La aprobación a la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cayó en julio a un 21,2 por ciento, su peor nivel en los últimos nueve meses, según una encuesta de la firma local Datanálisis a la que Reuters tuvo acceso.
Maduro, de 53 años, enfrenta un difícil panorama con recesión económica, escasez de productos básicos y la inflación más alta del mundo, en medio de una merma de ingresos de su gobierno por las alicaídas ventas de petróleo.
Ante la aguda crisis que vive el país sudamericano, la oposición, fortalecida tras lograr la mayoría en las parlamentarias de fines del año pasado, está tratando de activar un referéndum para revocar el mandato de Maduro, pero el proceso para convocarlo se puede demorar hasta el año entrante.
En octubre del 2015, la aprobación del heredero político del fallecido Hugo Chávez tocó mínimos de 21,1 por ciento. Sin embargo, a partir de allí repuntó hasta 33,1 por ciento en febrero, para volver a caer desde marzo.
Según el sondeo, realizado desde el 13 al 21 de julio y con un margen de error de +/-3,04 por ciento, un 75,6 por ciento de los encuestados desaprueba la gestión del presidente y un 93,6 por ciento cree que la situación del país es “negativa”.
Además, 75 por ciento de los encuestados coincide en que Maduro debería ser removido este año por un referéndum revocatorio y sólo un 22,1 por ciento sostiene que debería permanecer hasta principios del 2019 cuando termina su mandato.
Sin embargo, la baja aprobación de Maduro no es inusual en América Latina, donde Juan Manuel Santos en Colombia y Ollanta Humala en Perú, por ejemplo, tienen índices aún menores.
Pero durante sus 14 años de gobierno socialista, Chávez puso la vara de popularidad muy alta en la polarizada Venezuela.
Desde que asumió como presidente tres años atrás, la popularidad de Maduro ha perdido terreno a medida que la crisis económica empeora con el desplome de los precios del crudo, fuente del grueso de los ingresos en divisas del país.
Maduro atribuye los problemas económicos a una “guerra económica” orquestada por la oposición política que, dice, busca sembrar el caos y derrocarlo.
La oposición, sin embargo, niega las acusaciones y sostiene que 17 años de políticas económicas socialistas han devastado la industria local, generando pérdida de empleos y escasez de bienes de primera necesidad.
