Capriles denuncia un “golpe de Estado” en Venezuela
La oposición anima a salir a las calles el miércoles y anuncia una ofensiva contra la decisión de suspender la recolección de firmas para el revocatorio contra Maduro
La oposición venezolana ha pasado a la ofensiva total después de que en la noche del jueves una serie de decisiones judiciales adoptadas por tribunales de provincia llevaran al Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, a suspender la recolección del 20% de firmas del padrón electoral, prevista para la próxima semana como última etapa para convocar a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Como un «golpe de Estado» calificó esas medidas Henrique Capriles Radonski, gobernador del Estado de Miranda y ex candidato presidencial, este viernes en la tarde durante una rueda de prensa en Caracas en la que la alianza opositora, Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha querido dar una impresión de unidad ante la crisis. Capriles, sujeto a una orden judicial de prohibición de salida del país desde la misma noche del jueves, llamó a sus seguidores a salir a las calles «para recuperar el hilo constitucional» que, a su juicio, quedó interrumpido con la suspensión del Revocatorio. Además, mostró su respaldo a una protesta de mujeres a favor del referendo este sábado, encabezada por la exdiputada María Corina Machado y por Lilian Tintori, mujer del opositor encarcelado Leopoldo López.
Entre otras acciones concretas, Capriles anunció que el próximo miércoles se producirá lo que llamó «una toma de Venezuela» en la que «nos movilizaremos a donde haya que movilizarse», insinuando que podrían llegar al centro histórico de Caracas, donde residen la sede de la presidencia de Venezuela y otros poderes públicos. No quiso desarrollar más la expresión, «porque todos entienden a qué me refiero».
Más explícito, adelantó que el domingo la Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición, celebrará una sesión extraordinaria en la que se evaluará el «abandono del cargo» en que habría incurrido Maduro. El presidente venezolano salió el jueves en la noche, de forma simultánea la embestida gubernamental contra el proceso revocatorio, a una gira por naciones petroleras de Asia Central y Oriente Próximo, como parte de sus esfuerzos por estabilizar los precios del crudo en mercados internacionales. Maduro no solicitó permiso al Parlamento para el viaje.
Capriles dijo que espera que las fuerzas armadas respalden todas las acciones que se lleven a cabo para restaurar el orden constitucional. «Esta es una situación que no queríamos», aseguró, «pero ser pacífico no es lo mismo que ser pendejo».
El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, sirvió como segundo vocero en la conferencia de prensa. Al ratificar la convocatoria para el próximo domingo, Ramos –líder del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD)- dijo que la agenda de la sesión incluirá «algunos temas que no habíamos querido considerar», como el de la posible doble nacionalidad del presidente Maduro. Se trata de un punto avivado desde 2013 por la oposición más radical, sabedora de las informaciones nunca verificadas según las cuales el actual mandatario habría nacido en Colombia y de padres colombianos. La Constitución vigente exige que el presidente de la República sea venezolano de nacimiento, extremo que Maduro no cumpliría de comprobarse los rumores.
Hasta este viernes la oposición más institucional, agrupada en la MUD, se había mostrado reacia a asumir el tema de la ciudadanía de Maduro, al considerarlo débil en lo jurídico y vagamente chauvinista. Pero ahora lo blande, junto al de abandono del cargo, a manera de advertencia sobre una posible destitución del jefe de Estado.
Mientras Capriles informaba que durante todo el día se ocupó de conversar con autoridades de otros gobiernos de la región para explicarles la nueva situación, Ramos Allup dejó saber que llamará al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que una delegación del organismo se apersone la próxima semana a supervisar las protestas programadas por la MUD y, enfatizó, para activar la Carta Democrática Interamericana, un instrumento firmado en 2001 en Lima que prevé sanciones contra los países del hemisferio que se desmarquen del orden democrático. Se anticipó a las acusaciones de «traición a la patria» que por ello pudieran lloverle desde el bando oficialista, subrayando que la OEA es un ente al que Venezuela está adscrito y que el país es signatario de la Carta Democrática. En cambio, advirtió que el Gobierno prepara a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) algunas decisiones para restringir o eliminar el fuero parlamentario.
Minutos antes, en un mitin transmitido por la televisión del Estado desde una plaza de toros de la ciudad de Maracay (estado de Aragua, centro costero de Venezuela), el diputado y primer vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, había exigido que, suspendido ya el referendo revocatorio, la justicia debe llevar a la cárcel a los responsables del supuesto fraude que la oposición habría cometido durante la recolección del 1% inicial de las firmas. «No nos hemos jugado todas nuestras cartas», dijo, «el contrataque chavista apenas comienza».
