Arranca nueva cuarentena… del mismo modo en sentido contrario
Hoy arranca en el país un nuevo periodo de cuarentena por la pandemia del coronavirus en el que nada será exactamente como se dijo.
Primero, hace cinco días el presidente Iván Duque anunció que a partir de este mes la gradualidad del confinamiento quedaría en manos de los mandatarios locales, pero eso no será tan así porque cualquier decisión al respecto tendrá que ser previo trámite de permiso ante los ministerios del Interior y Salud, y además el Gobierno Nacional comenzó a intervenir con gerentes en algunas regiones críticas.
Y, segundo, Duque decretó que se mantiene el aislamiento obligatorio hasta el 1 de julio, pero puso tantas excepciones tan abiertas (43, que incluyen comercio al detal, “servicios generales” y peluquerías), que en la práctica puede terminar significando un levantamiento del encerramiento.
«Todo el que quiere, en la práctica puede salir a cualquier cosa», como escribió este fin de semana en La Silla el columnista Héctor Riveros.
Mejor dicho, desde hoy habrá cuarentena del mismo modo en sentido contrario, como la famosa respuesta de una concursante del reinado de belleza de Cartagena.
La situación ratifica el abismo que a veces hay entre lo que anuncia el Presidente en su programa de televisión sobre la pandemia y lo que finalmente queda aterrizado en sus decretos, como lo hemos contado.
En cualquier caso y dependiendo sus particulares retos frente al virus, los mandatarios locales, que son los que tienen que frentear en terreno la crisis, ya están definiendo sus medidas a partir de hoy. Varias de ellas contrastan entre sí y muestran las distintas caras de Colombia que evidencia la crisis.
La llave de la gradualidad la tienen los mandatarios, pero el chorro lo pone Duque
Como destacó Riveros en su columna, para su nueva estrategia Duque argumentó entre otras que el número de casos y muertes por habitante está entre los menores de la región (aunque, Héctor también señaló que el Presidente omitió decir que la tasa efectiva de contagio -es decir, el número de personas que infecta un contagiado- está por encima de 1, un asunto que pone en riesgo el sistema de salud).
Como sea y según estimaciones de la Presidencia, con las 43 nuevas excepciones del decreto presidencial de esta cuarentena, este mes podrían salir a la calle 3 millones de personas que se suman a las casi 16 millones que están ya saliendo por las 40 excepciones impuestas desde abril (más habitantes de algunos municipios no Covid, pues no todos han abierto).
Es decir, este mes habría 19 millones de personas en la calle, casi la tercera parte de la población nacional, sin tener en cuenta los trabajadores informales que, como ya hemos reportado en varias regiones del país, salen a buscar un sustento.
Eso en momentos en los que nos preparamos para el pico de la pandemia, que según el modelo publicado por el Gobierno sería a fines de este mes pero que ayer Duque dijo que sería en agosto, sin que el sistema de salud aún esté listo, como hemos contado, y cuando, por el contrario, el porcentaje de ocupación de UCI en algunas ciudades comienza a preocupar: Cali y Bogotá están en alerta naranja porque éstos rondan el 50 y 40 por ciento, respectivamente; y en Cartagena éste está en 85 y ya comenzaron a enviar sus enfermos a otras regiones, como Barranquilla.
La lógica del Gobierno es que, tras dos meses largos de cuarentena, el coronavirus no se comporta igual en todas las regiones. Una realidad obvia que obliga a tomar decisiones descentralizadas.
Por ejemplo, desde hace dos semanas, mientras Medellín recibía a una comisión de los Ministerios de Interior y Comercio y la Alta Consejería para las Regiones de Presidencia, para revisar el protocolo de apertura de tres centros comerciales -que arrancaron a funcionar hace seis días-; al mismo tiempo el MinSalud y MinInterior ordenaban a Leticia volver a cuarentena total hasta ayer domingo; y a Cartagena cerrar seis barrios porque dispararon sus casos positivos de coronavirus.
