Armando Durán / Laberintos: ¿Nuevo diálogo gobierno-oposición en Venezuela?
La sorpresa ha vuelto a sumir a Venezuela y al mundo en la mayor confusión política: este lunes, sin el menor indicio de lo que se estaba cocinando, desde París, Jean-Ives Le Drian, canciller francés, nos sorprendió a todos con el anuncio de que dos días más tarde, en la capital de la República Dominicana, se reanudaría el diálogo interrumpido a finales de noviembre del año pasado entre el gobierno que preside Nicolás Maduro y la oposición. Según se supo poco después, la reactivación de esta habitual maniobra apaciguadora del oficialismo venezolano contará esta vez con el auspicio de Danilo Medina, presidente dominicano, una enigmática novedad, pero de nuevo el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ejercerá su acostumbrada función de sonriente agente mediador y embaucador del régimen.
Esta sorpresa se hizo aún mayor cuando el miércoles Rodríguez Zapatero, acompañado por Miguel Vargas, canciller dominicano, declaró a la prensa que ambos estaban convencidos de que existe “una oportunidad para iniciar un proceso de encuentro, reconocimiento mutuo y reconciliación”, y llamaron al gobierno y a la oposición “a transitar por un camino de negociación y acuerdo político.” Por supuesto, Maduro acogió la noticia poniendo cara de gobernante feliz y satisfecho, al tiempo que llegaban a la capital dominicana sus representantes, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y alcalde del capitalino municipio Libertador, respectivamente, y el ex canciller venezolano de Hugo Chávez, Roy Chaderton. Ese mismo viernes viajaron a República Dominicana los representantes de tres partidos miembros de la MUD. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, y Eudoro González por Primero Justicia, Luis Florido y Gustavo Velásquez por Voluntad Popular, y Manuel Rosales y Timoteo Zambrano por Un Nuevo Tiempo.
Según sostienen los portavoces de la MUD, el envío de estos delegados no implica que la oposición venezolana haya reanudado el diálogo político con el gobierno Maduro, como señaló el canciller francés. En mensaje enviado por tuit al presidente Medina y a Antònio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, Borges les aclara (es un decir) que el diálogo “formal” con el gobierno sólo se iniciará cuando el régimen acepte las cuatro condiciones que exige la MUD:
-reconocimiento del voto y celebración de elecciones presidenciales en 2018 con observación internacional de primer nivel,
-liberación de los presos políticos,
-levantamiento de las inhabilitaciones políticas a dirigentes opositores, respeto a la Asamblea Nacional
-y atención inmediata a la crisis humanitaria.
Sin referirse a este mensaje de Borges, Jorge Rodríguez también declaró el miércoles que “estamos en un momento estelar para acercarnos a un acuerdo definitivo”, a lo que el diputado Luis Florido, presidente de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, respondió indirectamente con una información tan falsa como el optimismo del alcalde Rodríguez. “Debido a la presión nacional e internacional”, escribió en las redes sociales, “el gobierno se ha visto forzado a buscar una negociación”. Todos sabemos, sin embargo, que un evento de esta envergadura no se organiza de la noche a la mañana, que la comunidad internacional no le ha impuesto nada a Maduro y que el gobierno y la oposición no han dejado de negociar secretamente todo, tal como Maduro y compañía reiteran a cada rato y a pesar de que la oposición, cada día más mentirosa, lo niega insistentemente.
La historia se repite
No obstante, lo peor de esta historia, con sus pesadas dosis de manipulación, falsos dilemas, mentiras y negociaciones ocultas, siempre de espaldas a los venezolanos, no es nueva. El sábado 28 de mayo de 2016, el principal diario dominicano, el Listín, informaba que en el balneario de Punta Cana, “en total hermetismo y bajo estrictas medidas de seguridad”, venían reuniéndose representantes del gobierno y la oposición venezolana. La noticia produjo un enorme impacto en la opinión pública venezolana, porque nadie lo sospechaba siquiera. Y porque igual que ocurre ahora, el país no se enteró por intermedio de sus dirigentes, sino por la jugada adelantada de alguno de sus protagonistas, como es el caso del canciller francés, o por una misteriosa filtración de la noticia a la prensa dominicana, como lo fue entonces. En aquella ocasión, sin embargo, la confusión fue mayor, pues en un primer momento la MUD llegó incluso a negar la noticia del encuentro, aunque después sí lo reconoció, pero advirtiendo torpemente que sus delegados no se habían reunido con los representantes del gobierno sino solo con los mediadores, Rodríguez Zapatero y los ex presidentes Leonel Fernández y Martin Torrijos, de República Dominicana y Panamá.
