Casado facilitaría a Sánchez la alarma para el confinamiento

Ayer volvió a reunirse el Consejo Interterritorial de Salud, un órgano que sólo tiene facultades para aprobar por consenso recomendaciones, pero al que el Gobierno ha convertido en esta nueva etapa en el centro decisorio de esa variante de modelo federal con el que está gestionando la pandemia. El Ejecutivo ha ganado tiempo sobre el confinamiento domiciliario al posponer el debate hasta más allá del 9 de noviembre, pero la impresión en las comunidades autónomas (CC AA) es que en realidad lo que quiere es evitarlo como sea. A pesar del SOS que ya han lanzado varias autonomías.

Ayer pidió que se habilitase ese marco legal el País Vasco. Asturias, Ceuta y Melilla habían solicitado antes el confinamiento. Castilla y León entró ayer en alerta 4 por el avance descontrolado del virus, y Murcia se sumó al cierre de bares y restaurantes que ya han ordenado otras comunidades autónomas.

El confinamiento domiciliario obliga a un nuevo estado de alarma o a la rectificación del que está en vigor, e incluso en la política del todo vale, sería muy cuestionable que no tuviera un nuevo refrendo del Parlamento. De hecho, lo lógico es que fuera a nivel nacional y con un mando único, pero las comunidades no descartan que el Gobierno, de ser imposible seguir evitando ese camino, pueda buscar incluso la manera de disfrazar ese mando único delegando de nuevo el juego del balón a los gobiernos autonómicos. El problema es que la suspensión total de los derechos fundamentales es competencia exclusiva del Estado, y es indelegable. El artículo 116 de la Constitución española precisa que las comunidades pueden solicitarlo al Ejecutivo central.

En este confuso y desordenado mapa territorial, el malestar autonómico es creciente, da igual el color del gobierno regional. Y desde las comunidades autónomas más afectadas por el recrudecimiento de la pandemia sale el mismo grito, sostenido en las advertencias de sus expertos epidemiológicos: esperar las dos o tres semanas que plantea el Gobierno para ver si dan resultado las medidas en vigor es muy arriesgado porque cuando se quiera reaccionar, puede haber estallado ya el colapso de las UCI. «Serán responsables de la saturación de las UCI por retrasar la decisión por motivos políticos».

Génova facilitará el confinamiento domiciliario en el Parlamento, como hizo con la prórroga del último estado de alarma que recoge el toque de queda, las limitaciones perimetrales y las restricciones en las reuniones sociales tanto en los domicilios como en los bares o restaurantes. La abstención es una forma de facilitarlo. Pero la condición para dar el ·»sí» volverá a ser que el Gobierno acepte someter esta nueva restricción de un derecho fundamental al control parlamentario tasado en la Constitución y que reforme la legislación sanitaria.

Esto último se ha convertido en un mantra de toda negociación a sabiendas por todas las partes de que es un grito al vacío. Pero el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se abstuvo en la última votación, a pesar de estar en contra de la duración de seis meses y de que el control fuese sólo cada dos meses.

La falta de apoyo parlamentario es un problema para el Gobierno, y, ya sólo por eso, el estado de alarma es un lío político. Pero es que, además, el confinamiento domiciliario rompe la estrategia del Gobierno de coalición de desvincularse todo lo posible de la gestión de la pandemia después de que el pasado mes de junio implementase la desescalada. La razón se puede encontrar en las encuestas. Los sondeos que manejan las comunidades autónomas señalan que el desgaste del Ejecutivo socialista sigue siendo muy grande, muy superior, de hecho, al de los Gobiernos autonómicos a pesar de que éstos llevan el mando de la crisis desde el verano. Y la segunda oleada está golpeando antes de tiempo y con más dureza de la que se preveía.

El Gobierno intenta como sea que el mando siga en las comunidades para ver si puede darle la vuelta a este desgaste y para evitar, al mismo tiempo, el infierno parlamentario. Son las comunidades las que están cargando con el peso de las decisiones impopulares, de los toques de queda, y hasta del cierre en la práctica de la hostelería y de otras actividades no esenciales sin hacer uso del confinamiento domiciliario. Y mientras, el Gobierno socialista se lava las manos porque, como sostiene, ya ha dado el marco a las autonomías para que tomen sus decisiones.

En ese marco, el confinamiento domiciliario obliga al Gobierno a «mojarse» más, cuando lo que quiere es mantenerse a cubierto hasta que escampe la segunda oleada. Pero puede volver a ser el PNV, como ya ocurrió con el toque de queda, el que precipite la revisión de sus decisiones. Moncloa tampoco quería activar el toque de queda y, como ahora, hizo todo lo posible para frenarlo, pese a las presiones de distintos gobiernos regionales. Hasta que la urgencia del PNV, y la llamada del PNV a Moncloa, precipitó todo el viernes anterior al fin de semana que se aprobó la alarma. El PNV le dijo al Gobierno que necesitaba una solución y el Ejecutivo articuló el polémico estado de alarma que apoyaron los independentistas. Sin apenas control y con total margen de actuación para la Generalitat y para Ajuria Enea.

El martes el lendakari, Íñigo Urkullu, no descartó la posibilidad de un confinamiento domiciliario, medida que tienen sobre la mesa, aunque no quiso confirmarla antes de tiempo para no generar alarma. Como el resto de comunidades está a la espera de valorar el resultado de las últimas medidas aprobadas a finales de octubre. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistió ayer en la reunión del Consejo Interterritorial que hay que esperar «dos o tres semanas» a ver si dan resultados las medidas adoptadas antes de valorar la posibilidad de plantear el confinamiento domiciliario como en el resto de países vecinos.