Armando Durán / Laberintos: Cataluña, la confusión y el caos
Decepción, rabia, indignación. Según el diario español El País, esas tres palabras resumen el exacto estado de ánimo de los partidarios de la independencia de Cataluña que se reunieron el martes 10 de octubre en los alrededores de las sede del Parlament catalán para escuchar a Carles Puigdemont proclamar la independencia de Cataluña. Esta reunión del Parlament en pleno para escuchar el informe de presidente de la Generalitat sobre los resultados y efectos del referéndum soberanista del primero de octubre estaba prevista para el lunes, pero el Tribunal Constitucional de España la había prohibido. Pospuesta para las 6 de la tarde del martes, Cataluña, el resto de España y buena parte del mundo aguardaron con ansiedad ese momento crucial de la crisis catalana.
Se esperaba, por supuesto, los peor, pero también como era previsible, a pocas horas de realizada la ilegal consulta electoral del primero de octubre, frustrada a la fuerza por la intervención combinada de la Guardia Civil y la Policía Nacional, comenzaron a surgir las primeras dudas en las filas del separatismo catalán. La firmeza expresada por el rey Felipe VI, la impresionante manifestación ciudadana del domingo 8 de octubre por las principales avenidas de Barcelona, la certeza de que el Gobierno de España pondría en marcha esta semana la aplicación del artículo 155 de la Constitución que autoriza la actuación de todos los poderes del Estado para anular la autonomía de cualquier región que se aparte del orden constitucional, y el traslado de importantes empresas privadas con sede en Cataluña a otros parajes de la geografía española, afectaron seriamente la unidad de los criterios en el amplio universo separatista catalán. Tanta inquietud generó la magnitud de estos ingratos mensajes de alarma, que Puigdemont se vio obligado en el último minuto a modificar substancialmente el fondo del anuncio que todos esperaban que hiciera.
Poe supuesto, Puigdemont reiteró en su discurso que los resultados del referéndum no dejaban lugar a dudas: los catalanes se habían pronunciado en favor de convertir a Cataluña en un “Estado independiente en forma de república”, pero, añadió, y ahí tembló el corazón de muchos independentistas, era conveniente suspender ese mandato durante algunas semanas “para emprender un diálogo y llegar a una solución (del problema catalán) acordada.” En el fondo, una declaración de lo que él quiere y lo que de inmediato le impusieron las circunstancias, que no dejó satisfecho a nadie, ni a sus partidarios ni a sus adversarios, hasta el extremo de que la pregunta que se hacían todos desde ese punto de incertidumbre y confusión era si Puigdemont había realmente proclamado o no la unilateral independencia de Cataluña.
En todo caso, su ambigüedad al asumir el “mandato” de las urnas del primero de octubre pero diferir sus efectos hundió a Cataluña, a España y a la Unión Europea en una situación de caos total. De ahí que Mariano Rajoy, después de reunirse la noche del martes con Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, en horas del mediodía informó que en vista de lo ocurrido, de la imprecisión de Puigdemont en su discurso y de acuerdo con las normas que rigen la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se había dirigido al presidente de la Generalitat con el requerimiento de que confirmara si en verdad había declarado la independencia de Cataluña o no, pues el gobierno está obligado a “ofrecer certezas y claridad a los españoles y a los catalanes.”
El miércoles, tres hechos pusieron de manifiesto cuál puede ser, a partir de lo que ya sólo puede ser calificado de embrollo monumental, la compleja hoja de ruta del proceso que desató unilateralmente el referéndum convocado al margen de la Constitución por Puigdemont. En primer lugar, que el presidente del Govern catalán, al darse por enterado del requerimiento formal de Rajoy, repitió su disposición a dialogar con el Gobierno español, una opción que él sabe es desde todo punto de vista imposible, pues dentro del marco de la Constitución española, la unidad de España es inquebrantable. Es decir, que diga lo que diga Puigdemont, entre el gobierno nacional y el catalán sólo puede iniciarse un diálogo después de que el Govern catalán renuncie a su pretensión de incluir en ese diálogo el tema de la independencia. A fin de cuentas, el gobierno nacional puede negociar con el de Cataluña todo, menos la unidad de España.