Esta vez nadie ha negado que seis representantes de un sector la MUD hayan viajado a República Dominicana, aunque al igual que entonces traten de hacerle creer a los ciudadanos que tampoco ahora se han reunido con los representantes del gobierno. Poco importa ya lo que digan unos y otros. Lo destacable, como acaba de señalar desde Atenas otro ex presidente del gobierno español, Felipe González, que sí es aliado de la causa democrática venezolana, es que reanudar ahora el fallido diálogo de entonces entre el gobierno venezolano y la oposición no conducirá a nada (que es en verdad el propósito que persigue el régimen cada vez que propicia estos diálogos trucados), entre otras razones, porque al igual al de junio de 2016, “carece de agenda y objetivos.”
En la columna semanal que escribo para el diario El Nacional, correspondiente a su edición del 13 de junio de 2016, titulada “Diálogo interruptus en Punta Cana”, también daba cuenta de que el pésimo tratamiento político y mediático de este incidente por parte de la MUD liquidó de golpe y porrazo la opción de un diálogo cuya única finalidad, en definitiva, siempre ha sido un recurso para desactivar protestas callejeras, gracias a la deformación dialogante y electoralista de la MUD. Desde el 11 de abril hasta 2014, cuando la convocatoria conjunta hecha en febrero por el movimiento estudiantil, Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, que daba la impresión de hacer factible lo que ellos llamaron La Salida, fue contrarrestada por la invitación de Maduro a los dirigentes de la MUD a reunirse con él en Miraflores para buscarle a la crisis del momento una solución política negociada por ambas partes.
A mediados del año 2016 volvían las protestas a poner al régimen contra la pared. Por un lado, un argumento racional, la denuncia de que el régimen le había ordenado al CNE negar el derecho constitucional de los ciudadanos a solicitar al CNE la convocatoria de un referéndum revocatorio del mandato presidencial de Maduro. Por el otro, un peligro internacional, la iniciativa de Luis Almagro en favor de aplicarle al gobierno Maduro las sanciones que contempla la Carta Democrática Interamericana para los gobiernos que rompan el hilo constitucional.
En este sentido, Jesús Torrealba, para entonces todavía secretario ejecutivo de la MUD, había anunciado en rueda de prensa que la oposición tomaría las calles de Venezuela y no las abandonaría hasta que las instituciones públicas, léase Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral y Fiscalía General de la República, todas ellas en manos del chavismo más militante, retiraran del camino los obstáculos con que Maduro y sus lugartenientes pretendían impedir la celebración del muy legítimo referéndum revocatorio. Razón, precisamente, por la que Rodríguez Zapatero, acompañados por los ya inseparables hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, se reuniera el 4 de junio con Leopoldo López en la prisión militar de Ramo Verde, centro de reclusión donde López cumplía su larga condena por oponerse al régimen.
La oferta que le llevaban al secuestrado dirigente político era simple y terrible. A cambio de promover la desmovilización de la calle, el régimen estaba dispuesto a devolverle su libertad a algunos presos políticos y a concederle a otros reclusos, incluido él, el beneficio de la “casa por cárcel.” La respuesta de López fue inmediata y categórica. En 12 mensajes divulgados por las redes sociales sostuvo que “ningún diálogo está por encima del cambio constitucional en 2016”. Ese era, para el López de entonces, el mandato no negociable de los ciudadanos formulado el 6 de diciembre de 2015, con la derrota aplastante del chavismo en las elecciones parlamentarias celebradas aquel día. Exactamente lo que ahora ha señalado María Corina Machado con absoluta firmeza: “No hay nada más peligroso”, recordó al conocerse esta nueva versión del diálogo gobierno-oposición en República Dominicana, “que aceptar un posible diálogo en el terreno, con las condiciones, los mediadores y el momento que el régimen impone.” Luego añadió que ahora, como en otras ocasiones, lo que el gobierno trata de hacer es ganar tiempo, cuando en realidad, “lo único negociable es la salida del régimen.”
El contexto político-electoral del diálogo
Al margen de las similitudes, una enorme diferencia separa la puesta en marcha de esta nueva ronda de negociaciones gobierno-oposición de la llamada Mesa de Diálogo, instalada en octubre de 2016 con todos los honores por el propio Nicolás Maduro, desmantelada casi dos meses después porque el Vaticano y el Departamento de Estado norteamericano, sus dos principales promotores internacionales, abandonaron la Mesa al comprobar la naturaleza aviesamente tramposa del mecanismo.
Los contextos político-electorales que han servido de marco a los intentos de entonces y al de ahora marcan, sin embargo, una diferencia. En junio del año pasado Maduro y el chavismo no estaban todavía acorralados. Si bien la victoria electoral de la MUD en las parlamentarias, con el tremendismo verbal del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup produjo muchísimo ruido pero muy pocas nueces, la crisis institucional generada por el desconocimiento sistemático de las atribuciones y funciones constitucionales del poder Legislativo, el reiterado compromiso opositor de cambiar presidente, gobierno y régimen antes de concluir el año y el entusiasmo de los ciudadanos de a pie que de repente creían estar viendo una luz brillante al final del túnel, le daban a la calle un notable y contagioso prestigio. El problema era que la MUD no se sentía obligada a asumir por completo la posibilidad real de ese cambio político que le había ofrecido a sus electores como oferta electoral. Una situación muy distinta a lo ocurrido en Venezuela desde que el 28 de marzo de este año el TSJ dictó las dos sentencias que de manera innecesaria le arrebataron a la Asamblea Nacional las poquísimas atribuciones que conservaba.
