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Armando Durán / Laberintos – Venezuela 2019: Los unos y los otros

 

El pasado sábado, 5 de enero, exactamente a las 11:57 de la mañana, el diputado Juan Guaidó, tras ser juramentado como nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, único órgano constituido democráticamente en la Venezuela de la cada día más opresiva hegemonía chavista, tomó la palabra. ¿Su papel en el drama político que comenzaba entonces? Simple, pero tremendamente ambicioso: dar la partida de lo que sin duda será la etapa más decisiva del turbulento proceso político que se inició en diciembre de 1998 con la elección de Hugo Chávez como Presidente de la República.

“A partir del 10 de enero Nicolás Maduro estará usurpando el poder”, sostuvo con firmeza este joven ingeniero al asumir un cargo de altísima representatividad política; también descarga sobre sus hombros la enorme responsabilidad de propiciar y dirigir la transición de lo que él calificó de “dictadura sin máscara, sin disimulo y sin filtro” hacia la restauración del orden constitucional y el estado de Derecho. Un objetivo que para algunos observadores no está precisamente al alcance de sus manos. Sobre todo porque buena parte de los diputados de la Asamblea no buscan ese cambio sino colaborar con el régimen para no ser expulsados definitivamente del campo de juego.

   El origen del problema

Este segmento de la historia política reciente de Venezuela arrancó con las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de 2015. Ese día, para sorpresa de medio mundo, los electores venezolanos, con una formidable voluntad de cambio, modificaron a fondo la composición del Poder Legislativo, hasta ese momento dominado autocráticamente por el chavismo dominante desde febrero de 1999. A partir de ahora todo sería diferente. Las trampas, los abusos y las arbitrariedades no habían sido suficientes para impedir la derrota aplastante de los candidatos del oficialismo y la magnitud de esa auténtica catástrofe hacía impracticable cualquier maniobra por alterar los resultados sin generar una crisis política, incluso militar, de consecuencias imprevisibles.

Ante esta realidad inesperada, Maduro se vio obligado a tomar una decisión imposible: reconocer la victoria de la oposición, que en la práctica, equivalía a rendir el poder hegemónico heredado de Chávez y liquidar el desarrollo futuro de su proyecto político, o darle una patada a la mesa, desconocer los resultados de esa jornada electoral y romper irremediablemente los equilibrios que con singular astucia le habían permitido al ex teniente coronel golpista instalar una dictadura unipersonal disfrazada de democracia representativa, gracias a su habilidad para adornarla con suficientes formalidades democráticas, al menos, para introducir en la conciencia venezolana, mucho más en la internacional, una duda razonable sobre la verdadera naturaleza del régimen. Este cuidado andamiaje se le vino abajo a Maduro de golpe y por sorpresa aquel día sombrío de diciembre.

A partir de enero, y posiblemente después de algún viajecito a Cuba, Maduro asumió lo que quizá haya sido el peor de todos sus errores. Despojarse de los siete velos que hasta entonces habían disimulado exitosamente las partes más íntimas y reveladoras de la mal llamada revolución bolivariana. Después de esa torpeza, el régimen ya no tenía vuelta atrás. El empecinamiento de Maduro, la adulación de sus lugartenientes y los intereses del gobierno cubano, dependiente por completo de la generosa ayuda material que recibía de su socio venezolano, fueron los factores que sumados a su pésima gestión de gobernante, le hizo pensar que apretando aún más el torniquete, a pesar de este contratiempo electoral y de cualquiera que se le presentara, podría conservar el poder hasta el fin de los siglos.

No tuvo Maduro en cuenta, sin embargo, el ingrediente que haría aún más insostenible su situación, pues en la Cuba no democrática y en el reducido tablero de sus opciones, cometió el error irreparable de olvidar que esa derrota no era producto de ninguna conspiración sino el fruto amargo del malestar de la mayoría de los ciudadanos, hartos de chavismo retorcido y deseoso de cambiar de presidente, gobierno y régimen en el menor plazo posible. Por esa razón elemental que rige de manera inflexible el curso de la política en las naciones democráticas, la decisión que tomaron Maduro y compañía fue la peor de sus opciones y en muy poco tiempo transformó la muy palpable crisis económica que ya sufrían los venezolanos en una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del hemisferio.

Los dos años siguientes sirvieron de preámbulo a lo que sucedería durante el muy penoso año 2018, pues la ruptura definitiva del orden constitucional había obligado a los partidos de oposición, agrupados en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, a renunciar a los buenos modales políticos a los que se habían aferrado inexplicablemente, como si a pesar de los pesares más evidentes Venezuela fuera una democracia casi ejemplar, y no tuvieron más remedio que adoptar los argumentos que esgrimían los grupos opositores disidentes que ellos venían desacreditando desde hacía años con el argumento de que esos radicalismos sólo agravarían la situación política y económica del país. Coincidieron con esos jóvenes “radicales” al definir al régimen de dictadura y convocaron al pueblo a la rebelión civil. La comunidad internacional comenzó entonces a reconocer la dimensión del problema venezolano, Luis Almagro tomó la iniciativa de convertir a la OEA en un dispositivo de presión sobre el régimen venezolano, Estados Unidos y la Unión Europea se sumaron a este empeño y aunque no se logró aplicarle al régimen venezolano la Carta Democrática Interamericana de la OEA, gradualmente se pudo ir aislándolo, hasta que a Maduro no le quedó más remedio que poner buena cara y aceptar sentarse a una mesa con la oposición para encontrarle una salida negociada a la crisis.

