Anne Applebaum: Washington parece la capital de un país ocupado

El presidente Trump conversa con reporteros durante un vuelo desde Billings, Montana, a Fargo, Dakota del Norte, el pasado viernes. (Susan Walsh/AP)

En las naciones que han conocido el horror de una dictadura o de la ocupación extranjera a menudo hay largas tradiciones de lo que el poeta nacional de Polonia llamó una vez «traición patriótica». En la historia de Polonia, este tipo de actividad ha variado desde la resistencia armada -en el siglo XIX contra la ocupación rusa, en el siglo XX contra los nazis- hasta los esfuerzos pacíficos de burócratas que trataron silenciosamente de trabajar «dentro del sistema» en nombre de su país. Una vez investigué la historia de una funcionaria del Ministerio de Cultura polaco que producía prosa estalinista, pero que también utilizaba su posición, durante los años del terror comunista, para ayudar en silencio a los artistas disidentes.

En los países ocupados, los grandes eventos públicos también pueden adoptar espontáneamente connotaciones políticas. Cuando el equipo checo de hockey venció a la Unión Soviética en los campeonatos mundiales de 1969, un año después de la invasión soviética del país, medio millón de personas inundaron las calles en una celebración que se convirtió en una muestra de desafío político. En 1956, 100.000 personas acudieron al entierro de un político húngaro que había sido asesinado tras un juicio ficticio. El oratorio funerario puso en marcha una revolución anticomunista unos días después.

Estoy enumerando todos estos distantes acontecimientos extranjeros porque en este momento tienen extraños ecos en Washington. El funeral del senador John McCain se sintió como uno de esos eventos políticos espontáneos. Como en una dictadura, la gente hablaba en clave: No se mencionó el nombre del presidente Trump, pero todos entendieron que la alabanza a McCain, un símbolo de los valores moribundos del viejo Partido Republicano, también era una crítica al populista autoritario de la Casa Blanca. Como en un país ocupado, la gente hablaba de resistencia y renovación tras el funeral. Desde entonces, algunos funcionarios públicos también han descrito, de forma anónima, nuevas formas de «traición patriótica» dentro de la Casa Blanca y en comentarios a Bob Woodward y al New York Times. Como en un estado ilegal, estos funcionarios estadounidenses dicen que están trabajando silenciosamente «dentro del sistema», desafiando a Trump, por el bien mayor de la nación.

Sólo puede haber una explicación para este tipo de comportamiento: Los funcionarios de la Casa Blanca, y muchos otros en Washington, realmente no sienten que están viviendo en un estado completamente legal. Es cierto que no hay terror comunista; los matones del presidente no arrestarán a los funcionarios públicos que testifiquen ante el Congreso; nadie será asesinado si sale de la Casa Blanca y comienza a hacer campaña para el juicio político o, lo que es más importante, para la invocación de la 25ª Enmienda, el procedimiento para transferir el poder si un presidente está mental o físicamente incapacitado para permanecer en el cargo. Sin embargo, docenas de personas claramente no creen en los mecanismos legales diseñados para remover a un presidente incompetente o corrupto. Como dijo el escritor anónimo en el New York Times, a pesar de «los primeros susurros en el gabinete a favor de invocar la 25ª Enmienda«, ninguno de los patriotas secretos «quería precipitar una crisis constitucional» y dieron un paso atrás.

Pueden imaginarse por qué sería esto. Los principales miembros del Congreso podrían resistirse a invocar la 25ª Enmienda, que por supuesto sería descrita por los partidarios de Trump como un «golpe de gabinete«. La chusma mafiosa – no la mafia literal y física de la calle, sino la mafia de las redes sociales que la ha reemplazado – buscaría venganza. Puede que no haya ningún matón presidencial, pero cualquier funcionario de alto rango que firme en su nombre un llamado a un juicio político o a la destitución será ciertamente objeto de oleadas de odio en los medios de comunicación social, comenzando con una denuncia del presidente. Seguirían recriminaciones en Fox News, junto con una campaña de desprestigio, otra de acoso, ataques a la familia y quizás algo peor. Es posible que hayamos subestimado el grado en que nuestra cultura política ya es autoritaria.

Tal vez también hayamos subestimado el grado en que nuestra Constitución, diseñada en el siglo XVIII, ha resultado ser insuficiente para las exigencias del XXI. En 2016 supimos la importancia de que nuestro colegio electoral – originalmente diseñado para poner a otra capa de gente entre el voto popular y la presidencia, o como escribió Alexander Hamilton, para asegurar que «el cargo de Presidente nunca caiga en manos de un hombre que no esté en un grado eminente dotado de las calificaciones requeridas» – se haya convertido en una ficción anticuada. Ahora una importante enmienda constitucional parece, para los hombres y mujeres que tienen el poder de usarla, demasiado controversial para realmente hacerlo.