Fue un error relevante, porque no le dejó a la MUD otra alternativa que denunciar lo ocurrido como un golpe de Estado y convocar al pueblo, invocando los artículos 330 y 350 de la Constitución, a la rebelión civil. Una acción desacertada del régimen y una reacción inevitable de la oposición, que encerraron al país en un callejón sin salida. Tanto, que la única y desesperada respuesta del régimen fue la de reprimir sin piedad las impresionantes manifestaciones populares que durante cuatro largos y dolorosos meses conmovieron la conciencia de la comunidad internacional.
Maduro logró, a pesar de todas las circunstancias, anotarse dos éxitos rotundos. Por una parte, a sangre y fuego, sin importarle para nada la reacción extremadamente negativa que generaba en todo el mundo democrático el uso desproporcionado de la violencia oficial para sofocar la rebelión civil en marcha a todo lo largo y ancho de la geografía nacional, pudo no darle el menor espacio a los reclamos maximalistas de una masa opositora cada día más radicalizada. Por otra parte, aprovechando la debilidad de los dirigentes de los partidos políticos de la oposición a la hora de rechazar la posibilidad de ir o no por algunos espacios electorales, aunque fueran insignificantes, consiguió que incluso Leopoldo López y su partido Voluntad Popular cayeran rendidos ante la posibilidad que teóricamente les ofrecía el régimen al convocar la celebración de elecciones para elegir gobernadores y alcaldes, previstas para diciembre de 2016 y primer trimestre de 2017, y canceladas sin dar ninguna explicación. Resultado de esa combinación de ofensivas fue que aunque la consulta popular del 16 de julio, en la que más de 7 millones de electores reafirmaron su mandato de cambio político tan espectacularmente expresado en la victoria opositora en las elecciones parlamentarias del 6-D-15, la dirigencia de la MUD comenzó a modificar la dirección de sus pasos.
Gracias a esta nueva y sin duda irresistible ilusión que abría el anuncio oficial de tener elecciones regionales este mismo año, dos semanas después de la consulta popular de la oposición, el 30 de julio, el régimen pudo montar la farsa electoral, a pesar de la amenaza opositora de bloquearla “cívicamente.” La designación ese día de los 545 delegados a la Asamblea nacional Constituyente fuera de todas las leyes y reglamentos electorales, le permitió a Maduro disponer de un poder supremo, poder de todos los poderes. Como mecanismo político, con una dirigencia opositora adormecida porque tras cuatro meses de intensas y crecientes movilizaciones populares que hacían creer que Venezuela marchaba inexorablemente hacia un cambio político de fondo, la ANC le permitía de pronto a Maduro trazar a su antojo las coordenadas de una nueva y totalitaria etapa del proceso político venezolano.
Queda por ver qué ocurrirá en República Dominicana durante los próximos días. El abandono total de la calle por parte de los principales partidos de la MUD, la tranquila inscripción de sus candidatos en el CNE, como si en Venezuela no hubiera pasado ni estuviera pasando nada fuera de lo normal, y la pugna que se ha desatado en el seno de la MUD por los resultados en las elecciones primarias de la oposición, entre diversos partidos que no reconocen su derrota a manos de otros compañeros de la unidad, han agravado seriamente la ya muy endeble unidad interna de la alianza opositora. Mucho más al estallar críticas de diversos líderes opositores, que no estaban ni remotamente al tanto de las negociaciones para reanudar esta nueva controversial ronda de conversaciones con el régimen. Y que ahora, cuando comienzan esas conversaciones, se ha sabido que el gobierno, para continuar sentado en esa mesa, ha puesto una condición que a primera vista parece imposible: su disposición a reducir el período de la Asamblea Nacional Constituyente hasta julio de 2019, pero a cambio, y este sería sin duda un golpe de gracia del régimen a la oposición, de que los diputados de la oposición dejen de confrontar la existencia de la ANC como foro político, convivan con la ANC y aprueben los créditos y proyectos internacionales que de acuerdo con la Constitución, para tener validez legal, requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional. Una exigencia que obligaría a la misma a reconocer la legalidad de la Constituyente, lo que de ser aceptado, dejaría a la oposición herida de muerte ante sus partidarios nacionales y ante una comunidad internacional que, precisamente a instancias de la MUD, desecha la legalidad de la Constituyente y comienza a calificar abiertamente a Maduro de dictador. Ese sería el fin de un mundo llamado Venezuela, reconocible todavía a pesar de todos los pesares.