Cerca de una tienda de comestibles en Cumaná, un hombre busca frutas en una pila de basura. Años de malas decisiones económicas y la caída de los precios del petróleo han afectado el suministro de alimentos en Venezuela. Crédito Meridith Kohut para The New York Times

Cuando Braulio Jatar vio que una muchedumbre hambrienta gritaba y golpeaba cacerolas mientras perseguía al presidente de Venezuela, supo que estaba ante una gran exclusiva.

Las fotos y el video del presidente Nicolás Maduro corriendo mientras la gente lo seguía aparecieron rápidamente en Reporte Confidencial, el portal de noticias de Jatar, y se diseminaron por todo el país. La turba que arrinconó a Maduro conmocionó a Venezuela – nadie nunca había emboscado al presidente de esa manera.

Antes de irse a dormir, Jatar escribió una serie de tuits diciendo que pronto transmitiría testimonios de testigos en su programa de radio a las nueve de la mañana. Sin embargo, nunca pudo hacerlo. Ahora se encuentra encerrado en una celda como preso político.

La semana pasada, Venezuela dio su primer gran paso hacia la dictadura de Maduro: los magistrados leales al régimen neutralizaron la legislatura dirigida por la oposición del país. Tomaron por la fuerza el único órgano que se percibía como un contrapeso ante la creciente autoridad del presidente.

La medida, luego retirada bajo presión de Maduro, forma parte de un distanciamiento de la democracia que se ha incrementado durante el último año. Se nota claramente en las cárceles donde constantemente aumentan las filas de los presos políticos. Esas celdas están llenas de reconocidos opositores de Maduro como Leopoldo López, el exalcalde de un municipio de Caracas que cumple una sentencia de 13 años por cargos de incitación a la violencia, académicos que han expresado su disensión y periodistas como Jatar, cuya familia afirma que solo estaba haciendo su trabajo cuando lo detuvieron en septiembre.

Según Foro Penal, una organización de derechos humanos que registra los arrestos políticos en el país, en este momento hay unos 114 presos políticos en Venezuela. Hace un año eran 89. El grupo dice que, desde que Maduro tomó el poder en 2013, el gobierno ha encarcelado a 433 personas y se efectuaron 6893 arrestos por motivos políticos.

“El grado de represión se ha incrementado a un nivel brutal”, dijo Alfredo Romero, quien dirige el grupo. “El aumento proviene de la impopularidad de Maduro”.

La situación se ha vuelto apremiante para los países vecinos de Venezuela, 14 de los cuales redactaron un documento conjunto en el que se le pedía al gobierno venezolano que liberara a los presos como un paso hacia la restauración de las normas democráticas.

La semana pasada, diplomáticos de la región se reunieron en la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir los pasos que se deberán tomar en caso de que el país sea expulsado de la organización debido a los presos políticos, entre otras acusaciones de violaciones a los estatutos democráticos.

Este año el presidente Donald Trump fijó su posición sobre el tema. En febrero publicó una fotografía en Twitter donde se le veía con Lilian Tintori, una activista de oposición esposa de Leopoldo López. Trump escribió que López debía ser liberado de inmediato.

La situación de los presos políticos no es algo nuevo en Venezuela pero, según los grupos de derechos humanos, la cantidad de disidentes encarcelados ha aumentado durante el gobierno de Maduro. Su predecesor, Hugo Chávez, encarceló opositores, entre ellos a una jueza que se le había enfrentado. Sin embargo, los analistas aseguran que, la mayoría de las veces, Chávez solía evitar la inconformidad canalizando las ganancias petroleras del país —que en ocasiones llegó a superar los 100 dólares por barril— en programas sociales que reafirmaban su popularidad.

No obstante, Maduro ha tenido que enfrentar la caída del precio del petróleo y las consecuencias de años de malos manejos de la economía, lo cual ha provocado la escasez de comida y medicinas básicas. Desde octubre, la moneda venezolana ha estado en caída libre, con el dólar del mercado negro disparándose hasta un 350 por ciento de su valor, así que la comida se ha vuelto cada vez más inalcanzable y se ha diluido la popularidad del presidente.

Estas condiciones detonaron las protestas en contra de Maduro en la isla de Margarita, donde arrestaron al periodista Jatar.