Como hemos reporteado (acá y acá), los sistemas de salud de esas dos últimas capitales se desbordaron.
Sin embargo, en el decreto de la semana pasada que pone las reglas del confinamiento este mes, en la práctica el Gobierno no delegó la “llave de la gradualidad”, como se anunció, a los gobernantes locales.
“El Gobierno logró vender la idea de que los alcaldes permiten la reapertura, pero el decreto que rige a partir de hoy no dice eso. Si un alcalde quiere cerrar, no toma la medida solo, tiene que preguntarle al Ministerio de Salud”, destacó al respecto el analista Héctor Riveros.
Eso se ve en al menos dos cosas: la obligatoriedad de los alcaldes de pedir permiso al Gobierno para abrir y cerrar sus ciudades y municipios vía un trámite en Bogotá (algo que ya había pasado cuando se anunció la posibilidad de apertura de los municipios sin casos); y la imposición de gerentes de Covid para casos específicos preocupantes.
Lo del permiso funciona así: el alcalde que quiera tomar cualquier medida con respecto al confinamiento en su municipio o ciudad, debe mandarle un mail al Ministerio del Interior con los borradores de los decretos que quiere expedir; a su vez, el MinInterior le manda al MinSalud la solicitud y éste verifica los datos epidemiológicos de la zona: contagios, ocupación de UCI, tasa de mortalidad, ocupación del sistema de transporte, entre otros.
Con esos datos, el MinSalud da una recomendación sobre la decisión y el MinInterior transmite la decisión al Alcalde correspondiente.
Eso ya ocurrió con las recomendaciones que se dieron de no abrir hoy comercios en Bogotá, Cartagena, Cali, Buenaventura, Tumaco y Leticia, algo que, en el caso de la capital del Valle, por ejemplo, detuvo un plan que que había para reabrir más de 60 centros comerciales a partir de esta semana y que produjo un tire y afloje entre su alcalde Jorge Iván Ospina y el gobierno central.
“Cada situación es circunstancial. Como Gobierno estamos pasando de un aislamiento obligatorio general a uno inteligente con enfoque regional y diferencial, que va a partir de un estudio específico de las realidades epidemiológicas de cada ciudad (…) si bien un alcalde decreta un toque de queda o una medida de orden público, esa medida debe ser en servicio a la mitigación, prevención o contención del Covid-19”, nos explicó al respecto el viceministro del Interior, Daniel Palacios, quien recibe las peticiones de las alcaldías.
Eso no significa, no obstante, que cada mandatario no tenga definido su plan de acuerdo a su realidad local.
Por ejemplo, en Turbo, Antioquia. Allí el secretario de Gobierno, Alex Córdoba, nos contó que esperan llegar a acuerdos con los comercios para abrir sin aglomeraciones. Para eso tienen listo un pico y cédula en supermercados y ya están hablando con los peluqueros para reactivarlos.
Si bien tienen 22 contagios, van a abrir un centro de aislamiento voluntario con capacidad para 35 personas que no pueden aislarse en sus casas; y tienen una veintena de médicos y salubristas haciendo cercos epidemiológicos en lugares como una guarnición militar donde se presentaron los primeros casos, hace un par de semanas.
Turbo contrasta con Buenaventura, donde su alcalde, Víctor Vidal, nos dijo que, desde antes de que saliera el decreto, tenía previsto no abrir el comercio porque ya tienen 473 contagios y, como no cuentan con hospital de primer nivel, están teniendo que enviar a los enfermos a Cali.
El Alcalde Vidal nos dijo que, pese a insistentes reclamos que hizo al Gobierno, todavía no le han autorizado aplicar la ley seca. “El Presidente asume, y así lo entendí, que el expendio de licor no se puede prohibir, se prohíbe el consumo en sitios públicos, pero no el expendio. Esa es una de las últimas peticiones que le estamos haciendo al Presidente, ahora esperamos que nos atiendan y nos permitan hacerlo”.
