Armando Durán / Laberintos: La política española sobre la crisis venezolana
Poco antes de la medianoche del pasado 28 de julo, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral desató en Venezuela una crisis política que no cesa al proclamar a Nicolás Maduro ganador en la elección presidencial realizada ese domingo, pero sin dar acceso público a las actas de las 30,006 mesas electorales ni permitir la verificación manual de la votación, tal como lo establecen las leyes electorales venezolanas. Al día siguiente, el equipo técnico de María Corina Machado publicó 83 por ciento de esas actas, recibidas al cierre de las mesas por los testigos de mesa del candidato opositor, el diplomático jubilado Edmundo González Urrutia, tal como lo establece la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, según las cuales el candidato unitario de la oposición obtuvo casi el 70 por ciento de los votos emitidos. Desde ese instante, con su muy penoso saldo de muertos y encarcelados, Venezuela se precipitó en el abismo de una crisis de consecuencias imprevisibles, situación que atrapó de inmediato la atención de la comunidad internacional y ha ocupado los titulares de la prensa escrita y audiovisual de las dos Américas y la Unión Europea. Una realidad inevitablemente ensombrecida por las dudas y la incertidumbre que, en España, escenario de una de una exasperada confrontación política e ideológica entre Pedro Sánchez, presidente socialista del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, líder del liberal Partido Popular, adquirió un nivel desde todo punto de vista desmesurado.
Esta confrontación Sánchez-Feijóo se agudizó aún más a partir del pasado 7 de septiembre, cuando se supo que González Urrutia había salido al exilio en Madrid a bordo de un avión de la Fuerza Aérea española enviada por orden expresa de Sánchez, quien por razones que él calificó de “humanitarias” le tendió la mano al venezolano, pero con la advertencia de que aunque no reconocía la victoria de Maduro, tampoco reconocía la de González Urrutia. Desde ese mismo día, nuevas y enmarañadas dudas surgieron al ir conociéndose los pormenores del resguardo de González Urrutia en la residencia del embajador de los Países Bajos en Caracas, su asilo diplomático en la embajada de España y su salida al exterior con autorización del gobierno de Maduro. Mucho más enmarañada se hizo la madeja por los comunicados que divulgó el exiliado en Madrid, desde el enigmático primero de ellos, que daba a entender haber abandonado su puesto junto a Machado en el drama político venezolano, presunción que como era de esperar levantó los ánimos del régimen y hundió a la Venezuela opositora en un estado de honda depresión, pero que dos días más tarde lo contradecía el propio González Urrutia con un segundo comunicado en el que sostenía que todo había sido una estratagema para que se le permitiera salir de Venezuela y proseguir su lucha por hacer valer en el mundo la violentada soberanía del pueblo venezolana, expresada en las urnas del 28 de julio, y reiteraba que lo seguiría haciendo junto a María Corina Machado “hasta el final”, es decir, hasta que se produzca el cambio político y la transición de Venezuela hacia la democracia.
En un primer momento, este segundo mensaje de González Urrutia despejó la incógnita principal generada por su no prevista salida del país, pero muy pronto surgieron nuevas dudas y nuevas incertidumbres sobre lo que en verdad comenzó a transformarse en capítulo desconcertante de lo que a fin de cuentas parecía ser una patética comedia de enredos. De manera muy especial, porque el principal operador político del régimen desde hace 20 años, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, declaró a la prensa que lo cierto era que González Urrutia le dirigió una carta desde la residencia del embajador de España en Caracas, en la que reconocía la victoria de Maduro, la validez de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia certificando esa victoria y su deseo de abandonar Venezuela y retirarse de la vida pública en España.
La respuesta de González Urrutia no se hizo esperar. En efecto, declaró, esa carta sí existía, pero él no la había firmado, ante lo cual Jorge Rodríguez entregó a la prensa fotos que mostraban a González Urrutia firmando la carta y entregándosela a Jorge Rodríguez y a su hermana Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Venezuela, en presencia del embajador español. La reacción de González Urrutia tampoco se hizo esperar, al admitir que sí, había firmado la carta, pero bajo amenazas y coacción del gobierno venezolano. Idas, vueltas de tuerca y venidas que hicieron aun mayor la confusión y provocaron en España una auténtica tormenta política, pues esa violación de los derechos de González Urrutia como asilado se había ejecutado en la sede diplomática, es decir, en España, con la aprobación del gobierno de Sánchez, a quien ahora se le señalaba como cómplice de Maduro en un acto de lesa conducta criminal. Los argumentos contra la posición de Sánchez incluían ahora haber propiciado la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, su compañero de partido, en la maniobra por desterrar a González Urrutia y coaccionarlo a firmar lo que para el régimen venezolano era un certificado de defunción de la movilización opositora contra Maduro.
