Congreso de Perú promulga “ley mordaza” y pone en jaque a la prensa privada
La norma aprobada por el Congreso prohíbe la contratación de anuncios estatales en la prensa privada, y exhorta a las entidades públicas a crearse cuentas en redes sociales.
Una amenaza se cierne sobre la libertad de expresión y prensa en en Perú, tras la promulgación oficial de la “Ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano”.
Se trata de una especie de “Ley Mordaza” que ha sido duramente criticada por el gremio periodístico y que ha dejado en evidencia la incomodidad que generan en el Congreso los medios de comunicación privados.
Este lunes 18 de junio, salió publicada la nueva legislación en el diario oficial El Peruano, en la que se prohíbe la contratación de anuncios estatales en la prensa privada.
“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las entidades públicas, incluidas las de derecho privado y las que estén en regímenes especiales, así como las empresas del Estado, los gobiernos locales y los regionales podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en los medios de comunicación del Estado a tarifa de costo”, indica la ley.
La norma exhorta a las entidades públicas a crearse cuentas en redes sociales y publicar sus comunicados por esa vía. Además presenta diversas excepciones en casos de emergencias.
“Se exceptúan de la prohibición, los casos de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia, las campañas de educación electoral por parte de los entes electorales una vez convocadas las elecciones”, señala la normativa.
Y es que la aprobación de dicha ley en el Congreso, se logró tras ser impulsada por el aprista Mauricio Mulder con el apoyo en bloque del partido Fuerza Popular, algunos congresistas del Apra, APP y congresistas no agrupados.
El presidente del Perú, Martín Vizcarra condenó la aprobación de la norma y la calificó como “Ley Mordaza” y aseguró que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El argumento será que esta norma afecta el derecho de la población de estar informada sobre las acciones del Estado.
“Transgredir dichos principios es amordazar al Poder Ejecutivo. El Gobierno requiere utilizar medios de comunicación tanto públicos como privados para cumplir sus funciones. Además, es importante señalar que la normatividad vigente ya regula las prohibiciones y obligaciones para la contratación de publicidad estatal”, dijo Vizcarra.
Asímismo el ministro de Justicia, Salvador Heresi, informó que un equipo técnico está preparando los argumentos que sustentarán la demanda.
La acción de inconstitucionalidad es un proceso consagrado en la Constitución Política del Estado, que se presenta ante el Tribunal Constitucional contra una ley que, por el fondo o la forma, contraviene a la Constitución. Su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria.
El plazo en estos casos oscila entre tres y cuatro meses como máximo, porque el procesamiento de las acciones de inconstitucionalidad se cuenta solo en días hábiles.
