Armando Durán / Laberintos: Dilma en el banquillo
El próximo viernes 5 de agosto, los 81 miembros del Senado brasileño decidirán aprobar o rechazar el informe final de la comisión especial, presidida por el senador Antonio Anastasia, sobre el futuro de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, acusada de cometer graves delitos fiscales y suspendida temporalmente de su cargo el pasado 12 de mayo. Ese mismo día, el mundo entero tendrá la vista clavada en ese país, pero por una razón muy distinta, infinitamente menos escabrosa. A las 7 en punto de esa tarde, a pesar de la amenaza que representa la epidemia de Zika que afecta a Brasil, el temor a actos de terrorismo de origen islámico y de las protestas de muchos deportistas por las pésimas instalaciones de la Villa Olímpica, se inaugurarán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde miles de atletas procedentes de todos los rincones del planeta competirán en 42 modalidades deportivas por la gloria y el asombro de los aficionados. La cara luminosa y la cruz oscura de este controversial momento de la actualidad brasileña.
Todo comenzó el 17 de marzo de 2014, cuando un operativo policial más o menos ordinario acudió a la estación de servicios automotrices Posto da Torre, situada a 3 kilómetros de los principales edificios del gobierno en Brasilia, pues existían evidencias de que su propietario utilizaba las instalaciones de la empresa, 16 surtidores de gasolina, un café y una lavandería para lavar dinero sucio y luego, utilizando la casa de cambio que funcionaba allí, enviar el dinero sucio lavado a cuentas en el extranjero. La sorpresa fue que a medida que se desarrollaba el operativo, llamado Lava Jato, (lava-autos, aunque desde hacía años en Posto da Torre no se lavan autos), quedó al descubierto una vasta conspiración financiera cuyos tentáculos iban muchísimo más allá de ese presunto negocio sucio y comprometían a grandes empresas, como la estatal petrolera Petrobras, la mayor de América Latina, y las dos principales constructoras del país, Odebrecht SA y Andrade Gutierrez, y a políticos de tanta importancia como Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del Partido de los Trabajadores (PT), dos veces presidente de Brasil, promotor del izquierdista Foro de Sao Paulo y mentor político de Dilma Rousseff.
El escándalo conmocionó a medio mundo y llevó a la cárcel a los presidentes ejecutivos de Odebrecht y Andrade Gutierrez, y a otros nueve altos directivos de ambas empresas, acusados de hacer grandes y turbios negocios con Petrobras. Se destapó la participación de cuatro altos ex ejecutivos de Petrobras y de casi medio centenar de políticos en actos de corrupción que han obligado a Petrobras a asumir un cargo contable de 17 mil millones de dólares, y han conducido a los tribunales al tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) y a un político hasta ese momento intocable, Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del PT, dos veces presidente de Brasil, promotor el izquierdista Foro de Sao Paulo pero a la vez de muy exitosa actuación en el ultra liberal Foro de Davos, y mentor político de Dilma Rousseff.
El juicio político que ha colocado a Rousseff al borde del abismo no ha sido, sin embargo, su presunta participación en esos actos de corrupción, que sin duda la salpican por su relación con Andrade Gutierrez, empresa que hizo grandes aportes financieros a su campaña por la reelección presidencial, sino “por atentar contra la Constitución”, como señala el senador Anastasias en una de las principales conclusiones de su informe de 441 páginas, ya que contrajo préstamos con la banca pública y privada sin la debida autorización del Congreso, con la ilegal finalidad de ocultar los graves déficits que presentaban los presupuestos nacionales correspondientes a los años 2014 y 2015.
La primera parte del proceso concluyó el 12 de mayo pasado, cuando 55 de los 81 senadores aprobaron la solicitud formulada por la cámara de los diputados de iniciar un juicio político a Dilma Rousseff, quien en consecuencia fue suspendida de su cargo por la duración del procedimiento parlamentario-judicial. Ese mismo día tuvo que abandonar su despacho presidencial, que fue ocupado de inmediato por su vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Poco después el Senado nombró una comisión compuesta por 21 senadores, de los cuales sólo 5 apoyaban a Rousseff, cuyo trabajo, resumido en el informe que le presentó Anastasias al pleno del Senado el pasado martes, será discutido este jueves y viernes por decisión acordada por Renan Calheiros, presidente del Senado, y Ricardo Lewandoswski, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Si el viernes una mayoría simple senadores, 41 de los 81, aprueba el informe de la comisión Anastasias, el martes 9 de agosto el pleno del Senado comenzará el debate para determinar la suerte final de Rousseff. El debate podría extenderse hasta 5 sesiones, pero el próximo 29 de agosto, apenas una semana después que se apaguen los focos que han iluminado alegremente el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Río, los senadores volverán a reunirse y votar a favor o en contra de la destitución de Rousseff. Para que la suspensión se convierta ese día en destitución, sus acusadores necesitarán contar con una mayoría calificada de senadores, 54 o más, en cuyo caso Tremer continuaría al timón de la nave brasileña hasta las próximas elecciones presidenciales, previstas para el año 2019. Si, en cambio, quienes promueven la destitución de Rousseff no logran los votos necesarios, Rousseff recuperaría de inmediato la presidencia de Brasil.
En 1992, Brasil vivió una experiencia parecida, cuando el entonces presidente, Fernado Collor de Melo, fue acusado de haber cometido graves delitos de corrupción y fue sometido a un juicio político similar al de Rousseff. La diferencia es que según se demostró durante los debates en la cámara de los diputados, Collor de Melo había recibido enormes sumas de dinero y había propiciado el enriquecimiento vertiginoso de amigos y testaferros. Pero mientras Rousseff, a quien no se ha acusado directamente de corrupción, se ha negado en todo momento a reconocer su responsabilidad en ningún otro delito, ni siquiera fiscal, y se ha defendido con firmeza y tenacidad, Collor de Melo prefirió dimitir de su cargo nada más iniciarse el procedimiento para destituirlo. A cambio de su cooperación recibió como único castigo por sus delitos la prohibición de ocupar cargos públicos durante los 8 años siguientes.
Aquella solución tranquila del problema no permite, pues, presumir los efectos que provocarían la casi segura condena de Rousseff. ¿Será destituida y muy poco más, o sus numerosos acusadores y las decenas de miles de ciudadanos que siempre se han hecho presentes cuando se les convoca a las calles para exigir la renuncia de Rousseff, indignados ahora más que antes por las revelaciones del caso y la resistencia de la acusada, exigirán algo o mucho más que una simple destitución? ¿Y después de caer Rousseff, qué ocurrirá con los protagonistas menores del drama carioca? Y, por supuesto, la gran pregunta: ¿caerá también Lula da Silva, con todo lo que ello significaría?
