitimidad de otros gobiernos y emprender acciones contra ellos. Trump se quitó la máscara y llevó esa realidad al límite. En un eventual mundo post‑Trump, deberemos recordar estas enseñanzas y esforzarnos por crear un orden global basado en fundamentos filosóficos sólidos e instituciones más justas.
Traducción: Esteban Flamini