JOHN COCHRANE:
Algunos colegas y yo hemos creado una carta abierta sobre la libertad académica. Si compartes nuestros puntos de vista, te invitamos a firmarla.
En resumen: pedimos que las universidades y las asociaciones profesionales de los Estados Unidos adopten y apliquen los Principios de Chicago sobre la libertad de expresión, el requisito del Informe Kalven sobre la neutralidad institucional en asuntos políticos y sociales, y el Informe Shils que hace de la contribución académica la única base para la contratación y la promoción.
Incluimos a las sociedades profesionales. Es decir, ustedes, la American Economic Association y la American Finance Association: Con todos sus comités para mejorar la profesión, necesitan uno grande para defender la parte más importante y amenazada de la empresa académica, la libertad de expresión.
La carta, que figura a continuación, no es tan exhaustiva y detallada como podría desearse, pero nos hemos esforzado por hacerla breve.
La carta oficial y la lista de firmantes está AQUÍ.
Restablecer la libertad académica
La misión de la universidad es la búsqueda de la verdad y el avance y la difusión del conocimiento. Una firme cultura de libertad de expresión y libertad académica es esencial para esa misión: El progreso intelectual a menudo amenaza el statu quo y por ello genera resistencias. Las malas ideas sólo se eliminan mediante un análisis crítico sin restricciones.
Por desgracia, la libertad académica y la libertad de expresión están disminuyendo rápidamente en las instituciones académicas, incluidas las universidades, las sociedades profesionales, las revistas y los organismos de financiación. Los investigadores cuyos hallazgos desafían las narrativas dominantes tienen cada vez más dificultades para ser publicados, financiados, contratados o promocionados. Ellos, y los profesores que cuestionan las ortodoxias actuales, son acosados en persona y en línea, condenados al ostracismo, sometidos a opacos procedimientos disciplinarios universitarios, despedidos o cancelados por otros medios. El empleo, la promoción y la financiación están cada vez más sujetos a pruebas políticas implícitas o explícitas, incluida la aprobación por parte de burócratas que buscan imponer una agenda social como puntos de vista específicos sobre la justicia social o los principios de la DEI. El activismo está sustituyendo a la investigación y el debate. Un número cada vez mayor de hechos e ideas simples no pueden ni siquiera mencionarse sin riesgo de represalias.
Las víctimas públicas de alto perfil son la punta del iceberg. Una atmósfera de miedo y autocensura impregna el mundo académico. Muchos profesores y estudiantes piensan que no pueden expresar sus opiniones, poner en duda los dogmas, investigar ciertos temas o cuestionar la pérdida de la libertad académica sin arriesgarse al ostracismo y a dañar sus carreras. El conocimiento se pierde y muchos académicos con talento abandonan ese mundo.
Las universidades y las sociedades profesionales no están resistiendo a esas fuerzas antiliberales -que han surgido muchas veces a lo largo de la historia, desde todos los lados del espectro político- ni están defendiendo la libertad académica y la libertad de expresión.
Muchas universidades y organizaciones profesionales matizan ahora su apoyo a la libertad: libertad de expresión, dicen, siempre que el discurso no ofenda o excluya; libertad de expresión, siempre que no desafíe las narrativas y concepciones de justicia social institucionalmente aprobadas; libertad de expresión, pero sólo dentro de unos estrechos límites credenciales. Estas restricciones son contraproducentes, incluso en su objetivo de promover una determinada ideología. La gente infiere de la censura un deseo de proteger las mentiras para que no salgan a la luz. Históricamente, la censura ha apoyado a regímenes monstruosos y a sus ideologías. Las malas ideas sólo se derrotan con argumentos y persuasión, no con la supresión. La verdadera justicia y la libertad no pueden existir la una sin la otra.
La pérdida de libertad académica se debe en parte a una crisis de liderazgo. Aunque muchos dirigentes universitarios hacen declaraciones en las que apoyan el debate abierto, sin embargo supervisan y amplían burocracias politizadas que acosan, intimidan y castigan a quienes expresan opiniones consideradas incorrectas e imponen la conformidad ideológica en la contratación y los ascensos. De poco sirve una defensa genérica de la libertad de expresión si, al mismo tiempo, los administradores de la universidad llevan a cabo investigaciones en secreto, sin el debido proceso y basándose en denuncias anónimas; si los administradores condenan al ostracismo a la víctima ante todos los posibles futuros empleadores. Los consejos de administración, las organizaciones de ex alumnos, los donantes, los organismos gubernamentales de concesión de subvenciones y otras partes interesadas de las instituciones tampoco defienden los principios de la libertad académica.
