Análisis: La ‘secesión’ de pueblos mexicanos ante la desconfianza en el Estado

José Santos en un punto de revisión a la entrada de Tancítaro, Michoacán, donde los ciudadanos asumieron el control ante el fastidio tanto con las autoridades como los grupos de delincuencia organizada.  Credit Brett Gundlock para The New York Times

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TANCÍTARO, México — El camino a este pueblo de campesinos en Michoacán pasa por barrios pobres y territorios controlados por cárteles, en este estado que es el centro de la guerra contra el narcotráfico en México, antes de llegar a un paisaje tan extraño que parece un espejismo.

En las torres de vigilancia de 4,5 metros de altura hay hombres apostados cuyos uniformes verdes no pertenecen a ninguna fuerza oficial. Pasando la torre, la estatua de un aguacate lleva la leyenda: “Capital mundial del aguacate”. Y después de la estatua se encuentra Tancítaro, una isla de seguridad y estabilidad que se ha mantenido después del año más violento de la historia de México.

Los propietarios locales de aguacatales, que exportan más de un millón de dólares en aguacates al día, principalmente a Estados Unidos, resguardan la que se ha convertido en una especie de ciudad-Estado independiente. Con autovigilancia y autogobierno, es un santuario donde los cárteles de la droga están ausentes, al igual que el Estado mexicano.

No obstante, detrás de la calma hay un pueblo bajo un estricto control, el cual yace en manos de grupos paramilitares que solo rinden cuentas a sus patrones. La adicción a las drogas y el suicidio se han disparado, según comentan los lugareños, a medida que el contrato social enfrenta cada vez mayor presión.

Tancítaro representa una tendencia silenciosa pero reveladora en México, donde un puñado de pueblos y ciudades se están separando de facto, en todo o en parte, del Estado. Se trata de actos de desesperación que revelan cómo la policía y los políticos mexicanos son vistos como parte de la amenaza.

Si visitas tres enclaves de ese tipo —Tancítaro, Michoacán; Monterrey, una acaudalada ciudad comercial al norte del país, y Ciudad Nezahualcóyotl, justo a las afueras de la capital mexicana—, encontrarás un patrón. Cada uno es un paraíso de relativa seguridad entre la violencia, lo cual sugiere que su diagnóstico del problema era el correcto. No obstante, sus victorias son frágiles y conllevan un costo considerable.

Son excepciones que confirman la regla: la crisis de México se manifiesta en forma de violencia, pero está enraizada en la corrupción y la debilidad del Estado.

La policía municipal monitorea los aguacatales a las afueras de Tancítaro. Credit Brett Gundlock para The New York Times

Tancítaro: Por las armas

Comenzó como una revuelta. La gente del pueblo formó grupos de autodefensa para expulsar a los grupos de delincuencia organizada que controlaban, en la práctica, buena parte de Michoacán y a la policía local, que era vista como cómplice. Los propietarios de aguacatales, cuyas familias y negocios se enfrentaban a la creciente amenaza de la extorsión, financiaron la revuelta.

Así fue como Tancítaro se quedó sin policía ni gobierno, puesto que las autoridades huyeron. En cambio, el poder se acumuló entre los paramilitares que controlaban las calles y quienes los respaldaban y financiaban, una organización de agricultores de aguacate adinerados conocida como Junta Local de Sanidad Vegetal, que los ciudadanos suelen llamar la Junta.

Casi cuatro años después, mientras que otros pueblos gobernados por autodefensas en Michoacán colapsaron debido a la violencia, las calles permanecen seguras y limpias. Sin embargo, al deshacerse de las instituciones que permitían que el crimen floreciera, Tancítaro creó un sistema que se asemeja en muchos aspectos al control que tendría un cártel.

El gobierno comenzó con una purga. Los jóvenes sospechosos de formar parte del cártel fueron expulsados del pueblo. A los de bajo nivel (los informantes o halcones), principalmente niños, se les permitió quedarse, aunque los narcotraficantes terminaron por asesinar a la mayoría de ellos en represalia, según un comandante del grupo de autodefensas.

