Alfredo Infante S.J.: Es la hora de las víctimas
Alfredo Infante S.J., del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco:
La firma del memorándum de entendimiento entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la República Bolivariana de Venezuela acuerda que “se procede a abrir la investigación al Estado Venezolano” por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Se trata de un hecho histórico y esperanzador. Histórico, como lo registró, vía Twitter, Carolina Jiménez, internacionalista venezolana y actual presidenta de WOLA (organización dedicada a la promoción de los derechos humanos en las Américas): “Hoy es un día histórico, no solo para Venezuela, sino para toda América Latina, esta es la primera vez que la CPI abre una investigación sobre la situación de un país latinoamericano. Lo hace en Venezuela frente a Nicolás Maduro”. Esperanzador, porque se enciende un rayo de luz en el tortuoso y largo camino de la justicia para las víctimas de supuestos crímenes de Estado, y para los ciudadanos que claman y exigen un sistema de justicia justo e imparcial en nuestro país: “Empieza una nueva fase en este proceso de justicia internacional. Es necesario entender que estos procesos son complejos y largos”, agregó Carolina.
La agenda de trabajo del fiscal Karim Khan transcurrió en medio de un clima de desconfianza y confusión nacional, en primer lugar, porque el Gobierno nacional -a través del sistema de medios públicos- enfatizó que se trataba de una “visita” por “invitación” del Estado venezolano, a través de la Fiscalía General de la República en la persona del fiscal Tarek William Saab. Esto es cierto, pero no es la verdad completa y ocultó lo central del asunto. En realidad, se trataba de una “invitación” forzada, a regañadientes, porque “la visita in situ” de un fiscal de la CPI forma parte del debido proceso, cuando un Estado miembro del Estatuto de Roma -suscrito por Venezuela el 17 de julio de 1998 y ratificado el 07 de junio de 2000- tiene señalamientos por supuestos crímenes de lesa humanidad. También vale subrayar que los altos funcionarios del Gobierno, acostumbrados a coaptar la justicia, aceptaron tácticamente invitar a Khan porque vieron la oportunidad de maquillar y endulzar su presencia y abortar una posible investigación. No fue así y por eso, la noche de la firma del memorándum, el presidente Maduro -con cara de pocos amigos- fue claro: “Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos”.
En segundo lugar, porque sectores extremos de oposición, sin conocimiento de causa o mal intencionados, sembraron la cizaña diciendo que se trataba de una visita arreglada entre el régimen de Nicolás Maduro y la Fiscalía de la CPI y, por tanto, el resultado estaba cantado a favor del Gobierno: “cierre de cualquier investigación”. Nada más distante de la realidad. Otra versión contraria a la anterior, pero también de sectores opositores extremos, colocaba las expectativas tan altas y esperaba que, al final de la visita, el fiscal se llevara como reos a los altos funcionarios del Gobierno, como si la justicia fuera equivalente a un linchamiento.
En tercer lugar, otros, con muy buena intención pero sin mayor claridad del propósito de dicha visita, exigían que el fiscal atendiera y escuchara a las víctimas, una demanda que ha podido dejar a muchos con un dejo de frustración.
En medio de este clima hay que decir que reconocidos activistas de derechos humanos, como Liliana Ortega, Marino Alvarado, Alí Daniels y Rafael Uzcátegui, entre otros, pedagógicamente se dedicaron a hacer catequesis sobre la Corte Penal Internacional y el debido proceso en el ámbito de la justicia internacional, para deslastrar la visita de la polarización política, de los inmediatismos y las falsas expectativas y, así, evitar frustraciones innecesarias que revictimizaran a las víctimas.
El propósito real de la visita era comprobar dos principios esenciales del Estatuto de Roma que fundamentan la misión de la CPI: la complementariedad y la colaboración. En cuanto a la complementariedad, el fiscal y su equipo verifican la capacidad institucional del Estado para impartir justicia imparcial y objetiva, es decir, si existen los mecanismos institucionales para que todos seamos iguales ante la ley; en lo tocante a la colaboración, se trata de verificar si existe la voluntad política de activar adecuadamente las capacidades institucionales para hacer justicia, sin privilegio, independientemente del estatus del incriminado; esto en caso de que un alto funcionario esté incurso en supuesto crimen de lesa humanidad. En esta fase de investigación que se abre, la CPI da oportunidad a los Estados para que activen los principios de complementariedad y colaboración, lo cual, en el caso venezolano, implicaría la reforma y reinstitucionalización del sistema judicial y la voluntad política de enjuiciar a altos funcionarios, algo que resulta difícil creer que sea posible.
Si la CPI observa que no hay garantías, por parte del Estado miembro, para que estos dos principios se cumplan, entonces se procede al cierre de la fase preliminar y se abre la fase de investigación. La fase de investigación es eso, investigación como parte del debido proceso; por tanto, aún no hay señalamientos específicos porque ése será el resultado de la investigación. Ahora más que nunca es el momento de las víctimas y toca un trabajo súper riguroso de fundamentación de los casos, para demostrar que lo que ha ocurrido no son meras violaciones de derechos humanos, sino presuntos crímenes de lesa humanidad y, así, pasar a la fase del juicio, que concluirá con una sentencia, y, como toda sentencia, podrá ser condenatoria o absolutoria.
Subrayamos que, para que haya crimen de lesa humanidad, hay que comprobar que las violaciones de derechos humanos son generalizadas y sistemáticas y que estos dos indicadores definen una política criminal por parte del Estado, razón por la que los altos funcionarios, “la cadena de mando”, son responsables. Recordemos que si bien el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es autónomo del de la Fiscalía de la CPI, constituye un insumo de contexto para las víctimas; de igual manera, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela representa un piso, pues dicho documento reconoce que en Venezuela estamos ante supuestos crímenes de lesa humanidad.
Es la hora de las víctimas. Que reluzca la Verdad para que haya Justicia y reparación para la no repetición.
«Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora» (Ecl 3,1)
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco
29 de octubre al 04 de noviembre de 2021/ N° 122
