Combate a la pobreza: un balance sexenal

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyó la pobreza, a pesar de que enfrentó la adversidad de una pandemia. La reducción de una desigualdad clave, la existente entre las remuneraciones de los asalariados y los ingresos de otros sectores de la economía como el empresarial, ha sido crucial para este logro. Frente a dicha reducción destaca, sin embargo, el deficiente desempeño de las políticas de salud, educación y de transferencias monetarias. Este balance de logros significativos y oportunidades perdidas constituye el legado para el próximo gobierno y las siguientes generaciones.

Desde 2005 contamos con cifras de la pobreza laboral, el porcentaje de población cuyo ingreso por trabajo es insuficiente para adquirir la canasta básica de alimentos. De acuerdo al CONEVAL, en el primer trimestre de 2024 el 35.8% de la población se encontraba en esta específica condición de pobreza. Tal cifra se acerca al mínimo histórico de pobreza laboral, registrado en el segundo trimestre de 2007: 34.6%. Que el índice de pobreza laboral no haya disminuido es una tragedia para la sociedad mexicana, pero no se puede atribuir exclusivamente al gobierno de López Obrador. Su administración heredó un país con un 40.7% del sector de los trabajadores en esta situación.

La principal razón del descenso de la pobreza en 4.9 puntos porcentuales reside en el extraordinario aumento del ingreso, a pesar del modesto crecimiento de la economía. En 2018, las remuneraciones de los asalariados representaron el 24.7% del PIB, mientras que en 2023 la cifra ascendió al 28.2%. Este cambio refleja una importante redistribución del ingreso a favor de la población trabajadora en general, no solo de los más pobres.

La reducción en la pobreza laboral se reflejó en la denominada pobreza multidimensional, que considera no solo la insuficiencia de ingresos para adquirir la canasta básica, sino también las carencias no monetarias: acceso a los servicios de salud, educación, seguridad social o vivienda adecuada con servicios públicos en correcto funcionamiento. Entre 2018 y 2022 esta pobreza se redujo del 41.9% al 36.3% porque 5.7 millones de personas incrementaron sus ingresos por encima de la línea de pobreza monetaria. Sin embargo, el positivo impacto de este incremento no debe llamarnos a engaño. Detrás de las cifras se esconden realidades que de ningún modo han de desestimarse.

La carencia de acceso a los servicios de salud pasó del 16.2% de la población en 2018 al 39.1% en 2022, un deterioro histórico porque se está hablando de un porcentaje comparable con el registrado en el año 2008. El 40% de la población con menores ingresos ha sufrido un retroceso en su acceso a los servicios de salud que alcanza los 40 puntos porcentuales, mientras que el 10% con mayores ingresos, apenas el 4.4%. El aumento de la desigualdad de oportunidades para recibir una atención de salud adecuada se relaciona con la desaparición del Seguro Popular y el fracaso del INSABI. 

A consecuencia de las políticas equivocadas en el sector salud, la pobreza extrema ha aumentado, lo que constituye uno de los mayores fracasos de la administración saliente. México tiene ahora 400,000 personas más que no pueden comprar la canasta alimentaria y padecen al menos tres carencias no monetarias. Aunque se trata de un incremento del 7% al 7.1% , se rompe la tendencia descendente de la pobreza extrema registrada desde el año 2010, sin contar el año 2020 en el que comienza la pandemia. La administración de AMLO ha marcado un hito contra un principio fundamental del combate a la pobreza: primero los más pobres.

El rezago educativo pasó del 19% de la población a 19.4%, lo que suma 1.6 millones de personas. Continúa el deterioro de la educación pública, que el CONEVAL detectó en la administración de Enrique Peña Nieto, para desgracia de las nuevas generaciones. Una de las razones detrás del rezago es la reducción del presupuesto por alumno, a lo que se suma el descuido respecto al aprendizaje de conocimientos básicos durante la pandemia.

Pese a duplicarse las transferencias monetarias dentro de los programas sociales, no se explotó del todo su potencial. En 2018, por cada millón de pesos invertidos en apoyos monetarios salían 226 personas de la pobreza, a las que hay que sumar 158 en condición de pobreza extrema. Las cifras para 2022 descendieron a 157 y 107 personas, respectivamente.

El balance previamente expuesto tiene tres consecuencias. La primera es de carácter político. El aumento en los ingresos laborales, factor clave en la reducción de la pobreza, significó una fortaleza electoral a favor de Claudia Sheinbaum, en detrimento de los más pobres entre los pobres. Las políticas se focalizaron en el mercado de trabajo y en programas sociales dirigidos a sectores cuya pobreza no es extrema. Esto plantea un dilema en la política pública: hay pocos incentivos para implementar programas sociales con un enfoque más pronunciado hacia los más necesitados, ya que su rentabilidad electoral no está garantizada o es limitada en la actualidad.

La segunda consecuencia se relaciona con la expansión del bienestar. El sistema de salud no cuenta con los recursos adecuados ni funciona de manera integrada, lo que impide la provisión universal de este servició básico. Se ha reducido la inversión en el sistema educativo , y se han descuidado la educación inicial y la media superior así como el reforzamiento de los aprendizajes básicos a través de la evaluación de un órgano autónomo, como antes se hacía con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Por último, las transferencias monetarias han perdido efectividad para combatir la pobreza extrema.

La tercera consecuencia refiere a la movilidad social a largo plazo, la que posibilita salir de la pobreza de forma duradera en el tiempo. Aunque los aumentos salariales son una fuente para atender las necesidades actuales de la adultez futura, las posibilidades de mantener tales incrementos mediante decretos o legislación son limitadas. Además, las deficiencias en servicios de salud y los rezagos educativos tendrán como resultado una pérdida de capacidades humanas para las siguientes generaciones. El éxito respecto a los ingresos de corto plazo se alcanzó a costa de las políticas de salud y educación a largo plazo.

La reducción de la pobreza es motivo de celebración. No obstante, sigue en pie el desafío mayor: un Estado de bienestar cuyo diseño integre las políticas sociales con una perspectiva que trascienda el corto plazo con el fin de ampliar e igualar las oportunidades para todos los sectores de México de cara al futuro.