Ante este nuevo giro de la situación resulta oportuno recordar que el empleo de la desoladora crisis venezolana como arma arrojadiza de los adversarios españoles de Sánchez se inició hace años. Para ser precisos, el 4 de noviembre de 2007, durante la XVII Cumbre Iberoamericana, que se realizaba en Chile. En su intervención de ese día, Hugo Chávez calificó al expresidente del gobierno español José María Aznar de “fascista y racista” por haber apoyado el “golpe de Estado” en su contra el 11 de abril de 2002 y Rodríguez Zapatero, que tres años antes había sustituido a Aznar en la Presidencia del Gobierno español, pidió la palabra y le exigió a Chávez respeto para Aznar. Chávez interrumpió groseramente varias veces a Rodríguez Zapatero y el entonces rey Juan Carlos I no pudo contenerse y regañó malhumorado a Chávez con un reclamo que se hizo célebre: “¿Por qué no te callas?” Desde ese encontronazo las relaciones de los gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro con España fueron de mal en peor, incluso en los primeros tiempos de Pedro Sánchez, cuando en el año 2019 el líder español reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Nadie sabe con exactitud cuándo ni cómo Rodríguez Zapatero y Chávez superaron aquel encontronazo, pero lo cierto es que el español, al margen del gobierno español, terminó siendo sostén incondicional de Chávez durante su gobierno y después asesor de Maduro al margen de los vaivenes de la política española, incluyendo ahora su mediación para en el desarrollo de la operación del régimen venezolano para romper irremediablemente la unidad de la cúpula opositora con el exilio de González Urrutia a España, decisión que implicaba el abandono de la lucha “hasta el final” del “presidente electo” de Venezuela a cambio de una tranquila jubilación en Madrid.
Sin duda, la nueva versión de González Urrutia sobre los entretelones de su exilio tomó por sorpresa al gobierno de Maduro. Por otra parte, sin embargo, facilitó que Sánchez, cauteloso para no repetir su error de reconocer prematuramente a Guaidó como presidente interino de Venezuela, equivocación que cometieron entonces cas i todos los gobiernos de las dos Américas y Europa, incluyendo a Estados Unidos, pudiera ahora asumir una posición más firme frente al régimen venezolano, impulso que le permitió firmar esta semana, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, un documento que hicieron suyos otros 30 gobiernos de las dos Américas y la Unión Europea, en el que exhortan a Venezuela a posibilitar “una transición para resolver el impás político del país y restaurar las instituciones democráticas.” Más adelante, si bien no lo reconoce directamente como presidente electo, el documento, y por lo tanto el gobierno español, sostiene que “el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, según los registros electorales públicamente disponibles fue el más votado de los candidatos en las elecciones del 28 de julio.” Consecuencia directa de esta certeza en el resultado de la votación presidencial es que el documento firmado por España en Nueva York sostenga que “han pasado casi dos meses desde la elección y los llamamientos a la transparencia electoral siguen sin respuesta.”
Este documento y la posición adoptada por España nada tienen que ver con el ingrediente ideológico que dividió al mundo en dos bloques irreconciliables al terminar la Segunda Guerra Mundial y que marcó la reacción mundial ante la revolución cubana hace más de 60 años, sino con la distorsión provocada por la torpeza del régimen venezolano a la hora de gestionar la elección presidencial del pasado 28 de julio, al violentar todas las reglas del juego adoptadas en el planeta por los regímenes no totalitarios, y la violación sistemática, como política de Estado, de los derechos humanos. De ahí que un gobierno socialista como el de Gabriel Boric en Chile condene abiertamente al gobierno de Venezuela y que aliados de Maduro como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva cada día que pasa se sientan obligados, más allá de sus afinidades políticas y relaciones personaloes con Maduro, a afinar su posición oficial ante lo que ocurre en Venezuela.
En todo caso, y eso es lo que a fin de cuentas también define la posición del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la crisis venezolana, el próximo 10 de enero, fecha prevista por las leyes venezolanas para el inicio de un nuevo período presidencial, termina el plazo que tiene el régimen venezolano para satisfacer la demanda que le hace la comunidad internacional para no pasar de las declaraciones a la acción.
