Cómo los principales críticos al gobierno por Prosur coinciden con las firmas de la carta en apoyo a Lula

La oposición ha acusado al gobierno de acabar con los “consensos” en materia de política exterior. Quienes han asumido esta postura son los mismos que unilateralmente firmaron una carta en apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva y cuestionaron el Poder Judicial en Brasil. Los mismos que, además, critican al Presidente Jair Bolsonaro; que se niegan a encontrarse con él, pero sí han sostenido reuniones con políticos o delegaciones de países con democracias cuestionadas.

Hay 14 nombres que coinciden entre las personalidades políticas de Chile que en julio de 2018 suscribieron una carta de apoyo a Lula Da Silva pidiendo su libertad y que se le permitiera postular a la Presidencia de Brasil y quienes el 15 de marzo de este año firmaron una declaración pública en la que consideran que Prosur “es una proposición inconsulta, sin trabajo preparatorio, hecha de un día para otro. Es una simple ocurrencia. Sus efectos serán negativos, no solo por la improvisación sino porque representan un ejemplo más de una mala práctica latinoamericana: crear instituciones para luego suprimirlas con el pretexto que no funcionan”.

Dudan también de la envergadura y respaldo internacional que pueda tener esta nueva alianza suramericana, y abogan porque Chile mantenga una política independiente, “según su tradición de política exterior”.

Quienes han plasmado su rúbrica en ambos documentos son Carlos Ominami, ex senador y directivo de Chile 21; Jaime Gazmuri, ex embajador en Brasil (ambos promotores del primer texto en respaldo a Da Silva); José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista; Sergio Bitar, ex ministro y dirigente del Partido por la Democracia; Adriana Delpiano, ex ministra; Jaime Ensignia, director del área internacional de Chile21; Ricardo Herrera, ex embajador de Chile en Cuba y militante de la Democracia Cristiana (DC); Luis Maira, ex ministro y ex embajador en Argentina; Carlos Eduardo Mena, ex embajador en Brasil, militante de DC; Ricardo Núñez, ex embajador en México, militante del Partido Socialista; Carlos Parker, ex embajador en Uruguay; María Inés Ruz, ex embajadora en El Salvador; Juan Pablo Letelier, senador del Partido Socialista y Álvaro Díaz, ex embajador en Brasil.

Los senadores, ex embajadores, y dirigentes políticos de partidos como el PS, el PPD y la DC constituyeron un Foro Permanente de Política Exterior, cuestionan los posibles visos ideológicos que pueda tener Prosur; al mismo tiempo que defienden “los éxitos” de Unasur –instancia a la que Prosur busca sustituir– y hace menos de un año expresaban su “preocupación por la crisis política que atraviesa Brasil” y su solidaridad con Luiz Inácio Lula da Silva.

Precisamente, uno de los principales promotores de Unasur fue Da Silva, para quien la integración era la “gran prioridad de la política exterior brasileña”. Michelle Bachelet, antes de ser nombrada como Alta Comisionada para los DD.HH. de las Naciones Unidas, se unió a la misiva en respaldo al brasileño. Siendo Presidenta de Chile fue la primera en ocupar la Presidencia pro témpore de Unasur entre el 23 de mayo de 2008 y el 10 de agosto de 2009. 46 nombres respaldaron la carta que se hizo pública el 9 de julio de 2018.

Quien también aparece tanto en las críticas a Prosur como en el apoyo a Lula, es la ex ministra y jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, quien además hoy es parte de la fundación de la ex Mandataria, Horizonte Ciudadano.

“Los firmantes de la presente declaración deseamos expresar nuestra preocupación por la crisis política que atraviesa Brasil y nuestra solidaridad con el Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, mantenido actualmente en prisión”, comienza el texto que se dio a conocer en el ex Congreso. Añaden: “Apelamos al Poder Judicial del Brasil para que garantice el pleno respeto a la Constitución, permitiendo la inscripción de Lula como candidato presidencial. Lo exige la democracia brasileña. Lo demandamos también los demócratas chilenos”.

De esta forma, parlamentarios en ejercicio, el ex Presidente del Senado, y la ex Presidenta Michelle Bachelet, “sin consensos” -tal como critican al gobierno de Piñera- realizaron un acto de “política exterior” no solo al apoyar a un ex Mandatario que cumplía cárcel por corrupción sino que, más relevante aún, cuestionaban a un Poder del Estado de otro país.

De acuerdo con un reportaje de La Tercera, al momento en que Bachelet firma la carta en respaldo a Da Silva ya había sido contactada para convertirse en la nueva Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “El primer mensaje se le envío en enero de este año (2018). El ofrecimiento formal, sin embargo, fue en marzo”, escribe el diario. La carta en apoyo al brasileño se hizo en julio de 2018. Se lee en la publicación que el 5 de agosto de 2018, la jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la brasileña María Luiza Ribeiro Viotti, se comunicó con Bachelet para reiterarle la idea.

Da Silva, por su parte, cumple una pena por corrupción y blanqueo de dinero vinculada al caso Lava Jato en Brasil y en febrero de 2019 fue condenado nuevamente a 12 años y 11 meses de cárcel.

