Armando Durán / Laberintos: Hacia la transición en Venezuela
¿Cuál será el desenlace de la crisis política y humanitaria de Venezuela? ¿Y, sobre todo, cuándo se producirá un hecho que según todas las encuestas más de 80 por ciento de la población desea ansiosamente?
Más allá de esta incertidumbre política y existencial que cada noche le arrebata el sueño a la inmensa mayoría de los venezolanos y que ha terminado por transformar al país en un turbulento mar de confusiones, la certeza de que la transición política en Venezuela ya está en marcha y es irreversible, se abre paso en las calles, sublevadas de punta a punta de la geografía nacional por la desesperación de la gente, y también en la comunidad internacional, harta al fin de verse obligada a convivir con un gobierno y un presidente a todas luces impresentables.
Tres hechos ocurridos el pasado martes 5 de julio, aniversario de la firma del acta de independencia hace 205 años, ilustran la inminencia de un cambio de gobierno y régimen que ya nadie puede negar.
El escenario del primer y muy simbólico suceso ocurrió a las 10 de la mañana en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que une las orillas colombianas y venezolanas del río Táchira. De este lado, la ciudad venezolana de Ureña y, del otro, la ciudad colombiana de Cúcuta. En medio, desde hace 10 meses, un compacto contingente militar impide por la fuerza el flujo natural de ciudadanos y mercancías en la que siempre ha sido la frontera más activa entre ambas naciones. Una situación que ha agravado muy seriamente la escasez de alimentos y medicamentos en esa región de los Andes venezolanos, pues Cúcuta era hasta ahora su principal fuente de abastecimiento y vida comercial, pero como siempre ocurre, la elasticidad de la paciencia ciudadana tiene sus límites. Sobre todo si se trata de la paciencia de madres que no tienen qué darle de comer a sus hijos y que al fin estalló en una protesta nunca vista, más de 500 mujeres enfrentadas sin miedo a la barrera de escudos antimotines que les cerraban el paso y obligaron a los soldados a echarse a un lado. En Cúcuta, las que disponían de pesos colombianos, pudieron comprar de todo, pero la mayoría, que sólo disponía de bolívares venezolanos, creyendo que al otro lado del puente aquellos billetes todavía conservaban su valor casi mágico de antaño, tuvieron que regresar a sus casas con las manos vacías. Todas satisfechas y felices, sin embargo, porque ni la fuerza bruta pudo detenerlas y porque ya saben que nada ni nadie podrá seguir cerrándoles el paso. A Cúcuta ni a ninguna otra parte.
Algo parecido comienza a agitar las aguas de la comunidad internacional. Por ejemplo, en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), que agrupa a los cuatro países del cono sur del hemisferio, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, a los que después se unió Venezuela, las relaciones del gobierno Maduro con los cuatro socios iniciales de la alianza ha sufrido un brusco cambio. De acuerdo con los estatutos del organismo, el próximo 12 de julio debía celebrarse una protocolar Cumbre presidencial para efectuar el traspaso de la presidencia rotativa de Mercosur a Venezuela. No parece, sin embargo, que este encuentro vaya a celebrarse. En los tiempos que corren ningún evento que involucre al gobierno Maduro es un acontecimiento ordinario. Si bien en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del pasado primero de junio Argentina y México lograron frenar una condena colectiva de Venezuela, primer paso en la estrategia de Venezuela y sus aliados para hacer fracasar la iniciativa que puso en marcha Luis Almagro con su demoledor informe de 132 páginas sobre la crisis política, económica y humanitaria que devasta a Venezuela, lo cierto es que en la reunión extraordinaria de ese Consejo solicitada por Almagro para debatir sobre la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela porque según sus argumentos el gobierno Maduro ha roto el hilo constitucional del proceso político venezolano, los Estados Miembros, con 20 de los 34 votos posibles a favor recibieron de buen grado el informe Almagro, y decidieron no votar a favor ni en contra de la solicitud hecha por Almagro y dejar en suspenso por el momento la decisión final sobre el caso Venezuela.