Si bien la violencia disminuyó, permaneció la estructura de poder de tiempos de guerra. Ahora los grupos paramilitares fungen como la policía, además de encargarse de resguardar el perímetro del pueblo y los aguacatales.

Cinthia García Nieves, una joven organizadora comunitaria, se mudó al pueblo poco después de que los enfrentamientos se sosegaron. Idealista, pero con lucidez, quería ayudar a Tancítaro a desarrollar instituciones verdaderas. Sin embargo, las líneas de la autoridad se han “difuminado”, dijo García Nieves durante una reunión en un café cercano al centro del pueblo.

García Nieves estableció consejos ciudadanos a fin de que las familias locales participaran. Sin embargo, el gobierno de las autodefensas acostumbró a muchos a la idea de que el poder pertenece a quien sea que tenga las armas.

Ella tiene grandes esperanzas de que haya foros de justicia comunitarios, diseñados para castigar delitos y resolver controversias. No obstante, en la práctica, quien suele hacer justicia —y suministrar los castigos— es cualquier comandante armado que decida involucrarse.

“Los llevamos a la calle y les dimos una golpiza”, dijo Jorge Zamora, un miembro de las autodefensas, sobre lo que ocurrió a algunos hombres acusados de vender drogas. No los mataron porque dos de ellos eran sus parientes, agregó. En cambio, “los expulsamos del pueblo”.

Emilio Aguirre Ríos a las afueras de su granja en Tancítaro. Los cultivadores de aguacate ayudaron a financiar a las autodefensas. Credit Brett Gundlock para The New York Times

Aunque el grupo liderado por Zamora tiene como tarea vigilar los aguacatales, no mantener el orden, su proximidad con los intereses de la Junta le otorga un poder especial. “A ellos no les pesa en absoluto gastarse un millón o dos en armas”, comentó Zamora.

Oficialmente, la autoridad máxima en Tancítaro es un alcalde, Arturo Olivera Gutiérrez, tan popular que fue candidato con el consentimiento unánime de todos los partidos políticos importantes y ganó de manera apabullante en 2015. De manera no oficial, el alcalde rinde cuentas a los propietarios de los aguacatales, quienes predeterminaron esta elección asegurándose de que fuera el único candidato viable, según Falko Ernst y Romain Le Cour Grandmaison, investigadores de seguridad que estudian la situación en Tancítaro.

Los consejos ciudadanos, diseñados como representaciones de un utopismo democrático, ostentan poco poder. Los servicios sociales se tambalean.

Aunque el nuevo orden es popular, ofrece pocas avenidas para apelar o disentir. Las familias cuyos hijos o hermanos son expulsados —una práctica que continúa— tienen pocos recursos.

Los investigadores creen que el gobierno federal se ha negado a restablecer el control por miedo a que eso atraiga atención a la idea de que el separatismo conlleva seguridad.

García Nieves sigue creyendo en el modelo de Tancítaro, pero le preocupa su futuro.

“Tenemos que trabajar juntos”, dijo, o se corre el riesgo de un futuro de “autoridad opresora”.

Una quinceañera se toma fotos frente al parque La Pastora de Monterrey, donde la élite empresarial comenzó a financiar servicios públicos como la educación y la seguridad. Credit Brett Gundlock para The New York Times

Monterrey: Con la chequera

Si Tancítaro se separó con las armas, la ciudad de Monterrey, sede de muchas de las más importantes corporaciones de México, lo hizo con un fichero de tarjetas de presentación y un apretón de manos.

En lugar de expulsar a las instituciones, la élite empresarial regia se apoderó de ellas sin decir nada, con la bendición de sus amigos y compañeros de golf que son servidores públicos.

Sin embargo, el progreso que tuvieron, que alguna vez fue extraordinario, ahora vacila: la delincuencia está regresando.

