Cinco meses después, 136 son acusados de terrorismo
A cinco meses del inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la represión que en un principio fue violenta y sangrienta ha migrado a los tribunales de justicia, donde se ha convertido en una persecución selectiva, afirman juristas.
Entre el 4 de julio y 17 de septiembre protestantes de Estelí, Masaya, Matagalpa, Carazo, León, Managua, Boaco, Jinotega y el Caribe Sur han sido presentados por la Policía y acusados en los Juzgados capitalinos.
Expertos coinciden en que la ley relacionada al terrorismo se ha convertido en la principal “arma política” del gobierno. Solo en Managua, la Policía ha remitido 136 personas al Ministerio Público acusadas de cometer supuestos actos terroristas, entre otros delitos.
– –En las cárceles hay más de 309 presos políticos, según estimaciones de los organismos de derechos humanos.
Alberto Novoa, exprocurador y especialista en derecho penal, explica que “se utiliza el sistema judicial como arma política. La mayor parte de esas personas encarceladas por protestar no han lavado dinero, no han financiado actividades ilícitas. ¿Quién califica a un grupo de terrorista? Lo califica el Gobierno”.
Novoa valoró que la fundamentación y las pruebas para estas acusaciones “podrían indicar” otro tipo penal, pero no terrorismo.
“En Nicaragua está tipificado el delito de rebelión, pero a los detenidos no se les acusa de este delito, porque el concepto de rebelión es mucho más restringido, tiene sus características, sus modalidades, sus tipos de pruebas”, recordó.
El terrorismo y el financiamiento al mismo “es más fácil de tipificar que la rebelión. El concepto de terrorismo es tan amplio que cualquier prueba, el juez puede calificarla como elemento de convicción, como por ejemplo, pasar agua con bicarbonato para disipar un poco la bomba lacrimógena, sería ayuda al terrorismo, financiamiento al terrorismo”, criticó Novoa.
Sin embargo, “dicen que los tranques causaron terror a la gente, por lo tanto a quienes estuvieron en ellos se les acusa de terrorismo, pero se sabe que la obstrucción de las vía no es terrorismo”, aclaró Novoa.
Un formato de acusación
Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que trabaja en la defensa legal de los acusados, señaló algunas acusaciones polémicas; por ejemplo, “que a Cristian Fajardo (uno de los líderes enjuiciados) se le acusa de financiar al terrorismo por haber facilitado algunos ataúdes para las víctimas de represión de las protestas”.
En otro caso, “Saúl Pineda (también acusado) conocía a algunas personas del movimiento campesino que estaba en los tranques y a la hora de las redadas fue detenido. Hay muchas personas que no estaban participando y aun así las capturaron”, añadió Montenegro.
El abogado de la CPDH recalcó que la protesta cívica no implica el financiamiento y la comisión de actos terroristas.
“No nos explicamos cómo en un país que aparentemente era el más seguro de toda Centroamérica, de repente tenemos a 200 o más personas acusadas por terrorismo y usar armas restringidas, no tiene sentido”, agregó Montenegro.
Pese a que “hay una suerte de decisión en estos casos”, los defensores señalan las ilegalidades desde el inicio, tales como incompetencia por jurisdicción, detenciones ilegales y presentaciones tardías de los detenidos.
La CPDH también apunta a presentar la nulidad, porque no se acatan los recursos de exhibición personal de los jueces ejecutores y se admiten acusaciones incongruentes y por incumplimiento en los intercambios de información y pruebas, añadió.
La restricción de los medios de comunicación a las salas de los juzgados también forma parte de las violaciones legales a los procesos, consideró el jurista Alberto Novoa.
Además, “no se puede tratar a un presunto inocente con la cárcel, que es la figura coercitiva que se impone de último. El acusado debe estar preso hasta que esté condenado, no antes”, señaló el exprocurador.
Montenegro indicó que continuarán agotando vías internas, para apelar y revisar los casos en los que ya se ha dictado sentencia, y posteriormente recurrir a organismos de derechos humanos internacionales.
El Ministerio Público está utilizando los mismos formatos de acusación a los detenidos, por haber participado en las protestas los acusan de lo mismo, denunció la CPDH. La Policía también está violentando la presunción de inocencia, al señalar de manera categórica a los manifestantes como terroristas, enfatizó.
En casi todos los casos, los detenidos son vinculados a los tranques que se levantaron entre mayo y julio en distintos puntos del país, como parte de las protestas ciudadanas contra el gobierno.
Según las autoridades policiales y judiciales, en los tranques, que fueron desmantelados por antimotines y encapuchados armados entre mayo y julio, se cometían secuestros, torturas y extorsión.
Entre los detenidos en las cárceles de la capital, señalados de terrorismo, se cuentan 24 líderes universitarios, dos exmilitares y tres líderes campesinos.