En cambio, las universidades y las organizaciones profesionales se lanzan de cabeza al activismo político e ideológico institucional. Los departamentos y otras unidades universitarias hacen declaraciones públicas de sus opiniones políticas, tachando así de herejes -e incluso de fanáticos- a los miembros que puedan cuestionar esas causas. Cada vez más, los centros y «aceleradores» se dedican a la promoción política y de políticas, a la defensa de las ideologías que las apoyan y a la supresión de las ideas contrarias. Las organizaciones y revistas profesionales anuncian, con demasiada frecuencia, que ciertos tipos de investigación, por muy válidos que sean desde el punto de vista metodológico, no pueden publicarse, y se han volcado en cabildeos. Las burocracias universitarias exigen que se incluya a determinados autores y se excluya a otros de las listas de lectura y de los debates en el aula.
¿Qué se puede hacer?
Hacemos un llamamiento a todas las universidades, asociaciones académicas, revistas y academias nacionales para que adopten la «Trifecta de Chicago», que consiste en los Principios de Chicago sobre la libertad de expresión, el requisito del Informe Kalven sobre la neutralidad institucional en asuntos políticos y sociales, y el informe Shils que hace de la contribución académica la única base para la contratación y la promoción.
El informe Kalven subraya que «para cumplir su misión en la sociedad, una universidad debe sostener un entorno extraordinario de libertad de investigación y mantener una independencia de las modas, pasiones y presiones políticas». La Universidad y sus subunidades administrativas deben abstenerse de tomar posición en las cuestiones políticas del momento: «Si bien la universidad es el hogar y el patrocinador de la crítica, no es ella misma la crítica y, por lo tanto, no puede adoptar una acción colectiva sobre las cuestiones del día sin poner en peligro las condiciones de su existencia y eficacia».
«La neutralidad de la universidad como institución surge… no por falta de valor ni por indiferencia e insensibilidad. Surge del respeto a la libre investigación y de la obligación de valorar la diversidad de puntos de vista».
También pedimos que el profesorado cree (o se una a las existentes) asociaciones no partidistas, destinadas a defender estos valores en el campus, y a nivel nacional, como FIRE, la Academic Freedom Alliance, Heterodox Academy, FAIR y ACTA. Las organizaciones profesionales deben dar prioridad a la defensa de la libertad académica y la libertad de expresión de sus miembros.
Muchas universidades han adoptado oficialmente los Principios de Chicago. Deben desarrollarse estructuras sólidas para defender estos principios. Los profesores criticados por grupos de estudiantes, por otros profesores, por los decanos y administradores, o por el personal de la universidad, deben poder hacer valer eficazmente su libertad de expresión y de investigación apelando a esas declaraciones.
Las universidades deben desplegar salvaguardias para garantizar que los administradores trabajen para defender estos principios y no para socavarlos. Los procedimientos disciplinarios de las universidades deben ser transparentes, siguiendo las protecciones básicas centenarias de los acusados, como el derecho a ver e impugnar las pruebas, a confrontar a los testigos en su contra, el derecho a la representación y a la inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad.
Los dirigentes universitarios también deben promover e institucionalizar la libertad de expresión y la libertad académica mediante acciones concretas. La libertad es una cultura, no un mero conjunto de normas, y hay que alimentar una cultura. La libertad de expresión, la libertad de investigación, la tolerancia hacia las opiniones contrarias, el enfrentamiento de dichas opiniones con argumentos, lógica y hechos, la abstención de ataques ad-hominem, la difamación, el acoso, y otros comportamientos poco éticos deben ser en los materiales de orientación para todos los nuevos estudiantes y empleados. La libertad viene acompañada de una cultura de responsabilidad, pero las responsabilidades se cumplen mejor con las normas sociales que con extensas reglas aplicadas por burócratas no académicos. Si los miembros de la comunidad o los grupos solicitan a los dirigentes de la escuela que se sancione o castigue a un miembro del profesorado o a un estudiante por expresar su punto de vista, los dirigentes de la universidad deberían responder pública y claramente con una declaración en la que se afirme que la Universidad es un lugar para discutir y debatir todos los puntos de vista, y que el intento de castigar a otros por tener puntos de vista «incorrectos» es incompatible con las normas comunitarias de la institución educativa. La Universidad también debería comprometerse con todos los estudiantes, profesores y empleados a no castigar ni sancionar la libertad de expresión.
JOHN COCHRANE es un economista estadounidense especializado en economía financiera y macroeconomía. Es el «Rose-Marie and Jack Anderson Senior Fellow» en la Hoover Institution. Previamente fue profesor de finanzas en la «Booth School of Business» de la Universidad de Chicago. Escribe el blog «The Grumpy Economist» .