Cerco al Gobierno de Dilma Rousseff tras la operación contra Lula da Silva
Los testimonios de varios implicados en la ‘operación Lava Jato’ podrían arrojar pruebas que derivarían en cese de la presidenta
La foto que brindaron este sábado Dilma Rouseff y Luiz Inácio Lula da Silva, con las manos entrelazadas y en alto saludando a sus incondicionales desde un balcón en São Bernardo do Campo (estado de São Paulo), puede quedar para la Historia con un significado muy diferente al que pretendieran ambos líderes del Partido de los Trabajadores.
Después de golpear a Lula, las investigaciones por el ‘caso Lava Jato’ acechan al Gobierno de Rousseff, que podría ser destituida si el Tribunal Superior Electoral demuestra que la campaña de 2014 se financió con fondos ilegales de la trama corrupta en torno a Petrobras y que la mandataria lo sabía.
Está demostrado desde hace un año que las constructoras Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Odebrecht y OAS, entre otras, financiaron parte de la campaña de Rousseff y de su opositor Aécio Neves en las últimas elecciones presidenciales. Las declaraciones de empresarios de Odebrecht y Andrade Gutierrez, que se darán en el contexto de la ‘operación Lava Jato’, podrían acelerar el cese de la mandataria.
Un proceso que preocupa más en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia de la República, que el ‘impeachment’ abierto por ‘improbidad administrativa en el legislativo’ derivado de las cuentas irregulares del Ejecutivo al cierre del ejercicio 2014.
Cercada por los escándalos de corrupción, por una crisis sin precedentes que le impide gobernar por las tensiones con el legislativo y sin crítica interna por las pruebas «contundentes» de la Fiscalía contra Lula, Rousseff se somete a su enésima prueba de resistencia como gobernante.
«Ese Gobierno ya no existe, no legisla y sólo se sienta en la silla», ha asegurado a EL MUNDO Nilson Leitão, ‘número dos’ del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en la Cámara de Diputados, que está convencido de que «la campaña de Rousseff fue financiada ilegalmente y sólo falta que las pruebas empiecen a salir a la luz».
En ese contexto, la revista Istoé publica que el senador Delcídio Amaral, implicado en la trama corrupta, aportaría pruebas contra Lula y Rousseff, informaciones que han caído como una bomba en la opinión pública brasileña. Para los detractores del Gobierno, cada vez más numerosos, suponen el punto y final a la mínima credibilidad del equipo de Rousseff. Para sus defensores, cada vez más acorralados, ahondan en su argumento del «complot mediático» -en palabras de Lula- urdido contra ambos mandatarios.
Desde el Gobierno y el PT no se han escuchado apenas voces críticas contra Lula, aunque sí insisten en señalar el trato diferenciado que la Justicia y la policía estarían dando al opositor PSDB, cuyos escándalos de corrupción habrían sido silenciados o archivados en contraste al «circo mediático» -en palabras de Lula, de nuevo- en torno al ex presidente brasileño.
No en vano, numerosos juristas han criticado la aparatosa operación contra Lula, trasladado a la fuerza a comisaría para tomarle declaración por una fornida patrulla policial. Sergio Moro, el juez instructor que dirige la investigación y ordenó la ‘conducción coercitiva’ del ex presidente recordó públicamente que la actuación policial «no significa que Lula sea culpable».
Desde el PT, pesos pesados como el senador Lindbergh Farias o el presidente del partido, Rui Falcão, han cerrado filas en torno al ex presidente y han animado a sus seguidores a poner fotos de Lula en sus perfiles de las redes sociales. Rousseff, por su parte, se ha centrado en remarcar lo «exagerado» de la operaciónpolicial antes que atender a las evidencias contra Lula.
Mientras, la economía brasileña ofrece sus peores datos en los últimos 25 años, con una recesión del 3,8% en 2015, según datos del Banco Central, y undesempleo al alza.
La próxima semana, las primeras grandes protestas del año contra el Gobierno de Rousseff medirán el pulso de una crisis social que parece que sólo puede ir a peor.