Alianza por la Libertad de Expresión: “sin periodismo libre, no hay democracia”
Este miércoles 24 de junio, y dentro de los preparativos para celebrar el próximo 27 de junio el Día del Periodista, se realizó un foro en la Universidad Central de Venezuela, organizado por el sector de comunicadores sociales al frente de la Alianza por la Libertad de Expresión, y que difundieron un Comunicado al Estado venezolano proclamando el derecho a la información «libre y plural”.
Por parte de los estudiantes y las escuelas de periodismo habló la directora de la escuela de Comunicación Social de la UCAB, Tiziana Polesel, y el presidente del centro de estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa, Eusebio Costa. También hablaron Carlos Correa, director de Espacio Público, Tinedo Guía, por el Colegio Nacional de Periodistas, y los profesores Antonio Pasquali y Marcelino Bisbal.
A continuación, dos documentos de esa jornada: en primer lugar, las palabras del profesor Antonio Pasquali; luego, el Comunicado aprobado por diversas organizaciones, titulado: «Venezuela reclama una comunicación libre y plural.»
América 2.1
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ANTONIO PASQUALI:
Dirijo estas palabras al Capitán Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Legislativa y Vice-Presidente del partido de Gobierno,
Capitán, estamos aquí reunidos en la casa del civilista José María Vargas, la Universidad Central de Venezuela, para levantar las únicas armas de las que disponemos, el verbo y los valores que nos son propios, en defensa de ese basamento de la Democracia que usted pisotea con saña y que llaman “libertad de comunicar” o “libertad de expresión”. Para otorgar perenne vigencia a ese valor que usted considera periclitado y burgués, aprobó la comunidad internacional, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1.948, un Art. 19 que garantiza a “todo individuo” (o sea a los disidentes inclusive), el “derecho a la libertad de opinión y de expresión” y el de “buscar, recibir y difundir….informaciones e ideas por cualquier medio de expresión”. El Art. 57 de nuestra Constitución de 1.999 nacionaliza ese mismo principio precisando “…y por cualquier medio de comunicación y difusión”, mientras que el 58 establece solemnemente que “la comunicación es libre y plural” (porque si esa libertad es acaparada por quienes de paso silencian voces plurales, se convierte en orwelliana variante de la esclavitud), garantizando además a todos ”el derecho de réplica y rectificación (no la denuncia por difamación con prohibición de salir del país, capitán) cuando se vean afectados por informaciones inexactas o agraviantes”. El “derecho a la Información” y de “acceso universal” a la misma que garantiza el Art. 108, otro derecho aún no codificado y altamente impedido por su régimen, figura por su parte entre los “derechos humanos intangibles” que enumera el Art. 337 y que el Estado no puede restringir ni “en estados de excepción”. En lo que concierne el espionaje comunicacional y el dar a conocer mensajería privada, capitán, disponemos de una panoplia de sanciones: una Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones de 1991, vigente, en cuyo Art. 2 se castiga con prisión hasta de cinco años a quien difunda comunicaciones privadas, y si esa Ley le parece cosa de escuálidos le citaré otra de su régimen, la Especial contra Delitos Informáticos, de 2001, cuyo Art. 22 condena de dos a seis años de prisión y multa hasta por 600 unidades tributarias a quien “…reproduzca …o difunda comunicación ajena” ; esto, sin olvidar la gran cobertura general, el Art. 48 de la Carta Magna que “garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas”. He sido prolijo en este aspecto para mostrar que si tuviéramos en el país jueces independientes, usted capitán – incurso como está en ese delito – estaría hoy preso en una celda de Ramo Verde. Recordemos finalmente que según el Art. 108 “el Estado garantizará servicios públicos de radio y televisión…”. Estos son pues los seis preceptos constitucionales que su régimen infringe sistemáticamente y por cuya real vigencia luchamos nosotros: libertad de contenidos plurales en la comunicación, libertad de canal, libertad de públicos, intangibilidad del derecho y acceso a la información, inviolabilidad de la comunicación privada, exigencia de servicios públicos no-gubernamentales. Nosotros defendemos esos preceptos, ustedes los violan.