   Aquí no ha pasado nada

Como todos sabemos, después de cuatro meses de movilización ciudadana, el régimen estaba acorralado. Ese era el momento que esperaba el sector “colaboracionista” de la MUD. Se olvidaron los múltiples fracasos anteriores, el haberle arrebatado a la Asamblea Nacional sus atributos y funciones constitucionales, la negativa del Consejo Nacional Electoral a convocar la celebración de un referendo revocatorio del mandato presidencial de Maduro solicitado de acuerdo con las normas constitucionales, se suspendieron las elecciones regionales y municipales previstas en el cronograma electoral, se asesinó en las calles de Venezuela a más de 150 manifestantes desarmados, y tan pronto como el régimen simuló su disposición a ceder, se desmovilizaron las protestas masivas de los ciudadanos antes de llegar a ningún acuerdo con el régimen.

Volvió así el régimen a burlarse de esa oposición dialogante que tan prematuramente, por idiotez o por complicidad, una vez más había renunciado prematuramente a la posición de fuerza que había forzado a Maduro a sentarse a la mesa de negociaciones, y el pueblo, que a lo largo de todos esos meses de lucha había mostrado estar dispuesto a todo con tal de lograr un cambio político profundo y necesario, quedó hundido en la más solitaria y desamparada de las orfandades. Acorralado por la desesperación de ese abandono y por la gravedad de una crisis económica y social caracterizada por la hiperinflación, la escasez de todo, incluso de gasolina en un país petrolero como Venezuela, el colapso de todos los servicios públicos y la ausencia de un liderazgo que los condujera hacia alguna parte, tomaron el único camino que parecía quedarles, el éxodo, creando el lamentable espectáculo de centenares de miles de hombres, mujeres y niños escapando del país a pie por sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil.

   Y ahora, la usurpación del poder

En el marco de esta desolada situación, y al margen de lo establecido en la constitución y en las leyes, prohibiendo la participación de ciertos partidos y ciertos dirigentes políticos, el régimen celebró el 20 de mayo de 2018 la elección presidencial prevista para diciembre, que por supuesto arrojó una victoria “contundente” de Maduro, sin importarle para nada el hecho de que en ninguna encuesta llegaba Maduro a tener 18 por ciento de respaldo popular. Ni los venezolanos ni los gobiernos democráticos del hemisferio y de Europa reconocieron la legitimidad de aquella victoria, y un grupo de gobiernos latinoamericanos conformó lo que se llamó Grupo de Lima, como mecanismo más adecuado que la OEA para presionar colectivamente a Maduro. Y así, de un lado y otro del Atlántico, comenzaron a llegar a Caracas diversas y duras sanciones colectivas al régimen y a sus principales responsables políticos, militares y narcomercenarios. La crisis se entonces hizo insoportable.

De acuerdo con los términos en que se realizó aquella burda farsa electoral, la toma de posesión del reelecto “presidente” Maduro se fijó para este jueves 10 de enero. Un anuncio que enseguida generó muy serias interrogantes, pues si el mundo democrático de las dos Américas y de Europa, que fueron tajantes al acordar no darle validez alguna a ese resultado electoral, desde todo punto de vista ostensiblemente fraudulento, ¿cómo podía alguien en su sano juicio pensar que esos mismos gobiernos reconocerían el 10 de enero a Maduro como presidente legítimo de Venezuela para el período 2019-2025?

A las primeras voces que denunciaron aquel fraude se fueron sumando otras, hasta que hace muy pocos días, el viernes 4 de enero, víspera de la juramentación de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, 13 países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, miembros del llamado Grupo de Lima, firmaron en la capital peruana un comunicado en el que “reiteran que la elección llevada a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos ni con la presencia de observadores internacionales.” Y le dan un giro decisivo a la reelección de Maduro, al instarlo a no asumir el cargo este jueves y en cambio delegar las funciones del Ejecutivo en la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas y limpias elecciones.

