Chile y su paréntesis demagógico

El 8 de octubre de 2019, Sebastián Piñera se jactaba ante el canal de televisión Mega de la buena marcha del país que presidía: «En medio de esta América Latina convulsionada vemos que Chile es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año y los salarios están mejorando». Diez días después, Piñera estaba asediado en el Palacio de La Moneda por las manifestaciones más violentas que había visto el país en 30 años de democracia.

Hasta ese momento, Chile era una excepción en Iberoamérica. Junto a una economía con una fuerte tasa de crecimiento, abierta al mundo desde antes de 1980 –lo que le había permitido beneficiarse de una manera extraordinaria del proceso de globalización–, la nación sudamericana mostraba también su fortaleza institucional.

Entre 1990, cuando el país volvió a la democracia tras la dictadura del general Augusto Pinochet, y 2012, el crecimiento promedio del PIB fue del 5,2%. La pobreza se redujo desde el 68% de la población en 1990 al 8,6% en 2017. En cuanto a los aspectos institucionales, en 2010 Chile tenía un regla de gasto fiscal bastante elaborada y un Consejo de Transparencia. España, por ejemplo, tenía una regla fiscal cuestionada en el Tribunal Constitucional, y era uno de los dos países europeos, junto con Chipre, que no contaba con un Consejo de Transparencia.

Todo eso desapareció con el llamado ‘estallido social‘ del 18 de octubre de 2019. El país se preparaba para dos grandes acontecimientos en noviembre: la cumbre de la COP 25, que Piñera, uno de los pocos gobernantes de derechas que no cuestiona el cambio climático, quería convertir en la marca de un país con unos ecosistemas privilegiados, y la reunión de la APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico) que debía convocar a Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping. Ambas citas debieron ser cancelados por los saqueos y desórdenes que, en algunos puntos del país, se prolongaron durante cinco meses hasta que llegó la pandemia.

Nunca se ha aclarado si los desórdenes fueron organizados o no. Lo que sí está claro es que, al margen de los errores de Piñera, la violencia se vio muy favorecida por la inoperancia de los Carabineros (policía militarizada). No fue ajeno a este fenómeno el hecho de que Piñera había decapitado la institución en su primer año de Gobierno destituyendo a 50 de sus generales y coroneles.

Piñera fue incapaz de aislar a los violentos y una extraordinaria ola de populismo se apoderó de Chile. A sus errores no sólo se sumó el fracaso policial, también falló la lealtad institucional de una oposición que cedió ante al oportunismo de quienes pensaron que el Gobierno sería derrocado. Para complicar más las cosas, una semana después del ‘estallido’ se produjo una multitudinaria manifestación pacífica de más de un millón de personas con las demandas más variadas, desde los que protestaban contra la desigualdad hasta los que rechazaban la equivocada reacción inicial del gobernante.

El 15 de noviembre de 2019, tras de cuatro semanas de furia y fuego en las calles de Santiago, Piñera logró que un amplio arco político llegara a un acuerdo por la paz social en el Congreso. El precio: sustituir la Constitución de 1980 mediante un texto que sería redactado por una Convención Constitucional paritaria, con una representación indígena reforzada, con miembros independientes y que duraría un año. Habría un plebiscito de entrada, donde un 78,2% de los votantes respaldó el inicio del proceso, y otro de salida para someter a referéndum el nuevo texto.

A partir de ahí, el Gobierno de la derecha fue una larga agonía. Ni siquiera la pandemia le permitió recuperar la autoridad perdida. Pese a que Chile exhibe uno de los índices de vacunación más altos del mundo y que Piñera se implicó personalmente en la negociación con los laboratorios, el reconocimiento a esta tarea no se ha producido.

Por el contrario, ninguno de los candidatos que contaban con el apoyo de la centroderecha logró superar la primera vuelta electoral, en noviembre de 2021, la cual situó en primer lugar al nacionalpopulista José Antonio Kast y, en el segundo, al izquierdista Gabriel Boric. Con apenas 35 años, Boric demostró ser más eficaz que Kast a la hora de girar hacia el centro en busca de votos moderados, pese a que en su coalición figuraba el Partido Comunista de Chile. Al final, Boric fue elegido presidente con 4.620.890 votos, más del doble de los sufragios conseguidos en la primera vuelta y un récord para un presidente en la etapa democrática. La marca no conseguía ocultar que para muchos de ellos sólo era «el mal menor».