“Mira, tengo mucha experiencia en estos temas, y el proyecto del que me siento más orgulloso es este de Monterrey”, declaró Jorge Tello, consultor de seguridad y exdirector de la agencia nacional de seguridad. “Es muy fácil perderlo”, advirtió, agregando que quizá ya es demasiado tarde.

El experimento de Monterrey comenzó en una sobremesa. Tello estaba cenando con el entonces gobernador, quien recibió una llamada de José Antonio Fernández, el director de Femsa, una de las empresas más grandes de México.

Los guardias de seguridad privada de Femsa habían sido atacados por integrantes de los cárteles mientras llevaban a los hijos de los empleados a la escuela. Dos habían muerto repeliendo lo que muy probablemente era un intento de secuestro.

El gobernador puso la llamada en altavoz. Fue la primera de muchas conversaciones así, a las que se unieron otros directores corporativos que enfrentaban amenazas similares.

Un club de directores ejecutivos que se hacen llamar el Grupo Monterrey o Grupo de los Diez ofreció ayuda para financiar y reformar a la policía estatal. El gobernador Rodrigo Medina (ahora acusado de cargos de corrupción) aceptó.

Contrataron a un consultor, que sugirió hacer cambios en los niveles superiores y en los inferiores y remplazó a casi la mitad de los funcionarios. Contrató a abogados para que reescribieran las leyes sobre secuestro y se volvió un punto de contacto para la coordinación entre la policía y las familias de las víctimas.

Cuando el gobernador anunció después un plan ambicioso para crear una nueva fuerza policial, la Fuerza Civil, que tendría el propósito de restaurar el orden, nuevamente invitó a los líderes empresariales a participar. Los directores ejecutivos ahora supervisarían una de las funciones más centrales del gobierno. Contrataron a más consultores para poner en práctica las mejor y más avanzadas prácticas policiales, de participación comunitaria y cualquier cosa que pudiera frenar la violencia que se disparaba rápidamente en su ciudad. Financiaron viviendas especiales y mejores salarios para los oficiales.

Sus departamentos de nómina y recursos humanos daban servicio a las fuerzas policiales. Sus áreas de mercadotecnia llevaron a cabo una campaña de reclutamiento en todo el país. Cuando los funcionarios del gobierno solicitaron avalar los anuncios comerciales antes de que salieran al aire, los líderes corporativos dijeron que no. Quizá lo más importante fue que evadieron la burocracia y la corrupción que habían empantanado otros esfuerzos de reforma policial.

La delincuencia disminuyó en toda la ciudad. Los líderes comunitarios en las áreas más pobres informaron que las calles eran más seguras y que había una confianza renovada en la policía.

La experiencia de Monterrey terminó por proveer todavía más evidencias de que, en México, la violencia era solo un síntoma; la verdadera enfermedad se encuentra en el gobierno. La toma de poder corporativa funcionó como una suerte de cuarentena; no obstante, sin tratar la enfermedad, la cuarentena inevitablemente terminó.

A finales de 2015 asumió el cargo un nuevo gobernador, Jaime “el Bronco” Rodríguez, quien no renovó algunas de las reformas y colocó a sus amigos en posiciones clave del gobierno. La delincuencia y las denuncias de brutalidad policial ahora están resurgiendo, en especial en los suburbios de la clase trabajadora. Los líderes empresariales, cuyas riquezas siguen a salvo, no han logrado o se han negado a presionar al nuevo gobernador.

“Las cosas mejoraron, la gente se sintió cómoda y luego destruyeron todo”, comentó Tello.

Agregó que las instituciones débiles de México hacen que cualquier arreglo se atenga a los caprichos de los líderes políticos.

Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey, comentó que la ciudad no puede hacer gran cosa para aislarse. “No es una isla”, dijo. Cualquier ciudad mexicana, agregó, está vigilada por varias fuerzas. Algunas rinden cuentas al alcalde, otras al gobernador y otras más al gobierno federal. Cualquiera de esos actores policiales puede desbaratar los avances mediante la corrupción, el compadrazgo o el simple descuido.

Incluso los líderes empresariales más poderosos del país pudieron detenerlos solo por un breve periodo.

“Es un gran problema”, comentó De la Garza, y administrarlo es “parte de la vida política en México”.

Policías monitorean las cámaras de vigilancia en una calle de Ciudad Nezahualcóyotl. Credit Brett Gundlock para The New York Times

Neza: Por las urnas

“Uno no espera que un lugar como Neza tenga algo de atractivo o emocionante”, comentó John Bailey, profesor de la Universidad de Georgetown que estudia la vigilancia policial en México.

Ciudad Nezahualcóyotl, una extensión de un millón de residentes a las afueras de la zona metropolitana de Ciudad de México, llegó a ser conocida principalmente por su pobreza, la violencia pandillera y una corrupción policial tan prevaleciente que los oficiales comúnmente extorsionaban a los ciudadanos.

Hoy, aunque todavía sigue siendo un barrio bravo, Neza es mucho más seguro. Sus policías son considerados “un modelo realmente prometedor”, de acuerdo con Bailey, en una parte del país donde la mayoría son vistos como amenazas.

A diferencia de Tancítaro o Monterrey, Neza no tiene paramilitares ni una élite empresarial que se haga del poder o lo gane. Su gobierno parece normal a simple vista. Sin embargo, el jefe de la policía que ha supervisado los cambios, un exacadémico con un aire de abuelo llamado Jorge Amador, no es normal.

Durante años ha usado a Neza como su laboratorio personal, poniendo a prueba una gran mezcla de reformas duras, planes descabellados y experimentos elaborados.

Muchos fracasaron. Algunos fueron algo estrafalarios y entretenidos sobre todo para la prensa extranjera (como un programa de literatura que proveía a los oficiales un nuevo libro al mes —principalmente los clásicos, todos de lectura obligatoria— y premiaba a los oficiales que escribieran sus propias obras). Pero algunos sí funcionaron.

Amador tuvo la libertad de experimentar —y lo que logró con esos experimentos se mantuvo—, porque el gobierno de Neza tampoco es normal. Se ha separado de una parte del Estado que para la politóloga Joy Langston es el punto clave de los fracasos en México: su sistema partidista.

Neza invirtió el modelo de Monterrey: en lugar de establecer una fuerza policial independiente y apropiarse del sistema político, Neza estableció un sistema político independiente y se apropió de la policía.

Los partidos de la clase gobernante de México son más que partidos; son el Estado. Quienes son leales, cuenten o no con la capacitación para ser servidores públicos, son quienes dirigen las instituciones. Los funcionarios tienen poco campo de acción y pocos incentivos para investigar la corrupción que podría implicar a miembros del mismo partido. La mayoría cambian de cargo tras algunos años, lo cual frena los pocos avances que se puedan llegar a dar.

Aunque Neza es dirigido por un partido de izquierda, el PRD, existe fuera de este sistema. Sus líderes parecen tener el campo de acción para limpiar a las instituciones locales y retirar a las autoridades estatales, del partido PRI, que también controla el gobierno federal.

Amador está haciendo ambas cosas. Despidió a uno de cada ocho oficiales y cambió a todos los comandantes. Reorganizó las asignaciones para interrumpir las redes de clientelismo. Los que se quedaron enfrentan un escrutinio constante. Cada patrulla está equipada con una unidad de GPS rastreada por decenas de oficiales de asuntos internos.

A la policía estatal se le trata como a los invasores extranjeros. Los líderes de Neza creen que los funcionarios estatales están socavando en silencio sus esfuerzos en una apuesta por recuperar el poder en el municipio, que en 1997 fue de los primeros en quedar fuera del control del PRI en el bastión de esta fuerza política.