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Armando Durán / Laberintos: La pavorosa crisis venezolana (II)

 

   Nadie lo pone en duda. La crisis que devasta material y espiritualmente a Venezuela es pavorosa. Nadie duda tampoco, ni en Venezuela ni en la comunidad internacional, que la culpa de esta catástrofe política y humanitaria es del régimen. No de la mala aplicación de políticas públicas equivocadas, como algunos dirigentes de la supuesta oposición política todavía insisten en recalcar, sino de una ideología, rebautizada por Hugo Chávez como socialismo del siglo XXI, que es, de la A a la Z, simple comunismo estalinista en su versión cubana.

   El principal obstáculo para enfrentar eficazmente al régimen y superar la dramática situación socio económica que asfixia a Venezuela ha dependido de la manera de percibir o no querer ver la naturaleza real de la crisis. Este ha sido el fundamento de las dos estrategias que desde hace 15 años ilustran las contradicciones que minan las fuerzas de la oposición popular venezolana. Para el sector dominante de quienes no comparten las acciones del régimen chavista, reconocer las raíces marxistas-leninistas del proyecto que puso en marcha Chávez con su fracasada intentona golpista del 4 de febrero de 1992, equivaldría a caer en una trampa inadmisible. En verdad, una falsificada visión de la realidad nacional que surgió tras el fracaso de la rebelión civil y militar del 11 de abril de 2002 y que desde entonces ha llevado a numerosos dirigentes de la oposición a pasar por alto la necesidad de sustituir al régimen chavista por otro y los ha hecho en cambio comprometerse a fondo con la misión imposible de dialogar y entenderse con el régimen, argumentando que hablando con sus dirigentes conseguirían convencerlos a rectificar pacíficamente sus erradas políticas públicas. Dejaban así de lado el hecho indiscutible de que las medidas emprendidas por Chávez y sus demoledoras consecuencias sociales no son el resultado de la improvisación y la mala gestión de gobernantes incompetentes, sino el efecto inevitable de una doctrina que apunta directa e implacablemente a la reproducción en Venezuela de la fracasada experiencia cubana. Entrar en ese debate, han sostenido con inusitada insistencia, es hacerle el juego al régimen.

   Las dos vías de la oposición

   Este sector “moderado” de la oposición -hay que llamarlo de algún modo-, es reconocible porque siempre ha preferido no llamar en ningún momento las cosas por su nombre. De ahí las múltiples incoherencias opositoras, circunstancia que le ha permitido al régimen avanzar con absoluta impunidad hacia ese punto que Chávez decía ver allá a lo lejos, en el horizonte. Puro colaboracionismo, que también ha conducido a los débiles partidos no chavistas a aceptar las reglas imposibles del juego, dictadas con mano de hierro por el régimen, y sentir que gracias a esta claudicación el régimen los identificaba como oposición oficial. Gracias a este “entendimiento”, traducido en frecuentes rondas fraudulentas de diálogo y tramposas elecciones para todo, los jerarcas de la revolución venezolana del siglo XXI han podido elaborar y presentarle al mundo una fraudulenta pero suficiente legalidad democrática para que esas formalidades le permitan a la comunidad internacional justificar su indiferencia. Diálogo y elecciones que por otra parte son auténticos caramelos envenenados que comenzaron a dispensarse a quienes se portaran bien en la llamada Mesa de Negociación y Acuerdos, montada en 2003 por César Gaviria, entonces secretario general de la OEA, y el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, a la medida exacta de los intereses de un Chávez vacilante después de su fugaz derrocamiento el año anterior. Desde entonces, con sus altas y sus bajas, este ha sido el mecanismo empleado por el régimen para conservar, consolidar y profundizar su dominio hegemónico hasta el penoso e incierto día de hoy.

   Esta turbia y persistente manera de entenderse con el régimen a partir de la engañosa instancia negociadora y del trucado referéndum revocatorio del mandato presidencial de Chávez en agosto de 2004, le sirvió al The New York Times para destacar en un editorial publicado inmediatamente después de conocerse los resultados imprevistos del referéndum, el incomprensible quehacer opositor: “A la oposición venezolana siempre le ha faltado eficacia y realismo para encarar el reto que le presentaba Chávez.”

   Esta ha sido desde entonces la línea estratégica y argumental de los llamados partidos de oposición agrupados, los primeros años en la Coordinadora Democrática y desde 2009 en la alianza de la Mesa de la Unidad Democrática. Sin importarles nunca para nada que esa claudicación era el ingrediente esencial que necesitaba el régimen para implantar su proyecto político sin mayores complicaciones, al muy bajo costo de cederles a sus presuntos adversarios reconocimiento oficial y algunos insignificantes espacios burocráticos de origen electoral. Suficientes concesiones, sin embargo, que les han servido a los dirigentes de esos partidos para hacerles creer a millones de venezolanos, víctimas inocentes de una desesperación creciente a medida que el régimen profundizaba su paralizante dominio político e ideológico por la muy cómoda vía pacífica y democrática del diálogo y las urnas electorales.

   Precisamente por esta perversa razón, cuando años después el régimen anuncio la fraudulenta victoria de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles en la elección presidencial de 2013, el derrotado candidato de la oposición, a pesar de que había convocado al pueblo a denunciar el fraude en las calles, enseguida admitió la legalidad del evento, una decisión que desactivó de inmediato las protestas populares que habían comenzado a estremecer los cimientos del naciente segundo gobierno del régimen chavista. En ese punto crucial del proceso político venezolano, tres de los principales dirigentes de la oposición, Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, que le habían dado todo su apoyo a la candidatura de Capriles, decidieron apartarse de esa estrategia contaminada abiertamente de colaboracionismo y llamaron al pueblo a tomar las calles y exigir la ¨salida” de Maduro y el fin del régimen.