Desde que tomó posesión en marzo de 2022, Boric no ha dejado de respaldar el texto constitucional de la Convención. Ésta contaba con una amplia mayoría de izquierdas que le permitió imponer su agenda, estableciendo un modelo plurinacional, un sistema político presidencialista con un parlamento unicameral fácil de controlar por el Ejecutivo, la sustitución del Poder Judicial por un servicio público denominado ‘Sistemas de Justicia’, la transformación de la Naturaleza en sujeto de derechos, etc. La nueva Constitución no convenció a los chilenos y fue rechazada en el referéndum del 4 de septiembre por el 61,8% de los votos contra un 38,1% que la aprobó. Este resultado implica que la legalidad descrita por la Constitución de 1980 sigue en vigor.

Para muchos, el amplio resultado de este referéndum marca el fin del estallido populista que se apoderó de Chile en 2019. «El rechazo en Chile al populismo es un ejemplo para el mundo», escribió ‘Financial Times’. Sin embargo, los políticos y analistas chilenos son más prudentes. «Los ‘nines’ (término con que se refiere a la actual generación en el poder en Chile) están golpeados, pero no noqueados», dice el economista Sebastián Edwards. «El crecimiento sostenido requiere de inversiones y estas solo se producen en forma abundante si hay estabilidad. En Chile sigue habiendo incertidumbre, con un Gobierno golpeado y confundido. El problema central es la violencia y la actitud dubitativa de las autoridades al respecto. Mientras no haya claridad y firmeza para enfrentar los actos vandálicos en distintas regiones del país, no habrá crecimiento».

Pero también hay interpretaciones optimistas. El intelectual Cristián Warnken, que lideró un movimiento cívico de oposición al borrador constitucional afirma: «Que una mayoría silenciosa tan contundente haya preferido rechazar las regalías de una Constitución maximalista es un hecho notable: habla de una reserva de mesura y prudencia en el inconsciente ciudadano de Chile».

El escritor Mauricio Rojas, un exministro de Piñera, sostiene una mirada realista: «Parafraseando a Churchill podemos decir que el plebiscito no fue el fin, ni siquiera el comienzo del fin, pero sí el fin del comienzo. El ‘octubrismo’ volverá, como ya se ha visto, a la calle y a la violencia. Se cierra la fase electoral y ya no serán los votos los que hablen, sino las piedras y, también, las balas de los insurgentes y las mafias como ya ocurre en el sur. El camino de Chile hacia la paz y el progreso será largo y azaroso, pero existe, a diferencia de lo que hubiese sido si el ‘Apruebo’ hubiese vencido el 4 de septiembre».

El mundo socialista, que forma una de las dos coaliciones que apoyan al gobierno de Boric, considera que «hay que desconstitucionalizar el debate político chileno» y que el Ejecutivo debe centrarse en combatir los problemas cotidianos del país: inflación, aumento de la pobreza, violencia delictiva y política (separatismo mapuche), inmigración… Paradójicamente, la derecha es la que manifiesta con fuerza que este cambio de prioridades puede suponer «un cierre en falso de la crisis de 2019» si no se aprueba una nueva Constitución consensuada: «Una que nos una», dice su eslogan. Coincide en la urgencia el Partido Comunista que no deja de exigir el fin de la Constitución de Pinochet y amenaza con marcharse el Gobierno si la mirada socialista prevalece.

Entretanto, la inflación anual en Chile ha llegado al 13,1%. A diferencia de 2008, la economía chilena no ha podido esquivar la pandemia y la invasión de Ucrania. Ha contribuido a ello su estancamiento económico que indica que la década 2010-2019 ha sido la de menor crecimiento promedio (un 3,3%) desde la de 1970-1979 (2,5%) en la que se derrumbó su democracia.

«Chile se libró del chavismo. Pero el populismo sigue ahí, agazapado, listo para volver a saltar en cualquier momento», afirma Gonzalo Cordero, uno de los analistas más destacados de la derecha. Por su parte, uno de los ex ministros de Piñera que prefiere mantener su nombre en reserva, estima que la izquierda «no desistirá en su intención de estatalizar la sociedad» y recuerda que Chávez, que sigue siendo el modelo para el Partido Comunista, intentó reformar su propia Constitución bolivariana para ampliar su mandato, falló en el primer intento en 2007, pero lo consiguió en 2009. «En estos países siempre estamos a un paso de la barbarie», concluye.