El segundo hecho a tener en cuenta es el sentido que se le quiso dar el jueves por la mañana al habitual desfile militar del 12 de octubre, Día Nacional de España. En primer lugar se trasladó el desfile desde el angosto paseo de Recoletos al muy amplio Paseo de la Castellana, para dar cabida en sus aceras a una asistencia multitudinaria. En segundo lugar, se le dio al acto un hondo significado político, al adornarlo con la consigna de “Orgullosos de ser españoles”, y la proliferación de banderas españolas, algunas de ellas de gran tamaño, como las que llevaban los paracaidistas que lentamente descendieron ese mediodía sobre el asfalto de la avenida. Por último, debemos tener muy presentes las palabras de María Dolores de Cospedal, miembro clave del equipo de Rajoy y su Ministra de Defensa, quien poco antes de iniciarse el desfile le declaró a la prensa que tenía “la casi completa seguridad de que no va ser necesaria la intervención militar en Cataluña”, pero que las Fuerzas Armadas están preparadas para hacerlo, porque “tienen atribuida la defensa del orden constitucional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de nuestro país.” Un mensaje nada subliminal a Puigdemont y a sus aliados separatistas: o dejan sin efecto el supuesto mandato del ilegal referéndum del primero de octubre, o aténganse a las consecuencias, que como contempla el artículo 155 de la Constitución, pueden llegar incluso a la indeseable pero legítima intervención militar en Cataluña.
En el marco de esta nueva realidad política abierta conjuntamente por la ambigüedad del discurso de Puigdemont, la invocación por parte de Rajoy del artículo 155 y el sentido exacto de este desfile militar se produjo el tercer y sorprendente hecho que puede terminar dándole al conflicto catalán un espectacular vuelco político. Según declaración de Pedro Sánchez, en su reunión con Rajoy el martes por la noche, el presidente del Gobierno español había dado su brazo ultra conservador a torcer al expresar que finalmente estaba dispuesto a aceptar la opción, hasta ahora inaceptable para él y para su Partido Popular, de abrir un debate parlamentario sobre la reforma de la Constitución Nacional, que en este caso se referiría directamente al espinoso tema de la territorialidad del Estado español y sus autonomías.
Aún es temprano para sacar conclusiones válidas sobre el desenlace de esta grave crisis política, pero podemos hacer dos observaciones. Por una parte, Puigdemont, al diferir la aplicación de los efectos de su referéndum para una fecha indeterminada, ha dado un paso atrás que en el terreno de los hechos políticos debe ser considerado como una indiscutible y probablemente muy costosa derrota personal. Ahora bien, en caso de que se acepte el debate parlamentario para reformar la Constitución, Puigdemont podría esgrimir en su favor, al menos por un rato, el argumento de que gracias al tremendismo de su propuesta de independencia unilateral los catalanes tendrían ahora la oportunidad de avanzar “sensatamente” (la virtud que según los catalanes mejor define el carácter del catalán es el seny, una mezcla de la sensatez y equilibrio ausente por completo en la conducta política de Puigdemont y compañía), de acuerdo con el Gobierno español y, en consecuencia, también de acuerdo con los gobiernos de la Unión Europea, en el desarrollo de una ruta mucho más promisoria y ambiciosa de su existencia como Estado autónomo, pero sin salirse de España.
Por su parte, Rajoy puede presentarse ante los suyos y ante sus socios europeos como ganador de la muy difícil confrontación con el separatismo catalán, pero al muy elevado precio de dar marcha atrás en la rigurosa política anti-autonómica del Partido Popular, al calor de la cual, hace 7 años, el Tribunal Constitucional frenó la aprobación de un nuevo y avanzado Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue la aspiración catalana de profundizar la naturaleza de su autogobierno, negada sistemáticamente por el Gobierno de Rajoy, pero que ahora, con el decisivo impulso del PSOE de Pedro Sánchez, muy pronto podría hacerse realidad.
Desde el jueves, día de la virgen del Pilar, hasta el domingo, en España se abre un paréntesis de cuatro días. Días festivos que quizá aprovechen los protagonistas del actual drama español para reflexionar sobre una circunstancia, la peor desde la guerra civil española, que amenaza a España con el peligro cierto de que aquella pesadilla pueda ahora repetirse, aunque en versión distinta porque los tiempos y las coordenadas europeas son otras, pero pesadilla al fin y al cabo si el rauch, palabra catalana que podríamos traducir por arrebato y desmesura, se apoderase del ánimo de los extremistas de ambos bandos. Esperemos que entre el seny catalán y la mesura castellana logren estos días apagar las hogueras que han comenzado a calentar el otoño español.