Por su verbo y emprendimientos, capitán, usted figura – junto con el difunto Presidente Chávez – entre los más elevados representantes del poder que en estos años han militarizado las nociones de comunicación y de política, rebajándolas a estrategias de una coexistencia belicosa y maniquea en que los no consencientes son enemigos a eliminar. Medularmente, el militarismo no es más que oportunista voracidad de poder con bayonetas – conforme al criterio enarbolado por los Monagas, que quienes habían liberado el país se habían ganado el derecho a gobernarlo de por vida – lo que hace que el propio “izquierdismo” del régimen actual sea también altamente sospechoso de oportunismo e hipocresía. Un régimen que reconoció inmediatamente la valencia política de las comunicaciones, pero no para liberarlas sino para hegemonizarlas. Su principal instrumento hegemónico fue y es Conatel, cuya dirección confió Chávez a usted a las pocas horas de ser nombrado Presidente en febrero 1.999, y que desde entonces usted siempre ha controlado directa o indirectamente pues el régimen lo iba adscribiendo a la cartera que usted ocupaba. Pero el oportunismo es también el talón de Aquiles de todo militarismo. Usted por ejemplo se estrenó de contralor de las comunicaciones como un neoliberal de derecha, durante la aprobación de la Ley de Telecom por el llamado “Congresillo” de 15 miembros en mayo 2000. Ese Proyecto de Ley era totalmente patronal y transnacional, contrario a los intereses del país, pero el capitán José Vielma Mora había declarado que “si nosotros no aprobamos esa ley, seremos culpables de estallido social” y Chávez lo envió usted a manipular el Congresillo para obtener su aprobación y no enajenarse electoralmente el sector de las comunicaciones. Quien le habla y otros Colegas, algunos presentes hoy en esta sala, acudimos en esa oportunidad al Congresillo para impedir su aprobación, y nos encontramos ante un grosero teniente defensor de los intereses de las transnacionales, usted, que nos mandó a freir monos e hizo aprobar la Ley neoliberal.
Señor capitán, y concluyo: a usted, hoy poderoso enemigo de la libertad de expresión, de los periodistas y dueños de medios no colaboracionistas, le ha tocado la mala suerte de tener que dar sus mazazos en un país que conoció la democracia y donde la reflexión y la acción en favor de una comunicación democrática de profesionales, investigadores y ONG, ha llegado tal vez más lejos y más profundo que en otras partes del continente, y se lo digo con orgullo. Los aquí reunidos somos las piedras en sus zapatos, perdón, en sus botas. Esa reflexión nacional, que durante decenios denunció los estragos culturales de la comunicación-mercancía, puso pronto en evidencia que el chavismo empeoraría las cosas por remplazar la persuasión mercantil con una más nefasta y masiva inoculación de ideologías ajenas al espíritu nacional. Pero no imaginaron ustedes que a su modelo de dictadura militarista le saldrían una RCTV, un Nacional, un TalCual, un Carabobeño o un Impulso indoblegables, dispuestos incluso a perecer con tal de no inclinarse al despotismo, ni tampoco que la investigación universitaria autónoma y privada se mantuviera tan tenazmente activa en la denuncia del chavismo como desastre comunicacional. Hoy, los demócratas que ejercemos la profesión, que investigamos y enseñamos comunicaciones nos hemos reunido para confirmarle a usted y a su régimen que seguiremos manteniendo en vida con todas nuestras fuerzas el ideal de una comunicación democrática, libre, plural y de calidad, nueva y no restauradora, que convierta en mal recuerdo sus esclavizantes y horripilantes cadenas presidenciales, su chatarra radiotelevisiva, sus cubanizados laboratorios del espionaje y el control electrónicos, su monopolio del papel periódico, su insoportable propaganda ideológica, su “Ley Resorte” que le confeccionara William Lara y su Conatel-policía. Las piedras en las botas serán tantas que un día le impedirán moverse. La Democracia volverá y mejorada capitán, delo usted por seguro; se lo garantizamos desde esta casa, hoy tan vejada por ustedes, que siempre ha vencido las sombras.
Muchas gracias
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El Comunicado:
Alianza por la Libertad de Expresión – Día del Periodista –
27 de junio
Venezuela reclama una comunicación libre y plural
Hechos
Agresiones, detenciones y robos de cámaras fotográficas por grabar acciones represivas de los cuerpos de seguridad, convirtieron al año 2014 en el año con la mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en las últimas dos décadas. Un total de 579 violaciones denunciadas, que corresponden a 350 casos, ocurridos principalmente durante la cobertura periodística de las manifestaciones.
Son los funcionarios públicos quienes, muchas veces, descalifican, insultan y acosan de forma arbitraria a medios y periodistas con líneas editoriales independientes o críticas. Los programas de medios estatales son monopolizados por el sector gubernamental en aras de una “hegemonía comunicacional” que excluye y criminaliza a la disidencia. Se abusa ilegítimamente de las transmisiones obligatorias de radio y tv (cadenas). En 2014, el Presidente de la República realizó 176 cadenas, con una duración total 185,25 horas, la media de estas transmisiones fue de 63 minutos.
La violencia del Estado también se observa en la recurrente criminalización de las ideas, informaciones y opiniones adelantando sanciones mediante “medidas cautelares” que desnaturalizan la posibilidad de la defensa. Entre 2013 y 2015 se realizaron 20 procesos judiciales, en los más recientes se aplicaron penas anticipadas de prohibición de salida del país, en un primer caso contra periodistas y directores del diario Tal Cual y en un segundo caso contra 22 directivos del sitio web La Patilla, El Nacional y reiteradamente contra periódico Tal Cual.