Su medio, Reporte Confidencial, comenzó como un folleto semanal en 2006 y llevaba mucho tiempo registrando los altibajos de la isla, en la costa este de Venezuela. Tiempo después se expandió en línea, donde siguió operando con un presupuesto ajustado y un personal pequeño.

Se volvió conocido gracias a sus investigaciones, dentro de las cuales había una sobre el uso indebido de terrenos por parte de un juez, y otra acerca de un gobernador estatal que estaba ligado a un esquema fraudulento con la comida subsidiada.

“Si nadie más lo publicaba, Reporte Confidencial lo hacía”, afirmó Yusnelly Villalobos, la asistente de Jatar. La esposa de Jatar, Silvia Martínez, dijo que las autoridades ya lo habían amenazado por enviar reporteros a cubrir las protestas en contra del gobierno en 2014. La policía hizo una redada tanto en su casa como en su oficina y se llevaron equipos de computación.

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, en un mitin que se realizó en el sitio donde López pronunció su último discurso en 2014. Crédito Meridith Kohut para The New York Times

Sin embargo, no estaban preparados para lo que pasaría después de que los manifestantes persiguieron a Maduro aquella noche de septiembre.

En poco tiempo, la protesta se difundió como una noticia en línea con el hashtag #cacerolazo y fue muy bochornosa para Maduro. Esa semana, se calculó que la oposición había reunido un millón de personas en Caracas para protestar por la escasez de alimentos y exigir la destitución del mandatario. Maduro había volado a la isla de Margarita y esperaba una recepción positiva en una zona donde él y Chávez habían ganado en las elecciones.

Después de haber inaugurado un complejo de viviendas públicas, el presidente detuvo su caravana en la localidad de Villa Rosa para caminar entre las personas porque pensaba que eran simpatizantes. En cambio, lo persiguieron por las calles.

La mañana siguiente, Jatar fue a su programa de radio en el que planeaba continuar la cobertura de las protestas de la noche anterior. “Encendí el radio para escucharlo”, recordó su esposa. Pero Jatar nunca llegó a la estación: lo habían arrestado agentes de inteligencia de Venezuela.

Durante los días siguientes arrestaron a más de 30 personas en redadas que se hicieron casa por casa, según el Foro Penal. Los interrogaron antes de dejarlos en libertad, afirmó el grupo.

No obstante, Jatar no quedó libre. Se encuentra en una celda en el estado de Nueva Esparta bajo cargos de lavado de dinero por 25.000 dólares que, según las autoridades, encontraron en su carro. Martínez dice que le plantaron el dinero porque Jatar nunca habría tenido una cantidad tan grande en un lugar donde se la pudieran haber robado con facilidad.

“No tenemos idea de quién ordenó la detención”, señaló Martínez.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, agencia que también investiga el caso, aseguró que su grupo concluyó que los cargos habían sido fabricados en un intento para reprimir a los periodistas. “Exigir su liberación no solo se trata de que haya otro preso político fuera de prisión, sino de proteger la libertad de expresión”, agregó.

El Defensor del Pueblo no respondió a una petición para comentar el caso de Jatar y otros presos. El ejército venezolano y la oficina de la fiscalía tampoco respondieron a una petición escrita para pronunciarse al respecto.

Desde el arresto de Jatar, el gobierno ha intensificado su objetivo de arrestar a quienes considera subversivos. A comienzos de enero, Maduro puso a Tareck El Aissami, el vicepresidente de país que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos, a cargo de lo que llamó el “escuadrón antigolpe”, un grupo que busca castigar a los que planeen actos de traición u otros crímenes en contra del Estado.

El 12 de enero, Irwing Roca, un activista político, salió de una reunión que tuvo con Roniel Farías, un concejal de Ciudad Bolívar, población ubicada al este del país. Roca dijo que un auto negro los estaba esperando afuera y agentes de inteligencia les ordenaron meterse al vehículo después de tomar sus teléfonos.

“En ningún momento nos dijeron por qué nos habían detenido”, afirmó Roca. El dirigente dijo que los agentes lo tuvieron detenido tres días, sin comida ni agua. El 14 de marzo liberaron a Farías sin darle ninguna explicación.

