Ábalos y el túnel del infierno

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se las prometía muy felices hace sólo una semana. Había conseguido salir vivo de la primera sesión de control de la legislatura, el Congreso de los Diputados rechazó abrir una comisión de investigación sobre su escándalo venezolano y los partidos de la oposición parecían dar por amortizado el caso.

Sin embargo, un fuerte clamor periodístico, liderado por Vozpópuli, que fue el periódico que destapó el ‘Delcygate’ el 23 de enero y que luego ha ido añadiendo nuevas y sorprendentes revelaciones, provocó que el Partido Popular se movilizase in extremis para impedir el borrado de las imágenes grabadas en Barajas durante la madrugada del vigésimo día de 2020.

Así, en vez de quedarse esperando pacientemente las actuaciones de la Fiscalía, que fue donde tanto el PP como Vox y Ciudadanos presentaron sus denuncias originales, los populares decidieron acudir a la justicia ordinaria para solicitar como medida cautelar que se requisasen las imágenes, e impedir así su destrucción tal y como exige la ley de protección de datos, algo que la juez de guardia ordenó el mismo día que se presentó la querella por un presunto delito de prevaricación.

Ahora el caso ha quedado en manos del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que será el encargado de determinar si hay indicios de delito y de trasladar el asunto al Tribunal Supremo si considera que algunos de los implicados gozan de aforamiento, verbigracia los ministros.

Veremos en qué queda todo esto, pero en España ya sabemos que cuando se pone en marcha la maquinaria judicial se entra en un túnel del que se puede salir perfectamente achicharrado, aunque sea con varios años de retraso. Y si no, que se lo pregunten a Mariano Rajoy, que tuvo que dejar el poder en 2018 tras una sentencia por unos hechos acontecidos entre 1999 y 2005.

Si hace una semana parecía impensable que alguien dimitiese, tras el último giro de los acontecimientos no es descartable, ya que Sánchez puede verse obligado a soltar lastre

Para desgracia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la judicialización del ‘Delcygate’, salvo que se produzca su imprevisto archivo en los próximos días, supone que el escándalo seguirá vivo durante meses, lo cual continuará desgastando al Ejecutivo mientras no se asuman algún tipo de responsabilidades políticas. Si hace una semana parecía impensable que alguien dimitiese por este caso, tras el último giro de los acontecimientos no es descartable, ya que Sánchez puede verse obligado a soltar lastre en algún momento si no quiere que la legislatura quede empañada por la visita de Delcy Rodríguez a Madrid. Un hipotético traslado del asunto al Supremo si se constata la implicación de ministros ya sería un duro golpe para el Gobierno, por no hablar de si finalmente se acaba pidiendo el suplicatorio para poder procesar a alguno de ellos.

Mantendrá el escaño por si acaso

Ábalos es una pieza muy importante para Sánchez (número tres del PSOE) y por eso fue enviado a Barajas aquella madrugada. Hasta la semana pasada, era demasiado grande para caer (too big to fail, que se suele decir en inglés). Pero ahora las cosas no están tan claras y quizás por ello Sánchez ha preferido que su ministro de Transportes sea uno de los tres únicos miembros del Gobierno que excepcionalmente mantendrán su acta de diputado, junto a Carmen Calvo y María Jesús Montero. El resto de ministros renunciaron al escaño el viernes pasado: Juan Carlos Campo, Isabel Celaá, Pedro Duque, Fernando Grande-Marlaska, Reyes Maroto, Luis Planas, Teresa Ribera y Margarita Robles. Por tanto, Ábalos seguirá en el Congreso y, si algún día tiene que dejar el Ejecutivo, tendrá asegurado tanto un salario como su aforamiento.

No obstante, Ábalos no es el único ministro tocado por este ‘affaire’. La titular de Exteriores, Arancha González, tiene todavía que explicar por qué se dejó entrar el avión de Rodríguez en el espacio aéreo español, cuando ella supo del viaje con suficiente antelación y pudo haber ordenado el desvío del Falcon hacia otro país fuera de la Unión Europea, por ejemplo Marruecos, puesto que la vicepresidenta de Venezuela está sancionada y no puede pisar territorio comunitario.

Y también tiene mucho que aclarar aún el titular de Interior, Grande-Marlaska, porque la normativa europea es muy clara al respecto: cuando un sancionado es detectado ilegalmente en suelo comunitario, debe ser deportado a su ciudad de origen. Sin embargo, en vez de enviar a Rodríguez en el primer vuelo con destino a Caracas, que era desde donde volaba, se le permitió esperar tranquilamente en Barajas hasta tomar un vuelo comercial con destino a Doha (Catar). Y, en este sentido, Ábalos debe explicar qué hizo exactamente aquella noche en el aeropuerto y si impidió en algún momento que la policía hiciera su trabajo y deportase a Rodríguez.

El cerrojazo parlamentario, las mentiras de Ábalos y las presiones a las que están siendo sometidos los trabajadores del aeropuerto no auguran nada bueno

A falta de una investigación parlamentaria, que no será posible gracias a la muy transparente y democrática actuación de PSOE, Podemos, PNV, Junts, Compromís, Más País, BNG, ERC, Bildu y la CUP, que se opusieron a ello, serán los jueces los que diluciden este asunto. No conviene prejuzgar nada, pero ese cerrojazo parlamentario, las torpes mentiras de Ábalos y las fuertes presiones a las que están siendo sometidos los trabajadores que esa noche estuvieron presentes en el aeropuerto no auguran nada bueno. Si el Gobierno no tiene nada que ocultar, no se entiende muy bien lo que está haciendo.

Dudas sobre las imágenes

Por no hablar de las famosas imágenes de Barajas, que han sido solicitadas por el juzgado pero de las que Ábalos dijo enigmático el martes pasado que no había ninguna obligación legal de guardarlas durante 30 días, es decir, que bien se podrían haber borrado ya en parte o completamente. En una conversación con periodistas, el ministro explicó que ese límite de los 30 días es un máximo, no un mínimo, por lo que las imágenes puede que ya ni existan. Y sí, es verdad, el artículo 22.3 de la ley de protección de datos establece que las imágenes de videovigilancia «serán suprimidas en el plazo máximo de un mes desde su captación», pero resulta especialmente inquietante que el ministro de Transportes, que en teoría dice estar muy tranquilo, se sepa tan al dedillo una ley que no es de su competencia directa. Veremos.