Ante el vacío informativo dejado por medios radioeléctricos amenazados por las sanciones ejercidas a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y otras restricciones, más personas buscan información en la Web y redes sociales. La política represiva incluyó el castigo a las expresiones en Twitter por altos funcionarios, el bloqueo de páginas web por difundir información incómoda al Gobierno y las filtraciones o hackeos de perfiles en redes sociales y correos electrónicos. Durante el año 2014, las restricciones del derecho a la libertad de expresión en Internet aumentaron 55%.
Desde 2013, al menos 28 medios están afectados severamente por la escasez de papel, 14 dejaron de circular de forma temporal o definitiva y 12 redujeron su paginación y tiraje o modificado sus formatos, como consecuencia de esta crisis. En la actualidad la falta de papel afecta al conjunto de los medios impresos nacionales. La creación del Complejo Editorial Maneiro, por parte del Estado, monopolizó la distribución y venta de papel, pero no soluciona el problema, lo agudiza.
Los procesos de compra-venta de medios de comunicación incluyeron cambios de la línea editorial, que en todos los casos beneficiaron a la gestión gubernamental, reduciendo los espacios para la opinión y la información crítica, haciéndola cada vez menos plural. Estos cambios en la propiedad redundó en presiones de variada naturaleza en contra de los periodistas y trabajadores en general de esos medios y, en casi todos los casos, la imposición de censuras que invisibilizan hechos y voceros de interés colectivo.
La suspensión arbitraria del servicio de internet en situaciones de conflictividad social, tal como sucedió en abril de 2013 en San Cristóbal, estado Táchira, y la amenaza hacia los medios por transmitir hechos de violencia, que llevó al silencio informativo el 12 de febrero de 2014, colocaron a la sociedad en un estado de indefensión y opacidad informativa. El día 13 de febrero de 2014, se ordenó la censura inmediata del canal de noticias NT24, que se difundía a través de 2 servicios de televisión por suscripción y ulteriormente se bloquearon más de 15 sitios web que distribuían sus programas e informaciones.
Consecuencias
Esta situación afecta a las personas y a la sociedad. Son los venezolanos quienes sufren las consecuencias de estar desinformados. La autocensura está cada vez más presente en el ejercicio periodístico como consecuencia de los hostigamientos, las restricciones de acceso a las fuentes de información, la violencia y la política pública concertada para restringir ilegítimamente las libertades públicas.
La violencia institucional, por omisión y por acción deliberada del Estado, afecta directamente el ejercicio profesional del periodismo y con ello se golpea la calidad democrática de la sociedad. Las restricciones a la libertad reducen el debate para el diagnóstico y construcción de soluciones para los graves problemas que aquejan a los venezolanos.
Cada situación que un reportero no alcanza a cubrir, sea por acceso restringido, agresión de funcionarios o terceros, el robo de su equipo de trabajo, o censura; representa una información que no es publicada, que no llega a los ciudadanos.
Sin información, somos vulnerables. En este contexto el trabajo de los periodistas es cada vez más necesario, por ello valoramos sus esfuerzos por informar con rigor y apego a los estándares del oficio. La sociedad venezolana debe defender el derecho de todos a una comunicación plural. Sin periodismo libre no hay democracia.
Nuestro reclamo:
· Garantías para un periodismo libre e independiente, lo que supone el cese de hostigamientos, agresiones y censuras por parte de funcionarios, cuerpos de seguridad y directivas de medios.
· Desarrollar una política de protección para el trabajo de los periodistas, con amplias facilidades para acceder a la información pública, el respeto de las normas profesionales y que la difusión de sus trabajos no tengan consecuencias ulteriores.
· La reivindicación de un genuino carácter público para los medios administrados por el Estado, es decir, que se constituyan como un servicio universal no-gubernamental y regido por una autoridad independiente, al servicio de todos los sectores de la sociedad y no solo de los intereses gubernamentales.
· Que sean atendidas, en el corto plazo, todas las solicitudes de papel prensa hechas al Complejo Editorial Maneiro por los diarios de circulación nacional y regional. En el mediano plazo que se restituyan otros mecanismos que permitan una diversidad de proveedores o la compra directa de papel y otros productos.
· Que se restituyan otras modalidades de acceso a los insumos para el desarrollo de los medios de comunicación, ya que ello constituye un mecanismo de censura indirecta que castiga a líneas editoriales críticas procurando el cese de estos medios o su venta a grupos afines a las élites gubernamentales.
Adhesiones
· Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
· Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV)
· Coalición Proacceso
· Colegio Nacional de Periodistas
· Comité para una Radio y Televisión de Servicio Público (RTSP)
· Espacio Público
· Expresión Libre
· Ininco – Universidad Central de Venezuela (UCV)
· Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
· Miguel Ángel Latouche – Escuela de Comunicación Social UCV
· Postgrado en comunicación social de la UCAB – (Marcelino Bisbal)
· Ser Comunicación y asociados
· Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)
· Tiziana Polesel – Escuela de comunicación social de la UCAB
· Transparencia Venezuela
· Un Mundo Sin Mordaza