Bajo esta presión fue que el diputado Guaidó juramentó su cargo el sábado y pronunció un discurso que tuvo la virtud de confirmar la voluntad de los venezolanos y de la comunidad internacional en cuanto a la naturaleza ilegítima de la nueva toma de posesión de Maduro este jueves. Abrió, sin embargo, serias dudas sobre la posibilidad de que Guaidó pueda cumplir el compromiso de propiciar la transición política de Venezuela, sobre todo porque los dos Vicepresidentes que lo acompañarán en su gestión al frente de la Asamblea Nacional son Edgar Zambrano, diputado de Acción Democrática y el más destacado representante del oportunismo colaboracionista que contamina a un sector de la oposición, y Stalin González, de Un Nuevo Tiempo, que no se queda muy atrás de Zambrano en eso de negociar “acuerdos constructivos” con el régimen. No obstante, de tres cosas sí podemos estar seguros:

Primero, que más allá de las dudas y las suspicacias, la posición adoptada por Guaidó y los partidos políticos es la misma que persigue la mayoría de los ciudadanos y la comunidad internacional democrática, con respecto a la programada juramentación de Maduro como presidente relecto de Venezuela. Para todos el 10 de enero termina el período presidencial de Maduro y carece de legitimidad su pretensión de continuar en el cargo, razón por la cual, a partir de este jueves, el cargo de presidente de la República de Venezuela queda vacante. Intentar ocuparlo de facto, como advirtió Guaidó, sencillamente sería una usurpación de la Presidencia.

Segundo, que en vista de esta realidad, a Maduro nadie lo reconocerá como Presidente de Venezuela a partir del jueves y, en consecuencia, no podrá jurar su cargo ante la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución.

Y tercero, que este mismo sábado 5 de enero, mientras Guaidó confirmaba el rechazo parlamentario a la legitimidad de la reelección de Maduro, Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen, en su condición de presidente de la también ilegitima Asamblea Nacional Constituyente, el Poder Legislativo con que el oficialismo suplanta, también de facto, la autoridad de la legítima Asamblea Nacional, informó que Maduro sí juramentará su cargo este 10 de enero, pero ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La naturaleza turbulenta de esta etapa del proceso político venezolano se así más que evidente. Chávez, como antes había hecho Fidel Castro en Cuba, adoptó muy pronto la práctica que definieron en su momento los líderes de la revolución bolchevique. Para conquistar el poder y conservarlo es preciso recurrir al terror, que gracias q esta concepción brutal del poder pasó a ser la herramienta principal de la revolución. De este modo, como resulta imprescindible la persecución, el acoso y la liquidación física del adversario político, a quien por definición se identifica de enemigo, se afirma que sin la aplicación del terror la revolución jamás podría triunfar. El terror soviético y el paredón cubano han sido las expresiones más cabales de esta teoría. Chávez no quiso o no pudo incorporar el mecanismo para imponer su proyecto político, pero sí recurrió al miedo como herramienta esencial para la toma y la conservación el ejercicio del poder. Precisamente por eso, desde su primera campaña electoral, le prometía a sus seguidores “freír en aceite caliente la cabeza de sus adversarios.” Y, por eso, ya presidente de Venezuela, tan pronto como la oposición comenzó a cuestionar su gestión, llamó escuálidos a sus adversarios, como Castro había hecho al llamar gusanos a quienes no respaldaran su proyecto político, como primera etapa de una política de seguridad nacional, insinuada por Chávez en diversas ocasiones, con la terrible frase de que “sangre que no se derrama no es sangre.” Amenaza, por otra parte, que cumplió cabalmente desde la misma tarde del tristemente célebre 11 de abril de 2002, cuando más de medio millón de venezolanos recorrieron a pie 14 kilómetros de autopista hasta llegar al Palacio de Miraflores a pedirle a Chávez su renuncia. Y que Maduro aplicó sin que le temblara el pulso durante los meses de protestas populares en los años 2014 y 2017.

Por supuesto, ni Chávez ni Maduro se han aproximado a Lenin, Trotski, Stalin o Castro en esto de aniquilar a sus adversarios, pero desde el inicio de su régimen Chávez se empleó a fondo en la tarea de dividir la sociedad venezolana en dos parcelas perfectamente bien definidas e irreconciliables. La de quienes lo apoyaban ciegamente, “sin medias tintas ni pendejadas”, como solía afirmar, y la de quienes se oponían a su mandato del “ordeno y mando”, típico de los cuarteles de todo el mundo. Esta perversa división, con el tiempo, se ha ido ideologizando, de tal modo que en la Venezuela actual la rivalidad política ya no se limita al aspecto más superficial de la lucha política, ese estar de acuerdo o no con las decisiones de quienes mandan, sino de una confrontación mucho más honda y, por supuesto, mucho más feroz, entre venezolanos de extrema izquierda y venezolanos de derecha igualmente radical.

A partir de este jueves 10 de enero, la división de la sociedad venezolana se reducirá a estas dos porciones finalmente enfrentadas por razones ideológicas los unos y los otros, cuyo primer cruce, por ahora afortunadamente de palabra, ya lo han escenificado el pasado sábado Guaidó y Cabello. Nadie puede aventurarse a predecir cuál será el desarrollo y desenlace de esta polarización ideológica por venir, pero sin duda, a partir de este jueves 10 de enero el conflicto adquirirá desoladora tonalidad de una batalla de altísima peligrosidad entre los unos y los otros, cuyo epílogo, probablemente este mismo año, será, bien la restauración definitiva de la democracia en Venezuela como sistema político y como forma de vida, bien la consolidación definitiva de un régimen que cada día se irá haciendo dictadura más sombría, más socialista y más antiestadounidense. Como lo ha sido Cuba desde hace ahora nada más y nada menos que 60 años.

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