Censura y polémica en las culturas hispánicas

El artista español Santiago Sierra posa frente a su obra ‘Presos políticos’ antes de asistir a un debate en Madrid, España, con motivo de la eliminación de la obra de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO. Credit Ballesteros/European Pressphoto Agency

El primer trimestre de 2018 ha destacado por la gran cantidad de casos polémicos de censura cultural.

Aunque los más mediáticos han sido los ocurridos en España, algunos de los principales casos que se han producido estos meses en los países de lengua española revelan que se trata de un problema mucho más extendido y preocupante de lo que puede parecer. Tras enumerar los casos en orden cronológico inverso, llegamos a algunas conclusiones.

15 de marzo: La revista satírica Mongolia es condenada a pagar 40.000 euros de multa por haber usado la imagen del extorero José Ortega Cano en el cartel de publicidad de un espectáculo. La jueza entiende que el extorero no es satirizable. El cartel, en que se veía a Ortega Cano convertido en un extraterrestre, con su OVNI accidentado detrás, hacía referencia al hecho de que mató a una persona en un accidente de tráfico y fue condenado por ello. Si se ejecuta la sentencia dentro de tres meses, la publicación tendrá que cerrar. Crea un precedente en la jurisprudencia española sobre hasta qué punto una persona pública puede o no ser representada en un medio de comunicación.

14 de marzo: La revista cubana digital El Estornudo cumple su segundo aniversario. Se ha convertido en un medio especializado en el género de la crónica, reconocido y premiado. Pero desde el día 10 u 11 de febrero no puede leerse en Cuba. Como la propia dirección recuerda en este editorial, no son los únicos que sufren ese límite: tampoco se puede acceder a sitios como “14ymedio, Diario de Cuba, CiberCuba o Café Fuerte”.

7 de marzo: El autor ecuatoguineano de cómics Ramón Esono sale de la cárcel de Black Beach, una de las más peligrosas de África, ocho días después de que la fiscalía retirara los cargos en su contra por blanqueo y falsificación de dinero. Residente con su esposa en El Salvador, Esono viajó a su país natal para renovar el pasaporte y fue detenido por publicar viñetas que caricaturizan al dictador Obiang y a su familia. La policía realizó un precario montaje para que el arresto no pareciera responder a motivos ideológicos. Ha permanecido en prisión casi medio año.

1 de marzo: Una multitudinaria procesión católica recorre las calles de Oruro, Bolivia, como desagravio por la supuesta ofensa que realizó previamente la artista Rilda Paco al pintar en tanga a la Virgen del Socavón. Cristóbal Bialasik, obispo de la ciudad, presidió la ceremonia de arrepentimiento y perdón. Aunque Paco recibió amenazas de acciones legales por parte de las autoridades locales —además de amenazas de violación en redes sociales— el gobierno nacional recordó ese día que la libertad de expresión está garantizada por la Constitución boliviana.

26 de febrero: EiTB, la radio televisión pública del País Vasco, se niega a emitir una cuña radiofónica de publicidad del libro El desarme, la vía vasca, de Iñaki Egaña, una investigación periodística sobre el fin de ETA publicada simultáneamente en euskera, español y francés por la editorial Txalaparta. La razón es la frase “el desarme de una organización militar con la ayuda de la sociedad civil frente a las posiciones más inmovilistas”, que según la dirección del canal implica “proselitismo o adoctrinamiento” y “menosprecia o hiere convicciones”. La censura fue posteriormente denunciada por la Asociación Internacional de Editores Independientes.

25 de febrero: Matador, el caricaturista del diario colombiano El Tiempo, publica una viñeta en que el precandidato presidencial Iván Duque, transformado en cerdo, dice: “¡Ay, no! Soy el único uribista que no está ‘cochino’”. El abogado uribista José Luis Reyes presenta enseguida una tutela judicial contra el artista gráfico.

21 de febrero: La dirección de la Institución Ferial de Madrid (Ifema), responsable de la feria de arte contemporáneo ARCO, pide a la galería Helga de Alvear que retire las veinticuatro fotografías de la obra Presos políticos, del artista español Santiago Sierra. El escándalo mediático se vuelve rápidamente internacional. Y durante las semanas siguientes la obra se va exponiendo en diversos centros culturales y museos de España.

