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ABC / Editorial: Libertad para Cuba

La prioridad es la liberación de los disidentes y periodistas detenidos, entre ellos la corresponsal de ABC. Pero es inconcebible que el Gobierno no admita que ese régimen es una dictadura

Resulta inconcebible que después de conocerse a nivel internacional la detención de Camila Acosta, corresponsal de ABC en La Habana, junto a decenas de periodistas e informadores críticos con el régimen cubano, los dos partidos del Gobierno se negasen ayer a admitir públicamente lo que todo el mundo conoce: que los detenidos son víctimas de una dictadura. Las protestas de los últimos días contra el sistema represivo impuesto por Díaz-Canel se han producido por un enorme hartazgo, por una explosión social carente de miedo tras años y años de falta de libertades y derechos y, sencillamente, por hambre física y por carencia de medicamentos. Los cubanos están sojuzgados por un régimen opaco, opresivo, autoritario y refractario ante las más elementales prácticas democráticas. Pero sobre todo, cruel e impasible ante las necesidades de sus ciudadanos y ante la exigencia internacional de que se respeten los derechos humanos. Por eso considera que el mero hecho de fotografiar o grabar las protestas ciudadanas en demanda de libertades es un delito contra la seguridad del Estado cubano, algo solo posible en dictaduras sin escrúpulos.

Ahora la prioridad es lograr la liberación de los detenidos, de los que apenas trasciende información alguna por el férreo secretismo de un sistema torturador del disidente, y capaz de encarcelar sin garantizar juicios justos a cualquier persona. Nada nuevo en esta herencia del castrismo que ha asumido Díaz-Canel. En Cuba proliferan las manifestaciones, y los familiares de los detenidos se agolpan ante los centros policiales en busca de información sobre su estado, pero las instituciones europeas se enredan en tibios tópicos diplomáticos sin la contundencia que demanda condenar la persecución de las ideas. En España, distintas asociaciones de periodistas clamaron ayer por la liberación de Camila Acosta y por el respeto a la libertad de información y de expresión. ABC lo agradece confiando en un pronto restablecimiento de las garantías que debe tener cualquier periodista y el ejercicio de una prensa libre y sin amenazas. El comunicado emitido ayer por este periódico es elocuente al respecto.

Por eso es especialmente incomprensible la reacción de Unidas Podemos, partido que no solo ya ha demostrado demasiadas veces en nuestro país que la libertad de prensa y de pensamiento no forman parte de sus prioridades, sino que además niega sin rubor que en Cuba exista una dictadura. Podemos nació de la idea de muchos asesores del chavismo, y por ese motivo son comprensivos con el más rancio comunismo y con el pisoteo sistemático de los derechos fundamentales. Votar a Podemos equivale a compartir que se encarcele a disidentes por el mero hecho de discrepar de su teoría del pensamiento único, y resulta lamentable que pretendan construir una España a imagen y semejanza de un régimen como el castrista.

Sin duda, este episodio se convierte en la primera gran asignatura exterior del Gobierno que ayer estrenó Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros. También es un nuevo obstáculo para la errática política exterior europea, en manos de Josep Borrell, siempre repleta de llamamientos genéricos y de repulsas medidas, como viene ocurriendo recurrentemente con cada episodio de vulneración de derechos en Venezuela. La perpetuación de este tipo de regímenes autocráticos se ha convertido en una lacra, y no incrementar la presión internacional frente a los abusos no debe ser una opción. Sería tanto como abandonar al pueblo cubano a su suerte durante más años todavía.

 

 

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