Pasamos de un aislamiento general a uno regional
El otro asunto que evidencia que el chorro de la gradualidad está en manos del Gobierno Nacional son los nombramientos que arrancaron de “gerentes” o “enlaces” para atender el tema del Covid en algunas zonas críticas.
A través de esos gerentes, el Gobierno interviene y da órdenes a mandatarios. Al menos así pasó en Cartagena (que tiene de gerente al médico Juan Manuel Benedetti), la semana pasada, con el cierre de seis barrios, como lo contamos.
Eso no necesariamente es mal recibido y, de hecho, en algunos casos se ha dado por petición directa de mandatarios de zonas críticas, como en el Pacífico.
Allí se designó gerente para la región, tras una petición que desde abril venían haciendo los alcaldes del litoral y los congresistas de la bancada regional -una treintena- que le exigían al Gobierno alguien que estuviera pendiente de las necesidades obvias de una de las regiones más abandonadas por el Estado.
Casi un mes después les fue designado el economista chocoano Juan Bautista Amud. Y, al mismo tiempo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez arrancó el viernes reuniones con alcaldes del litoral pacífico y mañana estará en Tumaco.
Pero si bien el Gobierno puede controlar los decretos a nivel local, lo que ni Palacio, ni los ministerios, ni los alcaldes pueden hacer, y menos con tantas excepciones permitidas, es controlar las violaciones al aislamiento que cada vez son más evidentes.
Este sí es un chicharrón que asumen directamente los mandatarios.
Sin cuarentena en la práctica, la indisciplina sí es un chicharrón descentralizado
La contradicción de mantener la cuarentena hasta el 1 de julio, pero al mismo tiempo permitir que 43 sectores más salgan a trabajar, pone a los alcaldes en la tarea de controlar a una población en la que se ha visto indisciplina con el aislamiento.
Hasta el mes pasado, la Policía había impuesto más de 320 mil comparendos por violar la cuarentena; en solo una noche en Cali fueron pilladas más de 250 fiestas; en Tumaco otras 50 y en Medellín medios reportaron que pese a los protocolos para centros comerciales, había tiendas sin señalizar, y familias yendo a estos lugares.
Entre más gente pueda salir es más complicado controlar y evitar el contagio,ad portas de la llegada del pico.
Es inviable con 15 mil policías controlar a millones
“Ahora con semejante problema es que vienen a hablar de descentralización, pero lo que se hace es descentralizar los problemas, los chicharrones”, opinó al respecto el analista político Carlos Suárez.
Lo que se traslada nuevamente al ya habitual contrapunteo entre Bogotá y Presidencia: “Es inviable con 15 mil policías controlar a millones de ciudadanos y decenas de excepciones”, nos dijo el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. “Al final nadie va a saber quién sale y quién no”, nos dijo otro funcionario de esa Alcaldía.
Más allá de la capital, en Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera nos contó que en esta semana irán revisando el comportamiento de los municipios para a partir del 7 de junio expedir nuevas medidas si el contagio avanza. En Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo extendió el pico y cédula hasta el 15 de este mes.
En zonas rurales la situación para las alcaldías se complejiza más. Allí, por ejemplo, no hay políticas ni nacionales ni locales claras para la cuarentena enfocadas en comunidades étnicas, como nos dijo la directora del centro de estudios sobre seguridad y drogas de los Andes, María Alejandra Vélez. “No tienen un eslabón entre las alcaldías y las entidades étnicas y eso no solo se resuelve con más recursos, eso es preocupante”, nos dijo.
Otro tanto ocurre con algunos pueblos indígenas o se evidencia en las poblaciones que, además de tener que lidiar con un enemigo invisible como lo es el virus, tienen que enfrentar otro bien presente, como son los grupos ilegales que en algunos casos actúan como autoridades sanitarias, como revelamos.
Cada mandatario tendrá que intentar garantizar como pueda el control de un aislamiento que está en papel, pero que tiene tantas excepciones que parece más bien una apertura.