El resultado: caos institucional y administrativo; nuestra cadena de mando militar está comprometida; la gente alrededor del presidente electo se siente obligada a actuar por encima de la ley y a retirar papeles de su escritorio. Los mecanismos destinados a proteger al Estado de un presidente incompetente o dictatorial no se están utilizando porque la gente en el poder ya no cree en ellos o tiene miedo de usarlos. Washington se siente como la capital de un Estado donde el orden legal ha colapsado porque, de alguna manera, lo está.

Traducción: Marcos Villasmil

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NOTA ORIGINAL:

The Washington Post

Washington feels like the capital of an occupied country

Anne Applebaum

In nations that have known the horror of dictatorship or foreign occupation, there are often long traditions of what Poland’s national poet once called “patriotic treason.” In Polish history, this kind of activity has ranged from armed resistance — in the 19th century against Russian occupation, in the 20th century against the Nazis — to peaceful efforts by bureaucrats who quietly tried to work “within the system” on behalf of their country. I once researched the story of a Polish culture ministry official who churned out Stalinist prose but also used her position, during the years of communist terror, to quietly help dissident artists.

In occupied countries, large public events can spontaneously take on political overtones, too. When the Czech hockey team beat the Soviet Union at the world championships in 1969, one year after the Soviet invasion of the country, half a million people flooded the streets in a celebration that became a show of political defiance. In 1956, 100,000 people came to the reburial of a Hungarian politician who had been murdered following a show trial. The funeral oratory kicked off an anti-communist revolution a few days later.

I am listing all these distant foreign events because at the moment they have strange echoes in Washington. Sen. John McCain’s funeral felt like one of those spontaneous political events. As in a dictatorship, people spoke in code: President Trump’s name was not mentioned, yet everybody understood that praise for McCain, a symbol of the dying values of the old Republican Party, was also criticism of the authoritarian populist in the White House. As in an occupied country, people spoke of resistance and renewal in the funeral’s wake. Since then, public officials have also described, anonymously, new forms of “patriotic treason” within the White House and in comments to Bob Woodward and the New York Times. As in an unlawful state, these American officials say they are quietly working “within the system,” in defiance of Trump, for the greater good of the nation.

There can be only one explanation for this kind of behavior: White House officials, and many others in Washington, really do not feel they are living in a fully legal state. True, there is no communist terror; the president’s goons will not arrest public officials who testify to Congress; no one will be murdered if they walk out of the White House and start campaigning for impeachment or, more importantly, for the invocation of the 25th Amendment, the procedure to transfer power if a president is mentally or physically unfit to remain in office. Nevertheless, dozens of people clearly don’t believe in the legal mechanisms designed to remove a president who is incompetent or corrupt. As the anonymous op-ed writer put it in the New York Times, despite “early whispers within the cabinet of invoking the 25th Amendment,” none of the secret patriots “wanted to precipitate a constitutional crisis” and backed off.

You can imagine why this would be. Leading members of Congress might resist invoking the 25th Amendment, which would of course be described by Trump’s supporters as a “Cabinet coup.” The mob — not the literal, physical street mob, but the online mob that has replaced it — would seek revenge. There may not be any presidential goons, but any senior official who signs his or her name to a call for impeachment or removal will certainly be subjected to waves of hatred on social media, starting with a denunciation from the president. Recriminations will follow on Fox News, along with a smear campaign, a doxing campaign, attacks on the target’s family and perhaps worse. It is possible we have underestimated the degree to which our political culture has already become more authoritarian.

Maybe we have also underestimated the degree to which our Constitution, designed in the 18th century, has proved insufficient to the demands of the 21st. In 2016, we learned why it matters that our electoral college — originally designed to put another layer of people between the popular vote and the presidency, or as Alexander Hamilton wrote, to ensure “that the office of President will never fall to the lot of any man who is not in an eminent degree endowed with the requisite qualifications” — has become a stale fiction. Now an important constitutional amendment seems, to the men and women who are empowered to use it, too controversial to actually use.

The result: institutional and administrative chaos; our military chain of command is compromised; people around the elected president feel compelled to act above the law and remove papers from his desk. The mechanisms meant to protect the state from an incompetent or dictatorial president are not being used because people in power no longer believe in them, or are afraid to use them. Washington feels like the capital of a state where the legal order has collapsed because, in some ways, it is.

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