Hay incluso más coincidencias entre quienes firmaron la declaración pública sobre Prosur y los firmantes de la Declaración sobre la situación en Venezuela y la política exterior del gobierno de Sebastián Piñera. De sus 16 firmantes totales, 15 coinciden en el texto en rechazo Prosur. En esa misiva cuestionan que “el gobierno de Chile, así como el resto de los que constituyen el llamado ‘Grupo de Lima’ ha sido, sin embargo, extremadamente débil en la defensa de una salida pacífica a la crisis venezolana. En los hechos se ha plegado a la estrategia norteamericana”; acusan que el gobierno de Piñera “rompe con la tradición de autonomía de nuestra política exterior”; y reclaman que se excluye de las decisiones significativas a la Cámara y al Senado, así como a partidos políticos, internacionalistas, ex cancilleres, agrupaciones empresariales y sociales.

El documento cierra diciendo: “La política exterior no puede continuar al servicio de intereses políticos domésticos. Esta no es la respetable tradición de Chile”.

Los nombres que se repiten en los tres documentos son los de Sergio Bitar, Adriana Delpiano, Jaime Gazmuri, José Miguel Insulza, Luis Maira, Carlos Eduardo Mena, Carlos Ominami, Ana Lya Uriarte y Juan Pablo Letelier.

Los encuentros de los críticos a Bolsonaro con representantes de países sin democracia

Uno de los asistentes a la ceremonia de constitución de Prosur es el recientemente electo como Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Sin embargo, sus polémicos dichos durante su campaña presidencial catalogados como “misóginos, homofóbicos y xenofóbicos” han causado que distintos políticos se resten de las actividades protocolares a realizarse por su visita. En particular de un almuerzo que hubo ayer en La Moneda.

Esta es la postura que han asumido, por ejemplo, en la mesa del Senado, integrada por su presidente Jaime Quintana (PPD) y el vicepresidente Alfonso de Urresti (PS). El primero argumentó “convicciones políticas”, mientras que Urresti aseguró que Bolsonaro “es un peligro para la democracia de Brasil y para la región. Es un ultraderechista que puede provocar mucho daño”.

No obstante, cuando Quintana era diputado en la Cámara Baja, el 22 de enero de 2007, junto a Antonio Leal y a Alfonso Vargas viajaron a China donde se reunieron con altas autoridades del Partido Comunista local. Ese año el reporte Freedom of the world, que elabora Freedom House evidenciaba un creciente retroceso contra la democracia impulsado por regímenes autoritarios, en Rusia, Venezuela, China, Irán y Zimbabwe. Según el estudio, ese año hubo 45 países “no libres”, en donde se concentraban el 23% de los habitantes del mundo. “Aproximadamente la mitad de las personas que viven en condiciones No Libres habitan en un país: China”.

China es el principal socio comercial de Chile desde el año 2005, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. En noviembre de 2016, estando Bachelet en el gobierno, el Presidente Xi Jinping, se reunió con la ex Mandataria y el año anterior cruzó el Pacífico el primer ministro Li Keqiang.

Actualmente, otras organizaciones como Amnistía Internacional también cuestionan al gobierno de China por la “promulgación de leyes nuevas que entrañaban graves amenazas para los derechos humanos con el pretexto de la ‘seguridad nacional’” y también por la muerte bajo custodia del premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo. Además del control sobre el Internet y la libertad de expresión.

Por otra parte, la diputada Maite Orsini (RD), escribió en Twitter: “Evidentemente no iré a celebrar el machismo y la xenofobia del invitado del Presidente Piñera” y rechazó el código de vestimenta de la actividad. No obstante, en el pasado Orsini también ha sido cuestionada por sus polémicas reuniones. En particular por la cita que sostuvo el pasado 2 de septiembre en Francia con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán.

Los parlamentarios del Frente Amplio presentaron un proyecto de resolución para que el Presidente Piñera declare a Bolsonaro como persona non grata, y para que suspendieran todas las actividades organizadas en honor al Mandatario brasileño.

La diputada de Comunes, Claudia Mix, aseguró que ningún miembro del Frente Amplio asistiría a los actos en honor a Bolsonaro. “Hemos venido a confirmar nuestra posición respecto a la visita de esta persona que atenta contra todos los derechos e incita al odio; que ha manifestado hace mucho rato su odio contra las mujeres, a las organizaciones Lgbti. Es un error de parte del Presidente sumarse e invitar a este persona a nuestro país. Nos expone a nivel mundial”, dijo Mix. No obstante, la misma Mix ha declarado: “No creo que exista violación a los DD.HH. en Venezuela y Nicaragua”.

Incluso, la legisladora participó como observadora en las elecciones del 20 de mayo de 2018 en Venezuela, catalogadas como “fraudulentas” y por las cuales Nicolás Maduro se reeligió en la Presidencia. Mix también participó en el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo realizado en junio del año pasado, en La Habana Cuba, en el que solidarizaron con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. El texto alegaba que las muertes ocurridas en ese país en el contexto de manifestaciones “han sido consecuencia de enfrentamientos provocados por la derecha fascista”. En la declaración también exigieron la liberación inmediata de Da Silva.

En las elecciones de Brasil de octubre del año pasado, Bolsonaro se impuso a Fernando Haddad (PT), ungido por Da Silva como candidato al no poder optar él mismo a la Presidencia, por estar en la cárcel.

Otros diputados de izquierda que han sostenido reuniones con representantes de países cuestionados son Guido Girardi, senador del PPD, y Carlos Montes, del PS, quienes sostuvieron una audiencia con una delegación vietnamita en julio de 2018. Para Amnistía Internacional, Vietnam es un país en el que se restringe “de manera arbitraria los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, del que huyen los activistas por la represión a la disidencia y en el que ocurren torturas y otros malos tratos.