El día anterior, Gilber Caro, un diputado de la Asamblea Nacional del partido Voluntad Popular, una agrupación opositora, iba en su auto por una autopista a las afueras de Caracas cuando lo detuvieron agentes de inteligencia.

Yeidi Caro, su hermana, se enteró de la noticia cuando un amigo la llamó para decirle, erróneamente, que lo habían secuestrado. Al principio, ella pensó que lo habían raptado unos criminales que querían un rescate. Después vio la transmisión de su arresto en las noticias. “Encendí la televisión y vi que lo tenía el gobierno”, dijo.

Las autoridades venezolanas afirmaron que el legislador escondía un rifle de asalto y dinero que serían utilizados para realizar ataques contra el gobierno.

Los funcionarios transmitieron una llamada grabada entre Gilber Caro y Tintori, en la cual los dos decían que habían planeado protestas caóticas para socavar al gobierno.

“Es una persona con características violentas”, dijo el vicepresidente El Aissami, al referirse a Caro.

Traducción: The New York Times

NOTA ORIGINAL:

The New York Times

Ranks of Political Prisoners Grow as Democracy Ebbs in Venezuela

NICHOLAS CASEY y ANA VANESSA HERRERO

For Braulio Jatar, it was the biggest scoop in years: Venezuela’s president was being chased by a crowd screaming of hunger, banging on pots and pans.

The photos and video of President Nicolás Maduro soon appeared on Mr. Jatar’s news site, Reporte Confidencial, and spread throughout the nation. The mob cornering Mr. Maduro was a shock in Venezuela — anger in food lines and even riots were a familiar sight, but no one had ever ambushed the president that way.

Before he went to bed, Mr. Jatar fired off a series of Twitter messages, some alluding to witness testimony he would soon broadcast on his 9 a.m. radio show. But he never got the chance. He now sits locked in a jail cell, a political prisoner, rights activists say.

Venezuela this week took its biggest plunge yet toward the one-man rule of Mr. Maduro as his loyalists on the Supreme Court gutted the country’s opposition-controlled legislature, seizing the powers of the only body seen as a counter to the president’s growing authority.

But the move was just part of a slide from democracy that has been gaining steady momentum in the country over the past year — seen starkly in prison cells where the ranks of political prisoners are growing. Those cells are filled with well-known opponents of Mr. Maduro, like a former mayor of a wealthy section of Caracas who was sentenced to more than 13 years on charges of inciting violence; academics who have spoken out; and journalists like Mr. Jatar, whose family says he was simply doing his job when he was detained in September.

At least 114 political prisoners are behind bars in Venezuela, according to Penal Forum, a human rights organization that tracks political arrests in the country, a number that rose from 89 a year ago. The group says that since Mr. Maduro took power in 2013, the government has arrested 6,893 people and jailed 433 for political reasons.

“The level of repression has risen to a brutal level,” said Alfredo Romero, who heads the group. “The rise has come from the unpopularity of Maduro.”

The situation has become urgent for Venezuela’s neighbors, 14 of whom wrote a rare joint statement last week calling on Venezuela to release the prisoners as a step toward restoring democratic norms.

This week diplomats from the region met at the Organization of American States, a regional diplomacy group, to discuss steps to possibly expel the country from the group because of its political prisoners, among other accusations of violations of the bloc’s democratic charter.

President Trump has also weighed in. In February, he posted on Twitter a photograph of himself and other officials in the Oval Office with Lilian Tintori, an opposition activist whose husband, Leopoldo López, was in jail.

Mr. Trump wrote that Mr. López, a former mayor of Caracas, should be released immediately.

The taking of political prisoners is not new in Venezuela; it is the numbers that have grown under Mr. Maduro, human rights groups say. His predecessor, Hugo Chávez, jailed opponents, including a judge who had opposed him. But analysts say Mr. Chávez more often avoided dissent by channeling the country’s oil revenues, at times more than $100 a barrel, into social programs that bolstered his popularity.

Mr. Maduro, however, has been faced with falling oil prices and years of economic mismanagement, which have led to shortages of food and basic medicines. Since October, Venezuela’s currency, the bolívar, has been in free fall, with the black-market dollar rising against it by 350 percent at its height, putting food even further out of reach and sinking the president’s popularity.