   Por esta misma razón, sin embargo, los restantes sectores de la oposición acudieron de prisa y corriendo  al urgente llamado de Maduro a reunirse con él en el Palacio de Miraflores para “encontrar”, todos juntos y revueltos, la dichosa solución pacífica y negociada a las tensiones de aquel difícil momento entre el régimen y los ciudadanos. El resultado de aquella operación de maquillaje, gracias al falso mensaje de un potencial entendimiento de unos y otros sin violencia a pesar de que medio centenar de manifestantes habían sido asesinados por las fuerzas represivas del régimen, fue que tres meses después el régimen recuperó el control de la situación. López y Ledezma terminaron presos en la cárcel militar de Ramo Verde y Machado fue despojada de su condición de diputada a la Asamblea Nacional. Una vez más el régimen y la oposición oficial se daban las manos y de ese tácito acuerdo político salió un modus vivendi diseñado para continuar avanzando en el proyecto oficialista de destruir lo poco que iba quedando de la Venezuela de antaño para construir el futuro revolucionario de Venezuela sobre las ruinas del antiguo régimen democrático.

   Se precipita la crisis

   Un aparente remanso de paz invadió las calles de Venezuela. No obstante, la crisis socio-económica se fue abriendo paso aceleradamente en la realidad venezolana. Un hecho demasiado palpable y cada día más insostenible que impulsó a los venezolanos a aprovechar la convocatoria a elecciones parlamentarias en diciembre de 2015 para ajustar cuentas con un régimen que a pesar de todo iba transformando la crisis económica y social en auténtica e insostenible crisis humanitaria. La fuerza demostrada aquel día de la votación por millones de ciudadanos resueltos a darle un vuelco decisivo a la situación política produjo un hecho histórico: a pesar de los apaños, las trampas y las manipulaciones, la magnitud de la derrota del oficialismo obligó al Consejo Nacional Electoral a reconocer que los candidatos de la oposición habían conquistado la victoria y en cuatro semanas ocuparían las dos terceras partes de la nueva Asamblea Nacional.

   Ya sabemos lo que ocurrió después. Si bien en un principio el régimen pareció reconocer la aplastante derrota de sus candidatos, muy pronto desataron una ofensiva encaminada a neutralizar por todos los medios esa irreversible contingencia. Día a día el Tribunal Supremo de Justicia, conformado por magistrados designados por la saliente Asamblea Nacional durante esas cuatro semanas que discurrieron entre la elección de los nuevos diputados y la instalación de la nueva Asamblea Nacional, desmantelaban las iniciativas legislativas aprobadas constitucionalmente por la nueva mayoría parlamentaria. Continuos desmanes antidemocráticos que a finales de marzo de 2017 llegaron al extremo de dictar dos sentencias mediante las cuales se despojaba a la Asamblea Nacional  de las atribuciones y funciones que la Constitución le fija al Poder Legislativo y se las asignaban al ahora todopoderoso TSJ.

   Aquello fue un auténtico golpe de Estado. Todas las alarmas se dispararon en una comunidad internacional que al fin dejaba atrás la aceptación de lo inaceptable porque hasta ese instante crucial la astucia del régimen había sabido aplicarle una ligera capa de legalidad a sus decisiones menos democráticas, y por otra parte obligó a los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática a abandonar su cómoda posición de no ver lo evidente: ante una realidad que los dejaba por sorpresa fuera del juego, no les quedaba otro camino que reaccionar con firmeza contra esas nuevas decisiones del régimen que los condenaban a la no existencia en el escenario político al que se habían ido acomodando a lo largo de los últimos 15 baños. Denunciaron las dos sentencias del TSJ como lo que en verdad eran y, apoyados por un sector cada día mayor de la comunidad internacional, desde la MUD y desde la Asamblea Nacional, convocaron a los ciudadanos a invocar el derecho constitucional de rebelarse contra el régimen y tomar las calles hasta cambiar de presiente, gobierno y régimen en el menor plazo posible con la finalidad de restaurar el roto hilo constitucional y el Estado de Derecho. Y así, sin haberlo deseado en absoluto, se veían forzados a adoptar la postura disidente que habían rechazado con ciega vehemencia desde los ya remotos tiempos de la Mesa de la Negociación y Acuerdos y del referéndum revocatorio de 2004.  

   Ahora, con la dirigencia política de los dos sectores enfrentados de la oposición, Venezuela estalló el 2 de abril de 2017. Desde ese día, y durante cuatro sangrientos meses, el mundo contempló admirado cómo centenares de miles de venezolanos tomaban las calles de todo el país, se enfrentaban con palos y piedras a las fuerzas represivas del régimen, regaban el asfalto con la sangre de más de 150 manifestantes y con la fuerza incontenible de su voluntad de cambio acorralaban régimen. A todas luces, el tiempo se le acababa a velocidad de vértigo a la mal llamada revolución bolivariana. Nadie contaba, sin embargo, con la astucia de los asesores de Maduro para enfrentar el reto de la calle, ni con la elasticidad infinita del oportunismo de ese sector de la oposición con corazón colaboracionista. Y aquella burbuja, ya lo veremos la semana que viene, se disolvió de repente. 

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