21 de febrero: La jueza Alejandra Pontana, del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Collado de Villalba, ordena el secuestro cautelar de la crónica Fariña (Libros del KO), del escritor español Nacho Carretero. Da de ese modo la razón a la demanda contra el derecho al honor del exalcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar, cuyos vínculos con el narcotráfico aparecen brevemente mencionados en el libro. Fariña multiplica sus ventas y es número uno en Amazon. El Gremio de Libreros de Madrid apoya públicamente la obra. Pero la editorial advierte sobre los peligros que el caso supone para su supervivencia. En una entrevista concedida días después al diario El Mundo, Bea Gondar declara: “Si yo no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba al tipo y le pegaba un tiro en la cabeza”. El 5 de abril tendrá lugar la vista previa del juicio.

20 de febrero: El Tribunal Supremo de España ratifica la condena de la Audiencia Nacional de tres años y medio de cárcel al rapero Valtòynic por enaltecimiento del terrorismo, apología del odio ideológico, incitación a la violencia e injurias a la corona. A modo de respuesta colectiva, el rapero mallorquín es invitado por decenas de festivales musicales. También prosiguen los procesos judiciales de otros raperos españoles, como los doce miembros del colectivo La Insurgencia, Syker y Hásel.

11 de enero: La policía clausura la sala de microteatro Pop Up Café Samborondón de Guayaquil, tras las protestas de decenas de manifestantes católicos contra la obra El santo prepucio, donde se especula sobre el hallazgo de la reliquia de la polla de Cristo. El comisario municipal Hugo Solano argumentó que la sala tiene permiso como cafetería, pero no como teatro.

De todos los países mencionados, dejando a un lado Guinea Ecuatorial y Cuba, que son sendas dictaduras, el que acumula más casos de censura institucional es España. Mientras que en México no ha sido llevado a juicio ningún autor de narcocorridos y en Bolivia se recuerda el derecho constitucional a la libertad de expresión, en España han sido condenados cantantes de rap y revistas satíricas.

Los casos más preocupantes son precisamente los que implican acciones judiciales y condenas de cárcel, amparadas sobre todo en el artículo 578 del Código Penal de España, que prohíbe el “enaltecimiento del terrorismo” y la “humillación de víctimas de delitos de terrorismo”. El artículo fue ampliado en 2015, en el contexto de los atentados de París, pero la mayoría de las causas no tienen relación con la exaltación del terrorismo yihadista, sino con grupos terroristas españoles que ya no están en activo, como ETA o los GRAPO.

La llamada Ley Mordaza ha sido utilizada para miles de atropellos civiles. Setenta personas han sido condenadas por enaltecer el terrorismo, según denuncia Amnístia Internacional, que alerta a la Unión Europea sobre la alarmante deriva de uno de sus Estados miembro. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de condenar a España por violar un derecho específico: quemar fotos de los reyes es libertad de expresión, no delito.

El secuestro judicial de Fariña y la condena contra Mongolia muestran otra dimensión de la censura, la que apela a las “ofensas contra el honor”. Se trata de limitar la libertad de expresión bajo amenaza de inviabilidad económica del proyecto editorial. A menudo, las sentencias de los jueces en casos vinculados con la presunta ofensa contra la corona de España o contra la Iglesia católica revelan una ideología muy conservadora presente en la fiscalía y en la judicatura españolas.

Como señala el Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en el Reino de España —que según la Constitución es aconfesional—, existen graves problemas de independencia judicial. La injerencia política encuentra su caldo de cultivo en el mismo sistema de acceso a la plaza de juez, que precisa de años de dedicación exclusiva al estudio y del pago de preparadores, un privilegio que está reservado a familias de altos ingresos. Durante los últimos años, el Partido Popular se ha aprovechado de ese contexto favorable para radicalizar sus políticas conservadoras, convirtiendo a España en la democracia iberoamericana con menos garantías para la libertad de pensamiento y de expresión.

Ese retroceso a dinámicas propias de la monarquía inquisitorial y de la dictadura franquista choca de frente con el mundo del siglo XXI, caracterizado por la viralidad y la multiplicación. Gracias a la censura de ARCO, las fotografías de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en Presos políticos han llegado a parcelas de la realidad a las que el arte no tiene por lo general acceso.

Y la condena de la Audiencia Nacional a dos jóvenes que quemaron una fotografía de Juan Carlos I y Sofía en 2007 ha provocado, tras la reciente sentencia del Tribunal Europeo, que en los días pasados hayan sido quemadas en Cataluña miles de imágenes de Felipe IV.