These conditions led to the protests against Mr. Maduro on Margarita Island, where Mr. Jatar, the journalist, was arrested.

His publication, Reporte Confidencial, had a long history of chronicling the ups and downs of the island — which is off Venezuela’s eastern coast — beginning as a weekly leaflet in 2006. It later expanded online, where it continued to operate on a shoestring budget and with a small staff. It became known for its investigations, including of improper land use by a judge and one about a state governor linked to a corruption scheme related to subsidized food.

“If no one else would publish it, Reporte Confidencial would put it out,” said Yusnelly Villalobos, Mr. Jatar’s assistant.

Mr. Jatar’s wife, Silvia Martínez, said he was once threatened by the authorities when he sent reporters to cover antigovernment protests in 2014. The police raided their home and office, leaving with computer equipment.

But that was no preparation for what would happen after the protesters’ harassment of Mr. Maduro that night in September.

The protest, which was soon known as news spread online by its hashtag, “#cacerolazo,” or the “great pot banging,” was a deep embarrassment for Mr. Maduro. That week the opposition had amassed an estimated one million people in Caracas to protest food shortages and demand his ouster. The president had flown to Margarita Island for what was expected to be a positive reception in an area where he and Mr. Chávez had both won in elections.

After inaugurating a public housing complex, Mr. Maduro stopped his motorcade in the town of Villa Rosa, to walk among a crowd of what he thought were well-wishers. Instead they chased him through the streets.

The next morning Mr. Jatar set off to a radio show, which he also ran, where he planned to continue his coverage of the night’s protest.

“I turned on the dial to listen to him,” Ms. Martínez said. But he never showed up at the station; he had been arrested by Venezuelan intelligence agents.

In the next days, 30 more people were arrested in house-by-house roundups, according to Penal Forum. They were interrogated before being let go, the group said.

But Mr. Jatar was not released. He sits in a jail cell in the state of Nueva Esparta on money-laundering charges involving $25,000, which the authorities say they found in his car. Ms. Martínez says that the money was planted, and that Mr. Jatar would have never left such a large amount of money where it might have easily been stolen.

“We have no idea who ordered his detention,” Ms. Martinez said.

José Miguel Vivanco, the director of Human Rights Watch, which has also investigated the case, said his group concluded that the charges were fabricated in an effort to suppress journalists. “Calling for his release is not just about letting another political prisoner out of jail,” he said. “It’s about protecting free speech.”

The government ombudsman did not respond to a request for comment on Mr. Jatar or other prisoners. Venezuela’s military and prosecutor’s office also did not respond to a written request for comment.

Since Mr. Jatar’s arrest, the government has intensified its focus on arresting those it deems subversive. In early January, Mr. Maduro put Tareck El Aissami, the newly appointed vice president, in charge of what he called the “anticoup squad,” a group aimed at punishing those plotting treason or other crimes against the state.

On Jan. 12, Irwing Roca, a political activist, was leaving a meeting with Roniel Farias, a city councilman in Ciudad Bolívar, in the country’s eastern interior. Mr. Roca said that a black car was waiting outside for them, and that intelligence agents ordered them inside after taking their telephones.

“At no moment did they say why they had taken us,” Mr. Roca said.

Mr. Roca said he was held by the agents for three days without food or water. Mr. Farias was released on March 14, with no explanation.

The day before Mr. Roca and Mr. Farias were taken, Gilber Caro, a deputy legislator in the National Assembly for Voluntad Popular, an opposition party, was making his way down a highway outside of Caracas when his car was stopped by Venezuelan intelligence agents, his family said.

Yeidi Caro, his sister, first learned of the news when a friend called to mistakenly say he was kidnapped. Mr. Caro initially thought he had been taken by criminals demanding a ransom. Ms. Caro saw the news of his arrest being broadcast. “I turned on the television and I saw that the government had him,” she said.

The Venezuelan authorities said that they had found the legislator hiding an assault rifle and money to be used for attacks against the government.

Officials broadcast a taped phone call between Mr. Caro and Ms. Tintori — the wife of the political prisoner photographed with Mr. Trump in February — in which they said the two had planned chaotic protests to undermine the government.

“He is a person with violent characteristics,” Mr. El Aissami, the vice president, said of Mr. Caro.