¿Era posible calcular que ante esta grave circunstancia se realizará el próximo 12 de julio una Cumbre Presidencial para entregarle la presidencia del organismo subregional al gobierno Maduro sin ningún contratiempo? Claro que no. Por lo pronto, el gobierno de Paraguay, que le había brindado a Almagro y a su informe sobre Venezuela todo su respaldo, planteó que de ningún modo resultaba aceptable ese previsto traspaso de funciones. Chile y Uruguay rechazaron la propuesta paraguaya, pero Mauricio Macri, quien durante su campaña electoral había planteado la expulsión de Venezuela del Mercosur pero luego cambió por completo de parecer para no hacerle perder a su ministra de relaciones exteriores, en campaña por la secretaría general de Naciones Unidas, el respaldo necesario de Venezuela, Cuba y demás gobiernos amigos de ambas naciones, la semana pasada, de visita en Bruselas y sin duda por presión de la Unión Europea, volvió a endurecer su posición y objetó a su vez que el 12 de julio Venezuela asumiera la presidencia de Mercosur. Por su parte, Brasil, que ya tiene suficientes problemas internos, ha tratado de encontrar un punto de equilibrio entre las diversas posiciones en pugna con la finalidad de eludir las consecuencias de un enfrentamiento que puede provocar la desaparición de Mercosur. Su propuesta, formulada también el 5 de abril, es posponer hasta finales de agosto la decisión final del caso Venezuela en Mercosur. Una decisión similar a la de la OEA, que dejaría la solución del problema en suspenso, a ver qué pasa en las próximas semanas, una alternativa absolutamente impensable hace apenas un par de meses y que pone ahora en evidencia el aislamiento creciente en que la comunidad internacional ha comenzado a acorralar al régimen chavista. Una decisión que también deja entrever los pasos que comienzan a dar los gobiernos regionales y europeos para adaptarse el día de mañana a los cambios que de manera inevitable están por producirse en Venezuela.
Por último, este 5 de julio, el grave conflicto de poderes, todos contra la Asamblea Nacional electa por más de 60 por ciento de los electores y en desmesuradas condiciones a favor del oficialismo, ha dado lugar a una crisis institucional que ya no tiene retorno. A lo largo de la historia republicana, el 5 de julio es el día más importante de Venezuela y el país lo celebra con dos actos, uno civil, el otro militar, en los que participan todos los poderes públicos y todos los actores políticos y sociales, una manifestación de unidad nacional, al menos por unas pocas horas, que galvaniza al país en torno de sus glorias pasadas y sus esperanzas en el futuro de bienestar y alegría colectivos. No obstante, en esta oportunidad, para expresar su repudio a la oposición democrática y profundizar su decisión de aniquilarla al más corto plazo, por primera vez ni el presidente de la República ni los representantes civiles y militares del Estado asistieron a los actos que año tras año organiza antes el Congreso de la República y desde 1999 la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo, donde se guarda el original del acta del Congreso de 1811 en que por primera vez una provincia americana expresó su voluntad de independizarse del reino de España. También esta ha sido la primera vez en la historia republicana, que los representantes del pueblo no fueron siquiera invitados a asistir al desfile militar.
En esta ocasión, los discursos pronunciados y el tono que marcó de manera indeleble la celebración de los dos actos, también determinaron un antes y un después definitivo. Recuérdese que la confrontación de la Presidencia de la República y la Asamblea nacional se inició el mismo día de su instalación, el pasado 5 de enero, porque la aplastante victoria electoral de la oposición un mes antes fue la respuesta soberana de los electores al planteamiento opositor de promover la libertad inmediata de los presos políticos y el cambio también inmediato de gobierno. Desde aquel día, el presidente Maduro ha utilizado al Tribunal Supremo de Justicia para anular “judicialmente” todas las decisiones tomadas democrática y constitucionalmente por la Asamblea, y el propio presidente Maduro ha declarado en cadena nacional de radio y televisión, una y otra vez, que su objetivo prioritario es disolver la actual Asamblea Nacional, cuyo período no termina hasta enero del año 2021, y celebrar enseguida nuevas elecciones, gracias a la grosera complicidad del Consejo Nacional Electoral, poder público al servicio del régimen, que además adelanta una estrategia ilegal e ilegítima por demorar hasta el infinito la convocatoria del referéndum revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro, solicitado por la oposición de acuerdo con el derecho ciudadano consagrado en el artículo 72 de la Constitución.
Así se cierra lo que puede llegar a ser la última etapa del proceso que puso en marcha Hugo Chávez al intentar un golpe militar contra la democracia venezolana el 4 de febrero de 1992. Con el enfrentamiento de las dos caras, una civil y democrática, la otra militar y antidemocrática, de la Venezuela actual. Una etapa cuyo desenlace nadie puede vaticinar, pero cuya característica principal es el desarrollo de una confrontación que no puede prolongarse indefinidamente. O se impone el régimen con el imperio de sus fuerzas militares, opción sin espacio en el mundo occidental de hoy en día, como sostuvo de manera categórica Maduro en su discurso al clausurar el desfile militar del 5 de julio en el que advirtió que “una república independiente necesita un poder militar cada vez más poderoso” para enfrentar a la oligarquía, o la oposición, unida y resuelta, aprovecha las circunstancias del momento, imita a las madres de Ureña y rebasa las barreras, los tanques y los fusiles de asalto, en busca de su propia Cúcuta y de la democracia perdida.
