Armando Durán / laberintos: Dos consultas electorales históricas

   El pasado lunes, en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe supremo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmaron el acuerdo, negociado a lo largo de cuatro años de dificultades, que pone fin a medio siglo de sangrienta guerra, más de 250 mil muertos. El próximo domingo, 2 de octubre, los colombianos tendrán que refrendar o rechazar con el SÍ o el NO de sus votos, los acuerdos alcanzados. Un tema que se viene debatiendo en toda Colombia con gran intensidad. A medida que se acerca esa fecha fatal, la tensión se hace más enconada y su resolución más incierta.  

   Las encuestas se contradicen y no despejan en absoluto las dudas sobre el porvenir a la paz en Colombia, cuyos múltiples objetivos pueden agruparse, por una parte, en una reforma agraria integral, que incluye la sustitución de los cultivos de coca por otros productos agrícolas, extensas zonas de despeje para los guerrilleros desmovilizados y un ingreso mensual para cada uno de ellos, durante los próximos 24 meses, equivalentes a 210 dólares. Y que por la otra, pone el énfasis en una reforma política que le abre a las FARC la posibilidad de transformarse en partido político, al que el acuerdo le garantiza no sólo participar en las elecciones de 2018 y 2022, sino que ellas, al margen de los votos que consigan, tendrán aseguradas 5 escaños en el Senado y otros 5 en la cámara de diputados. A ello debe añadirse un sistema de justicia caracterizado por la inmunidad, excepto para quienes sean culpables de haber cometido crímenes de guerra.  

   Son precisamente estos compromisos adquiridos por las partes en el ámbito de los acuerdos políticos, los que dividen amargamente a la opinión pública colombiana. Por ejemplo, según Humberto de la Calle, jefe del grupo negociador del gobierno, “si gana el No, sencillamente se acabó el proceso.” Es decir, que a pesar de las firmas de Santos y de Londoño, si los colombianos no refrendan la decisión del gobierno y de la guerrilla de imponer la paz, la guerra se reanudaría, ahora con mucho más rencor. Los adalides

Del No, los ex presidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, sostienen lo contrario. Ambos sostienen que lo que en realidad hace Santos con este acuerdo es entregarle el país a las FARC y con ello generar una gran indignación colectiva, porque además “se le perdona todo al terrorismo.” De acuerdo con esa misma línea de intransigencia, argumentan que este acuerdo de paz, en lugar de unir a los colombianos, en realidad los divide aún más.

   Mientras la vecina Colombia se regocija por la paz o se encoleriza por el borrón y cuenta nueva que los acuerdos de paz le conceden a la guerrilla de las FARC, todavía considerada por Estados Unidos como una organización terrorista a pesar de que el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, participó como testigo del acuerdo alcanzado por el gobierno y las FARC, Venezuela se adentra esta semana en el desafío que significa haber solicitado, de acuerdo con el artículo 72 de su Constitución, un referéndum revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro. Hace 12 años el entonces presidente Hugo Chávez se sometió al primer revocatorio que se realizó en Venezuela a regañadientes, pero a pesar de ello y de las innumerables triquiñuelas y los reiterados abusos de poder, aceptó el desafío y contra lo que indicaban las encuestas, logró derrotar a la oposición. Ahora soplan otros vientos sobre Venezuela. Después del descalabro electoral del chavismo en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, nadie duda que de celebrarse este referéndum Maduro lo perdería y el vicepresidente de la República tendría que convocar una elección presidencial anticipada en un plazo no mayor de 30 días.

   Esta ha sido la razón de la crisis institucional y constitucional que durante las últimas semanas ha venido empujando al país hacia un abismo que en este punto del proceso ya luce insondable. El régimen de la llamada revolución bolivariana no está dispuesto a abandonar por las buenas el poder que ejerce de manera cada día más hegemónica, pero lo cierto es que ha perdido al menos 80 por ciento de su popularidad, y la oposición, por primera vez en estos 17 años, se siente mayoría y actúa como tal.

