AMLO va por una nueva Constitución en México

Ricardo Raphael es periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es ‘Hijo de la guerra’.

Ricardo Monreal, presidente del Senado y líder de la bancada del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), calificó recientemente las próximas elecciones de junio como un momento histórico para el destino de México: “Dos visiones estarán en las urnas y una de ellas será la que decida el rumbo”.

El senador no habla únicamente por sí mismo, este es el mensaje político alrededor del cual se ha posicionado el partido mayoritario de cara a la contienda. La intención es explícita: el voto por Morena significaría refrendar sin ambigüedades el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los líderes de la mayoría entienden ese mandato como un cambio radical de régimen que busca despojar al Estado y su gobierno de todo aquello que, a juicio de AMLO, posea vestigios neoliberales. Los cambios políticos radicales requieren de una cirugía mayor a la Constitución. Esta es la consecuencia obvia del planteamiento morenista, expresado de manera general por Monreal y, tema por tema, también por el presidente.

La autonombrada Cuarta Transformación —como se ubica históricamente al régimen impulsado por AMLO— no podría ocurrir sin una nueva Constitución. En sus frecuentes discursos, el mandatario define a cada periodo de la historia mexicana a partir de un texto constitucional distinto: la primera transformación habría nacido con la Constitución de 1824, la segunda con la de 1857, la tercera con la de 1917 y, por tanto, a la cuarta le correspondería su propio libro constitucional.

No hay sorpresa ni engaño en las pretensiones de quien lidera la política mexicana, prácticamente sin enfrentar oposición.

Dos hechos impidieron que AMLO hubiese planteado desde el principio de su mandato el proyecto de una nueva Constitución: en 2018 su partido no obtuvo dos tercios de los escaños en el Senado de la República y la mayoría de los gobiernos locales quedaron en manos de la oposición.

El artículo 135 de la Carta Magna señala que, para avalar una reforma constitucional, se requiere de la aprobación de dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas Cámaras y ser confirmada por la mitad más uno (17) de los Congresos locales.

En esas circunstancias, pretender crear una nueva Constitución tenía bajas probabilidades. Salvo algunos temas urgentes, optó entonces por aplazar para el segundo trienio las reformas constitucionales de tinte más radical.

Con todo, en 15 meses logró impulsar varias modificaciones que implicaron una cirugía nada despreciable. Destacan entre ellas la reforma educativa, la relativa a la Guardia Nacional —que además sirvió para legalizar el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública—, la abrogación del fuero del presidente y la reforma al Poder Judicial Federal.

Para sacar este primer paquete adelante contó con la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados y realizó una negociación política complicada pero fructífera con las oposiciones en el Senado.

Sin embargo, el resto de los temas agendados en el proyecto de la Cuarta Transformación no tuvieron —ni tienen— oportunidad de atravesar por la misma ruta negociada con las demás fuerzas políticas. El gobierno y las oposiciones se apartan dramáticamente en asuntos como la reforma energética, la desaparición de algunos órganos autónomos de Estado, y probablemente también, la reforma impositiva que, para ser seria, tendría que afectar el régimen de coordinación fiscal entre la Federación y los estados.

Deliberadamente este segundo paquete de reformas se está convirtiendo en el tema principal de la campaña electoral porque otorga gravedad al discurso político pronunciado por los principales líderes de Morena. La iniciativa de reformar la Constitución en materia energética, en caso de que los tribunales echen para abajo la ley de la industria eléctrica apoyada por el gobierno, se entiende mejor a la luz del proyecto político general.

AMLO ha hecho un llamado a la población para que le respalde en su esfuerzo por recuperar, para el Estado mexicano, el control de la generación de energía. Está convencido de que se trata de una bandera con la que logrará concitar votos en cantidad suficiente no solo para modificar la Constitución respecto a este rubro, sino para avanzar en otros expedientes que le son igual de preciados como la reforma fiscal o la desaparición de los órganos autónomos.

El diputado Alfonso Ramírez Cuellar, uno de los líderes principales de Morena en la Cámara Baja, dijo en entrevista con Expansión: “Sin reforma fiscal, no hay Cuarta Transformación”.

Para que el Estado recupere capacidad en la distribución de la riqueza nacional, para asegurar la continuidad de los programas sociales impulsados por AMLO y para garantizar, al mismo tiempo, la salud de las finanzas públicas se requiere, en efecto, de un nuevo pacto fiscal. Tal pacto no podría resolverse sin afectar a la Constitución porque, para celebrarse con el nivel de profundidad planteado, implicaría trastocar el pacto federal, es decir, el acuerdo sobre el que actualmente se sostiene la relación entre la Federación y los estados.

El otro gran tema anunciado por el presidente es la intención de desaparecer órganos autónomos de Estado, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica.

Estas tres reformas, más las logradas durante la primera parte del mandato, configuran desde ya un bloque constitucional que se distingue del pasado.

Si a pesar de lograr un triunfo contundente en los próximos comicios, AMLO no pudiera proceder con sus reformas por no contar con mayoría en la Cámara Alta, cabe prever que el mandatario termine sometiendo a consulta popular el proyecto de nueva Constitución, que incorporaría estos y otros temas considerados, según su juicio, como históricamente trascendentes. En tal caso, la caja de Pandora constitucional se abriría de un solo golpe.

Por lo pronto —cabe insistir— la disputa de este año en las urnas terminará siendo, por todos los medios, una cruzada para apropiarse de la Carta Magna mexicana del porvenir.