   Esta dura confrontación gobierno-oposición ha tenido por ahora tres episodios decisivos. El primero, las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. El segundo, el conflicto entre la Asamblea Nacional electa ese día y compuesta en sus dos terceras partes por diputados de la oposición y el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados, todos leales militantes del proyecto chavista, fueron designados por la Asamblea Nacional saliente a finales de diciembre y sin cumplir con los requisitos y lapsos que exige la Constitución. La crisis ha llegado al extremo de que hoy por hoy la Asamblea desconoce las acciones del TSJ y el TSJ ha dictado sentencia anulando la legalidad de las acciones emprendidas y las leyes aprobadas por la Asamblea. El tercer escenario es la confrontación entre la alianza opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el Consejo Nacional Electoral en torno al constitucional mecanismo del referéndum revocatorio del mandato presidencial, cuyas últimas incidencias han sido, en primer lugar, el anuncio formulado hace una semana por el CNE alterando substancialmente la legalidad constitucional del mecanismo, al anunciar que la recolección de 20 por ciento del censo electoral requerido para activar el revocatorio se realizará los días 26, 27 y 28 de octubre, pero que en lugar de las 19 mil y tantas máquinas captahuellas cuyo uso sirve para comprobar la identidad real de los electores, sólo se instalarán 5 mil y tantas. El horario de la votación se reduce a pocas horas diarias y ese 20 por ciento, en lugar de referirse al censo nacional, como indica la Constitución y los reglamentos de la ley electoral, en este caso se referirá al 20 por ciento de cada estado. Además de estas condiciones que persiguen el evidente propósito de impedir la recolección de las dichosas firmas, el anuncio del CNE incluyó la noticia de que el revocatorio no podrá realizarse hasta mediados del primer trimestre de año que viene, o sea, cuando la derrota de Maduro sólo significaría su cesación en el cargo, que de inmediato, sin convocar una elección presidencial anticipada, su vicepresidente asumiría sus funciones hasta el año 2019.

   El pasado lunes la MUD respondió al anuncio, pero en lugar de poner de manifiesto la división interna de la alianza y la desmoralización de sus miembros, que eran los propósitos que perseguía el régimen con el anuncio del CNE, demostró todo lo contrario, un compromiso público firme y decidido, que no pudo ser transmitido en directo por radio y televisión porque nada más comenzar su intervención Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, el Ministerio de Comunicaciones intervino todas las señales de radio y televisión para transmitir en cadena nacional un discurso de Maduro sobre el inicio del nuevo año escolar. Esfuerzo infructuoso por silenciar a la oposición, pues las redes sociales se ocuparon de divulgar ampliamente el mensaje de la alianza opositora: en primer lugar, más unida y más categórica que nunca, la MUD denunció que las decisiones anunciadas por el CNE de ser son desde todo punto de vista inconstitucionales y que por ello la MUD no las acepta, como tampoco acepta que el revocatorio se posponga hasta febrero o marzo del año 2017. En consecuencia, la MUD convocó una gran protesta nacional el próximo 12 de octubre y a partir de se día una movilización total del pueblo opositor para obligar al régimen a entrar por el aro de la legalidad democrática, groseramente violada por el CNE. Si a pesar de todos estos esfuerzos no hacen mella las manifestaciones de calle en la terquedad oficial, a la oposición no le quedaría otro remedio que llamar a la desobediencia civil.

   América Latina se halla, pues, ante dos consultas electorales históricas. Su realización y resultados no se limitarán a los espacios físicos y políticos de Colombia o Venezuela. En el caso de Colombia los electores inclinarán la balanza en dirección a la paz o la reanudación inevitable de la guerra, cuyos efectos trascenderán las fronteras geográficas del país. En Venezuela también se decide si el país emprende por las buenas una transformación a fondo de su sistema político y económico, o si a partir del 12 de octubre el régimen chavista aumenta la represión para sofocar la protesta popular, primer paso de su camino hacia una dictadura abierta, sin disimulos ni edulcorantes. En ambos casos, cualquiera que sean sus desenlaces, la resolución de estos complejos procesos políticos tendrán una influencia indeleble en el futuro regional, cuyo desarrollo político ya ha comenzado a experimentar grandes cambios, en Argentina primero, después en Brasil y dentro de nada en Bolivia, Ecuador e incluso en México, cambios que a su vez contribuirán a diseñar la América Latina de mañana. Una región que si bien puede que no sea una América Latina del todo nueva, al menos implicará la adopción de coordenadas públicas muy distintas. Líneas de desarrollo que, en todo caso, para bien o para mal, más allá de las muy agudas y peligrosas contradicciones que estos días cobran vida en Colombia y en Venezuela, generarán un notable cambio en el horizonte regional.